El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que desde el movimiento Honor Colorado aún no se tomó una posición definida sobre la denuncia realizada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, contra el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis por tráfico de influencias. Consideró como un “show mediático” las protestas encaradas por el legislador opositor contra el jefe comunal.

“Me atrevería a decir que no hay una posición oficial, pero sí se está conversando teniendo en cuenta que hablé con algunos senadores quienes me manifestaron que están analizando el caso en bancada, ya que les compete exclusivamente”, indicó en entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El parlamentario calificó como un “intento de show mediático” las protestas encaradas por el dirigente opositor contra el jefe comunal. Agregó que el trasfondo de sus manifestaciones son de tinte electoral, considerando que Buzarquis tiene pretensiones de pujar por la titularidad del PLRA y no le desagradaría la idea de competir por la Presidencia de la República en los comicios generales del 2028.

“Acá hay demasiada situaciones, una de ellas es el tráfico de influencias fehacientemente comprobado por lo que vimos. Buzarquis mediante un intento de show mediático busca ser el Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico para ser el portaestandarte o candidato de ese sector, pero esto le salió mal porque el intendente tenía los mensajes prácticamente extorsivos”, indicó.

Esto teniendo en cuenta que Alegre, según las denuncias de sus correligionarios utilizó la estructura y los recursos económicos de la agrupación tradicional para imponer sus intereses personales y electoralistas lograron de esa manera instalarse en tres ocasiones como aspirante a mandatario. El legislador apuntaría a aplicar el mismo método.

Rodríguez reveló el pasado martes los mensajes enviados por Buzarquis solicitándole urgentemente ayuda para ubicar en la Municipalidad de Asunción a un allegado suyo a quien “le debe muchos favores”. “Ese pedido de contratación que el senador defendía como pedido de trabajo para un pobre camionero de acuerdo a sus términos, al final resultó ser una persona que cobró más de 13 millones de dólares en diferentes municipios y posiblemente con el mismo modus operandi”, dijo Gamarra.

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El diputado siguió argumentando que “dicen que esto es una persecución del Partido Colorado, del movimiento Honor Colorado, pero no es así. Buzarquis fue a atacar al intendente con fines mediáticos, de hacer su propio show particular, pero al final fue el perjudicado, ya que tenía cuestiones tan grosas bajo la alfombra”.

Por otra parte, cuestionó el posicionamiento adoptado por los medios de comunicación a fines a la oposición por busca minimizar la acusación de Rodríguez contra Buzarquis. Agregó que el caso no se limitaría solo a un tráfico de influencias, sino que existirían otros delitos como la extorsión y el lavado de dinero.

“Lo triste es que por no ser colorado no tenga la magnitud que debiera tener. Yo no veo a los medios que se dedican de inquisidores del Partido Colorado y de nuestro movimiento que tomen este caso de la misma manera en el caso de que fuese un colorado. Ya estarían pidiendo el linchamiento en una plaza pública”, sentenció Gamarra.

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“Es un vergüenza internacional”, afirmó el diputado Hugo Meza al referirse a la muerte de un niño paraguayo de 1 año y 6 meses de edad que se encontraba bajo guarda de la justicia brasileña, luego de que sus padres cayeron demorados el pasado 15 de setiembre por transportar más de 135 kilos de droga en la localidad de Cascavel.

Meza anunció que en su carácter de representante de la Cámara Baja ante el órgano requerirá a sus pares del vecino país informes oficiales sobre las circunstancias en que se produjo la muerte del niño, de nombre Lian, quien se encontraba en tratamiento médico porque sufría de epilepsia.

“Es un caso gravísimo. Por lo menos nosotros como parlamentarios del Mercosur vamos a pedir informes, documentaciones oficiales que puedan tener. Debemos hacer un seguimiento y que esto no quede en la nada. La Cancillería también debería pedir los datos, me comunicaré con ellos y con los representantes de nuestro consulado en el Brasil para ver qué saben sobre el tema”, comentó en una entrevista con medios de prensa.

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Mientras que el director general de Asuntos Consulares de la Cancillería, Carlos Vera, manifestó que ya se establecieron comunicaciones con sus pares brasileños, quienes precisaron que un delegado de la ciudad de Cascavel informó que el cuerpo del niño tuvo que ser sometido a una autopsia con el fin de determinar la causa del deceso.

“El niño murió bajo la custodia de una casa albergue. Los médicos intervinieron y tuvieron que hacer la autopsia. En un mes tendríamos los resultados del informe”, sostuvo a la 1000 AM. Agregó también que el requerimiento oficial surge tras la denuncia realizada por la familia del niño debido a la ablación al que fue expuesto su cuerpo, sin la autorización de los padres.

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En el Partido Encuentro Nacional (PEN) se desató una batalla campal entre sus altas autoridades y dirigentes que motivó la salida de la exsenadora Kattya González y el diputado Raúl Benítez. El conflicto en la nucleación de oposición se centra en la falta de transparencia sobre el uso del dinero otorgado por el Estado para fines electorales.

En una entrevista con la 1020 AM, Benítez indicó que el PEN se encuentra secuestrado y tiene como único “mecanismo conseguir figuras que generen el subsidio electoral. Chocamos contra una pared, lo que a ellos les importa es conseguir una figura que traiga votos”.

El diputado indicó que la ruptura con el Encuentro Nacional es “prácticamente insalvable” y sostuvo que la agrupación carece de ambición política para disputar espacios de poder tanto en el Parlamento, intendencias, concejalías, entre otros cargos electivos.

“La ambición no es generar subsidio electoral, no es meter uno o dos diputados, en el fondo para algo que trascienda a futuro no sirve mucho. Llegamos al Parlamento, pero somos minoría. Debemos hablar de una captura real de poder, con un proyecto político que transcienda a una elección”, expresó.

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Benítez manifestó incluso que durante un encuentro fue invitado por sus excorreligionarios a “retirarse” de la nucleación. “Me dijeron que ya no era bienvenido, me invitaron a salir. El conflicto se agudizó cuando solicitamos transparencia en el uso de los fondos electorales obtenidos en los últimos comicios, pero fuimos ninguneados en repetidas ocasiones”, dijo.

En las generales del 2023, el PEN había logrado una buena disputa electoral en comparación a otras organizaciones opositoras como Patria Querida (PPQ) y el Frente Guasu (FG), ya que cuando ambos sectores debieron resignarse con un solo parlamentario, los encuentristas lograron meter un representante en cada cámara del Congreso Nacional.

Ante esta guerra interna, el PEN finalmente queda con un solo curul, la del médico Ignacio Iramain, quien ingresó al Senado el 15 de febrero tras la expulsión de Kattya González mediante el mecanismo de la pérdida de investidura por el uso indebido de influencias e inducción a un subordinado a cometer hechos punibles.

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El diputado opositor Rubén Rubin presentó la iniciativa que tiene como fin facilitar el proceso de verificación de supervivencia de los beneficiarios del sistema de seguridad social administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS). El documento apunta a que la institución acceda de manera controlada a la plataforma del Registro Civil de las Personas para consultar sobre los certificados de defunción.

La propuesta establece que el proceso podrá ser encarado por el IPS mediante su Dirección de Administración de Jubilaciones y Pensiones. “Esto evitaría que los jubilados y pensionados tengan que presentarse periódicamente en las oficinas del IPS para justificar su supervivencia, algo que resulta oneroso e incómodo, especialmente para aquellos con problemas de movilidad o que viven lejos de las sedes del instituto”, refiere el documento.

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Asimismo, manifiesta que la propuesta pretende “mejorar la eficiencia, la transparencia y la comodidad de los beneficiarios del sistema de seguridad social”. A la vez se determinan responsabilidades para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en cuanto a la implementación de medidas de seguridad para proteger la confidencialidad de los datos.

Las autoridades de la previsional habían fijado vía resolución que los jubilados y pensionados deben acudir cada 3 meses a las oficinas con el fin de comprobar que siguen con vida. No obstante, tras los cuestionamientos la aplicación de la medida quedó suspendida por 90 días. El plazo de suspensión entró en vigencia desde el pasado 1 de setiembre teniendo como principal meta la implementación de una solución tecnológica para dicha validación.

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