La Cámara de Diputados decidió dar un aplazamiento al estudio del veto del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley de desafectación de Marina Cué, en el departamento de Canindeyú. El tema se abordará recién en marzo, a la vuelta del receso parlamentario, en las primeras sesiones.
El veto de la ley sancionada responde principalmente a que el Poder Ejecutivo considera que hay una contraposición ante la vigente Ley de Deforestación Cero. En caso de que el Indert reciba la totalidad de la reserva científica Yberá (ex-Campos Morombí), con el fin de convertirlo en un asentamiento, se estaría generando la comisión de un delito ambiental establecido en la referida ley.
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El diputado Pastor Vera Bejarano, para un mejor estudio de la normativa, solicitó la postergación. También la diputada Del Pilar Medina, quien explicó que está a favor del veto del Poder Ejecutivo, por lo que creyó conveniente un mejor estudio para encontrar una salida razonable para las familias que viven en la zona.
La propuesta declara de interés social el proyecto de ley y desafecta la finca Nº 30, padrón Nº 61, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, que es propiedad del Estado paraguayo, transfiriéndola a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y compensar al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible con el inmueble de Karapaí, declarado como área silvestre protegida bajo dominio público.
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Diputados aprueba declaración de emergencia en departamentos del Chaco
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara situación de emergencia en los tres departamentos de la Región Occidental, es decir, en Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Mediante esta normativa se pretende otorgar G. 15.000 millones en total para estas gobernaciones.
La iniciativa fue presentada por el senador Orlando Penner, y ya cuenta con media sanción por parte del Senado, no obstante, con la modificación introducida por los diputados, la propuesta legislativa vuelve a su cámara de origen para un nuevo estudio y tratamiento por parte del pleno.
Durante la sesión ordinaria, los legisladores abordaron este proyecto que amplía el presupuesto de las mencionadas gobernaciones, con el objeto de combatir los efectos de las intensas lluvias registradas en esta zona del país, y brindar asistencia a los pobladores, productores y a las comunidades indígenas que residen en el Chaco.
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“Se prevé destinar G. 5.000 millones (a cada una)”, al objeto de gasto n.° 831, aportes a entidades y fines sociales. La Comisión de Presupuesto aconseja su aprobación", expresó la diputada Cristina Villalba, presidente de dicha comisión. Cabe mencionar que esta versión fue la aprobada por la Cámara de Senadores.
En tanto, el legislador Francisco Petersen, en nombre de la Comisión de Cuentas y Control, señaló que ellos aconsejan que este dinero no sea otorgado a las gobernaciones sino a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y propuso que el proyecto sea aprobado con esa modificación. “Hacer que la SEN pueda destinar los recursos no atenta contra la descentralización”, expuso la diputada Rocío Abed, quien secundó esta postura.
Estos dos posicionamientos, fueron sometidos a votación y por mayoría, los diputados decidieron aprobar la versión con modificaciones, por lo que la propuesta será remitida nuevamente a la Cámara de Senadores, instancia en la que los parlamentarios podrán ratificarse en su versión o acompañar el cambio introducido por la Cámara Baja.
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Diputado destaca fuerte inversión del Gobierno en becas para jóvenes
El diputado Hugo Meza destacó durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este martes, las becas otorgadas por el Gobierno que llegan a casi 7 mil jóvenes. Refirió que ningún otro Gobierno ha logrado esta cantidad en otros periodos.
“Son casi 7 mil jóvenes paraguayos recibieron su certificado de futuro, su certificado de tener una oportunidad de estudiar. Por primera vez siento que el Gobierno empatizó con los jóvenes que vieron o ven en esta herramienta que gracias al Gobierno del presidente Peña, se llegó a esta verdadera fiesta”, expresó el parlamentario.
Indicó que existe una notable evolución en la gestión desde la Itaipú Binacional en cuanto al monto de inversión y la cantidad de jóvenes que son beneficiados, no solo en una oportunidad de estudiar, sino en una apuesta para el futuro de cada uno de ellos.
“Hay una evolución de las becas que viene dando la Itaipú Binacional, antes veíamos que se entregaban mil becas y estábamos todos contentos, este Gobierno centralizó las becas, y de esa evolución, se pasó de 1.500 a 2.500 y este Gobierno hace que por primera vez 5.000 jóvenes paraguayos en principio tengan la posibilidad de tener la puerta del futuro abierta para cada uno de ellos”, refirió.
Agregó que, aún falta mucho por hacer, pero que el mensaje del presidente de la República, Santiago Peña, es claro en la apuesta a la preparación de los jóvenes paraguayos. “Por supuesto que falta todavía que haya más becas en nuestro país, pero esto es un mensaje demasiado esperanzador, que casi 7.000 jóvenes, que con una inversión de más de 50 millones de dólares”, sentenció.
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Presidente de Diputados rechaza juicio político contra fiscal general del Estado
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó este martes la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. El planteamiento es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Yo siempre tengo una postura histórica a favor de la institucionalidad, acá se presentaron numerosos pedidos de juicio político contra fiscales en periodos pasados, y bajo esta lógica voté en contra, en la búsqueda de estabilidad en la República. El juicio político es una medida de última ratio y tiene como consecuencia directa el quiebre de la paz institucional”, refirió en una entrevista a los medios de comunicación.
El pedido de enjuiciamiento fue presentado por el abogado Óscar Tuma, quien adelantó que no realizará lobby en Diputados para conseguir los votos requeridos para su aprobación.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra Rolón Fernández figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales. Tuma también alega que la Fiscalía realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario.
“La estabilidad política y el fortalecimiento de las instituciones redundan en un mayor y veloz estado de desarrollo. Un proceso de juicio político lleva a una inestabilidad, pero por supuesto, esto será debatido en la bancada de Honor Colorado. Mis expresiones tienen que ver con mi visión personal sobre esta situación”, indicó Latorre.
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Antecedentes
Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.
El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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Dictamen favorable para nueva escala salarial del personal civil de las fuerzas públicas
La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de la Cámara de Diputados analizó en el proyecto de ley “Que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual del personal civil componente de la Fuerza Pública”. La mesa asesora presidida por el legislador colorado Pedro Ortiz concedió dictamen de aprobación.
Al respecto, el diputado Ortiz explicó que la propuesta propone un esquema de remuneración basado en el salario mínimo legal vigente, con incrementos progresivos según los años de servicio, con el objetivo de dignificar la labor del personal civil de la Fuerza Pública y fortalecer su operatividad.
Destacó que se trata de una iniciativa de alto valor social, ya que busca reivindicar los derechos salariales de los funcionarios civiles que prestan servicios tanto en instituciones militares como policiales.
“Este proyecto nació aquí, en la comisión, como respuesta a los múltiples pedidos realizados por nuestros compatriotas que sirven en condiciones muy desfavorables. Estamos convencidos de que es una forma de hacer justicia con un sector tan importante y muchas veces olvidado”, expresó el diputado Ortiz.
El parlamentario agregó que, aproximadamente, 3.000 paraguayos se encuentran en esta situación, con sueldos que incluso están por debajo del salario mínimo legal, lo cual afecta directamente la calidad de vida de sus familias.
Desde el bloque asesor, se comprometen a dialogar con las autoridades correspondientes para impulsar la aprobación final de la normativa, y garantizar así una oportunidad digna para quienes dedicaron su vida al servicio público desde estas funciones civiles dentro de la Fuerza Pública.
Recordemos que el documento legislativo, establece que el salario básico inicial será equivalente a un salario mínimo, con aumentos anuales del 10% hasta alcanzar los 30 años de servicio, momento en el que la remuneración llegaría a cuatro salarios mínimos.