El diputado Rodrigo Blanco urgió a las cámaras del Congreso la sanción inmediata del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta Mafe, en homenaje a la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez.

El legislador liberal detalló que una iniciativa similar ya fue impulsada en el 2023 y logró su aprobación en Diputados en el 2024, pero no contó con el respaldo del Senado. “Espero que cuanto antes tengamos esta ley para que el Estado pueda brindar protección, contención y certeza a las familias sobre esta problemática que les toca vivir”, dijo Blanco a la 1140 AM.

Asimismo, el legislador argumentó: “Este proyecto ya había sido debatido ampliamente en audiencias públicas, fueran audiencias fuertes, emotivas, por las historias y el sufrimiento de cada familia. Hay familias que están con este drama hace 10 o 15 años, incluso más, esperando que el Estado les brinde respuestas”.

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Detalló que, en aquella ocasión, el proyecto fue debatido con autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría Pública. “Es por eso que creemos que ahora ante la presentación que hemos hecho con el acompañamiento de los colegas de las distintas bancadas, que será aprobada de manera rápida”, indicó.

Añadió que las citadas instituciones habían coincidido sobre la necesidad de contar con un marco legal que garantice un sistema de alarma de acción rápida para la búsqueda de personas desaparecidas. “Esto ya es una problemática del día a día, lastimosamente, por eso necesitamos que se establezca un protocolo concreto para que sea de cumplimiento obligatorio, que las familias sepan qué tienen que hacer, que sepan que habrá una ley que les indica el camino a seguir y ante qué instituciones recurrir”, mencionó.

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La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.

La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.

“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.

Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.

Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.

“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.

Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.

Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.

“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.

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El diputado Arturo Urbieta, miembro de la comisión especial de intervención del municipio de Ciudad del Este, afirmó que existen causales suficientes para aprobar la solicitud de indagación a la administración del intendente Miguel Prieto. Agregó que el principal argumento radica en la falta de documentos respaldatorios sobre erogaciones superiores a los G. 42.000 millones.

“Tenemos una decisión tomada y la vamos a defender”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La citada irregularidad señalada por la Contraloría General de la República (CGR) guarda relación con los gastos de capital correspondiente al período 2019-2022. Desde el órgano extrapoder habían indicado que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran.

“Nosotros hemos evaluado de manera tranquila el pedido de la Contraloría que presentó documentos respaldatorios de lo que encontraron mediante los trabajos que realizaron en la Municipalidad de Ciudad del Este. A la vez escuchamos el descargo de Miguel Prieto. Nadie nos da órdenes como mencionan desde la oposición”, puntualizó.

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Ayer lunes, la comisión especial emitió dos dictámenes, a favor y en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo por solicitud de la Contraloría. El titular del bloque, Alejandro Aguilera, había mencionado que el dictamen a favor fue el que tuvo mayoría.

Ya dependerá de la mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, incorporar los dictámenes en el orden del día de las próximas sesiones ordinarias para su estudio en el pleno. Otra de las alternativas para el tratamiento podría ser la convocatoria a una sesión extraordinaria, que deberá ser planteada por un total de 15 diputados.

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Este lunes a las 11:00, la comisión especial de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el diputado Alejandro Aguilera, se reunirá con la finalidad de emitir dictámenes sobre el pedido de investigación de la gestión del intendente Miguel Prieto. “Hay 239 indicios de hechos punibles”, dijo el legislador.

“Existe un festival de hipocresía en la oposición. ¿Tenemos que darle impunidad por el solo hecho de que es un crítico del gobierno?”, expresó Aguilera, en referencia a la persistencia de sus colegas que ejercen una defensa férrea al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, pese a las graves irregularidades en su administración detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).

"Prieto hizo una defensa política antes que una defensa técnica sobe los hechos que se lo acusa, nunca negaba, pero cuando lo hacía, mentía”, sostuvo el diputado, respecto a la audiencia del intendente esteño; en una entrevista, este lunes, con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El pasado 16 de mayo, la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez, anunciaba que el pedido de intervención del municipio de Ciudad del Este, debido a las dificultades para acceder a documentos respaldatorios de gastos públicos. Benítez había alegado que existían graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales, que fueron detectados a través de los exámenes y controles impulsados por el órgano extrapoder.

“La comisión especial de intervención no es la encargada de investigar ni de dictar sentencias sobre si Prieto es inocente o culpable. Nosotros los único que tenemos que ver y evaluar es si hay indicios que ameriten una intervención. Al final de cuentas es la Cámara de Diputados la que decidirá y no el cartismo”, refirió el diputado Aguilera ante el discurso de persecución política que esgrime Prieto y sus correligionarios de la oposición.

El parlamentario siguió sosteniendo que “esto no es una cuestión antojadiza. Esto no se trata de decretar la absolución de uno por ser opositor y la sentencia de otro por ser oficialista”.

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