El diputado Raúl Latorre (ANR) se reunió con Óscar Llamosas, ministro de Hacienda, y uno de los temas tratados en la oportunidad fue el avance del proyecto de reforma del sistema de Contrataciones Públicas. Llamosas se comprometió a realizar una presentación la próxima semana, según confirmó el diputado a través de su cuenta en Twitter.
Entre los principales cambios que se plantean en esta reforma se encuentran las modificaciones no solo en la Ley de Contrataciones Públicas, sino también se planean mejoras a nivel operativo e informático. Entre los nuevos principios rectores se encuentran propuestas vinculadas a la sostenibilidad de las compras, integridad y buena fe, así como participación y competencia.
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El proyecto busca además optimizar el vínculo entre la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el Ministerio de Hacienda, por la importancia de este último en todo lo relacionado a la administración de los recursos del Estado, planteando la implementación de mecanismos, tanto administrativos como tecnológicos, para llevar adelante una gestión conjunta óptima.
Tras los hechos de irregularidades surgidos a mediados del año pasado con las compras de insumos médicos y afines en la Ley de Emergencia Sanitaria, se aceleró el proceso de reforma de la actual Ley Nº 2051/2003 “De contrataciones públicas”.
Latorre explicó que además de conversar sobre el proyecto de reforma del sistema de Contrataciones Públicas también dialogaron sobre las estrategias necesarias para aliviar la asfixiante situación económica de los empresarios, comerciantes y trabajadores en general de las zonas fronterizas del país.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
El ministro estuvo en comunicación con el programa Arriba Hoy emitido por Canal GEN/970 y también señaló que la recaudación permitirá tener recursos para gastar en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y transferencias sociales.
Sobre la optimización del gasto público, acotó que acciones como haber fusionado el Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública permitieron eliminar más de 80 cargos gerenciales que se tenían.
“El ahorro que se tiene en el rubro de salarios es de alrededor de 9 millones de dólares. Creemos que vamos en la dirección correcta a través de las fusiones de las entidades”, manifestó.
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Valdovinos remarcó que otra cuestión es la nueva ley de Compras Públicas, que será implementada entre el MEF, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y el Banco Central del Paraguay (BCP).
“Entre todos vamos a ser los encargados de la implementación que hará las compras públicas mucho más rápidas, eficientes, transparentes, y baratas”, agregó.
Expresó que estos son pasos graduales con los que se avanza en la dirección correcta y que permitirán que con los recursos que se dispongan tengamos más bienes.
Acerca de la creación de empleos, dijo que el Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que el sector privado pueda invertir. “De a poco está dando resultados todo lo que se está haciendo para demostrar al Paraguay como ese país que es previsible y tiene un esquema tributario competitivo”, puntualizó.
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Rumor de pérdida de investidura fue operativo de prensa abdista
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, reiteró que desde Honor Colorado no existió en ningún momento la intención de aplicar la pérdida de investidura de la diputada Rocío Vallejo, por el caso de su hija comisionada en la ONU. Aseguró que tal intención no existió en la conducción del movimiento.
“Para ser bien claros y contundentes, la conducción del movimiento Honor Colorado nunca estuvo con esa idea, es un rumor, un rumor infundado, que lastimosamente determinados referentes tuvimos que salir a desmentir”, refirió a los medios de prensa antes del inicio de la sesión del martes.
Agregó que desde el movimiento se mantienen en la postura de la institucionalidad y el fortalecimiento de las instituciones. “Estando yo de viaje hice un posicionamiento claro con respecto a esa situación, no estamos detrás de esa pérdida de investidura. Nosotros estamos en el fortalecimiento de la institucionalidad, de las instituciones democráticas de nuestra República. Nunca fue intención”, reiteró.
Detalló además que él mismo se comunicó con la diputada cuando se encontraba en Hungría para expresarle que no existió la intención de despojarla de su banca en la Cámara Baja. “Le transmití eso yo a la diputada, también le envié nuestro posicionamiento”, señaló.
Por su parte, el diputado Hugo Meza también habló sobre el tema y sostuvo que solo se trató de un rumor instalado por los medios de comunicación. “Yo creo que eso fue un operativo de prensa, creo que fue mucha imaginación de un sector”, apuntó.
Contó que también se comunicó con su colega para expresarle que no existió tal intención. “Creo que nunca estuvo en la agenda eso de echarla a ella de la Cámara y no nos íbamos a prestar. Yo le escribí, le llamé a la compañera Rocío, le dije que personalmente no iba a acompañar”, sentenció.