El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián García presentó este jueves el anteproyecto de ley “de Protección de Datos Personales”, que pretende establecer un conjunto de normas para proteger a los ciudadanos, no sólo en el aspecto crediticio, sino en varias aristas de la vida digital.
El legislador argumentó que actualmente los datos personales están muy desprotegidos, por lo que se planteó la elaboración de este proyecto, que plantea sanciones económicas con el mal uso de estos datos.
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“Es un proyecto que impacta muchas áreas. Nuestros datos personales hoy están desprotegidos, este proyecto contempla sanciones al mal uso, sanciones monetarias por venta de datos, protección a la niñez, acceso a la educación digital, entre otros temas”, explicó el diputado García.
El peoyecto fue realizado con la participación de actores de la sociedad civil, como representantes de la Coalición de Datos Personales, y se pidió el parecer de varias carteras estatales al respecto, de manera a elaborar un texto completo y consensuado con varios sectores.
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Además, García mencionó que varias empresas extranjeras, interesadas en nuestro país, consultan sobre las políticas de protección de datos vigentes, por lo que, de convertirse en Ley, también beneficiaría a la radicación de firmas en Paraguay.
“Cada click que damos en una plataforma digital son datos que ofrecemos para ser transmitidos y deben ser debidamente resguardados, el proyecto contempla esa protección,sanción de mala prácticas, protección a la niñez, al acceso educación digital que la hace moderna y abarcativa”, explicó.
La presentación del proyecto se desarrolló de forma mixta (presencial y virtual) y contó con la participación de representantes de varias instituciones públicas involucradas en el tema.
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Emergencia para el Chaco será tratada como prioridad en Diputados
El proyecto de ley que declara el estado de emergencia en el Chaco paraguayo será analizado como prioridad en la Cámara de Diputados, así lo afirmó el diputado Rodrigo Gamarra. La iniciativa legislativa incluye a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, afectados por las lluvias.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, no terminó de ser analizado por el pleno la semana pasada por falta de quórum, por lo que el propio presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados celeridad en su tratamiento.
“Efectivamente, el proyecto de emergencia para el Chaco es una prioridad para todos, y esta semana estuvimos en contacto directo con el presidente de la República”, sostuvo el diputado Gamarra en contacto con La Nación/Nación Media.
Explicó además que, a este proyecto serán introducidas algunas modificaciones para una mejor utilización y distribución de los recursos que serán asignados, teniendo en cuenta que el proyecto inicial amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.
“Tal como él mismo indicó, se acordó introducir modificaciones a la versión del Senado para que los recursos vayan directamente a la Secretaría de Emergencia Nacional, que es el órgano más capacitado para dar respuestas rápidas y eficaces en el territorio”, indicó.
Finalmente, afirmó que existe voluntad política y el objetivo es sancionar el proyecto en la brevedad posible. “Esa modificación está en proceso y, una vez concluida, buscaremos que el proyecto sea tratado con celeridad en el pleno. Hay voluntad política clara de avanzar, y esperamos poder sancionarlo lo antes posible”, sentenció.
Datos clave
- El proyecto que declara en situación de emergencia en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay ya cuenta con media sanción del Senado.
- El presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados acelerar el tratamiento del proyecto.
- El diputado Rodrigo Gamarra adelantó que trabajarán en la inclusión de modificaciones al documento.
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Diputado: préstamo de USD 101 millones para compra de Súper Tucanos tiende a ser aprobado
El proyecto de ley de contrato de préstamo de hasta USD 101.606.009,02 para la compra, por la vía de la excepción, de seis aviones Súper Tucano, que serán utilizados por las Fuerzas Aéreas para el control del espacio aéreo paraguayo, principalmente en la lucha contra el crimen organizado y el combate contra el narcotráfico, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y debe ser tratado en la Cámara Baja para seguir con el trámite legislativo.
Al respecto, el diputado Hugo Meza indicó que es un proyecto muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una inversión postergada por mucho tiempo para dar las herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas, en el marco de la protección y el control para el país.
“Hay que entender que nuestro país hace un buen tiempo no viene invirtiendo o no invierte, una nula inversión en lo que es tecnología y equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas, y muchas veces nos quejamos cuando decimos que tenemos una frontera vulnerable, o ni siquiera tenemos radares, ni aviones, ni nada”, dijo en conversación para La Nación/Nación Media.
Bajo esta argumentación, el legislador sostuvo que existe “conciencia” en sus colegas para la aprobación de este contrato de préstamo. “Es demasiado importante para combatir muchos males, el crimen organizado, el narcotráfico, la defensa misma de nuestro país, entonces yo siento que hay una conciencia de poder acompañar este proyecto del Poder Ejecutivo en esta compra”, expresó.
Desde la Secretaría de la Cámara de Diputados, confirmaron para La Nación que el proyecto ya fue remitido el martes de esta semana por la Cámara de Senadores. Con el ingreso a Diputados se deberá girar a las comisiones asesoras para el estudio y elaborar un dictamen, para que finalmente pueda ser tratado por el pleno.
En este sentido, el diputado Meza, indicó también que probablemente el propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, estaría realizando el lobby correspondiente para tener el apoyo de los legisladores para la sanción de este proyecto.
“Seguramente a la vuelta de Semana Santa estaría haciendo lobby en la Cámara de Diputados para que las comisiones puedan dictaminar e inmediatamente llevar al pleno para poder decidir, en nuestro caso seguramente acompañar y darle la aprobación en la Cámara de Diputados, que pase al Poder Ejecutivo y sin más trámite poder avanzar sobre esa compra tan importante, y necesaria para la Fuerza Aérea de nuestro país”, sentenció el diputado.
El contrato de préstamo
Se trata del proyecto “que aprueba el contrato de préstamo N° 24.2.0312.1 por un monto de hasta ciento un millones seiscientos seis mil nueve dólares con dos centavos (USD 101.606.009,02) suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de la República Federativa de Brasil”
Este contrato se firmó el 19 de noviembre de 2024 para el financiamiento del Proyecto ‘Adquisición de medios aéreos (aviones) con capacidad tecnológica “para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo’, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 7228 del 29/12/2023″, indica el documento.
De acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, los aviones Súper Tucano deben llegar al país en junio de este año. Mientras tanto, se aguarda la sanción del Congreso y la promulgación del Poder Ejecutivo para concretar esta compra.
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Plantean apoyo económico a mujeres sobrevivientes de violencia feminicida
El diputado Saúl González presentó el proyecto de ley que establece la creación del Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos. La propuesta será remitida a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.
La iniciativa estipula una pensión mensual equivalente al 70 % del salario mínimo legal vigente, financiado por el Estado, con una duración de 10 años. En casos en que hayan quedado con un grado de discapacidad del 33 % o más, el beneficio se extendería de por vida.
En la exposición de motivos, el legislador colorado refiere que el proyecto surge como respuesta a las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren estas mujeres, “las que muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidades permanentes, y enfrentando barreras significativas para su reinserción laboral y social”.
A diferencia de la normativa 7349/2024, Que establece pensiones para hijas, hijos y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio”, la iniciativa apunta, directamente, a las víctimas sobrevivientes. “Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan, profundamente, su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, refirió González.
Se establece además que el Ministerio de la Mujer será la institución responsable de administrar el programa de apoyo económico, así como de evaluar las solicitudes y verificar los certificados médicos presentados por las víctimas.
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Mientras que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad certificará los casos con discapacidad, y el Ministerio de la Defensa Pública actuará en los casos en que las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.
“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, comentó González.
En su planteamiento, el legislador expone un estudio publicado en la Revista Jurídica del Poder Judicial, que revela que solo el 24 % de las denuncias de violencia contra la mujer al amparo de la Ley n.° 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, culmina en una condena, lo cual refleja, según entiende el diputado, la fragilidad del sistema de protección actual.
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“Marc Ostfield puso en peligro la democracia paraguaya”, repudia diputado
El diputado Alejandro Aguilera se refirió a la alianza entre el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador de Estados Unidos Marc Ostfield para atacar políticamente al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, con la finalidad de impulsar una agenda de alternancia basada en mentiras y arbitrariedades.
“Desde todo punto de vista, es repudiable la siniestra intromisión que ejerció Ostfield en la política interna del Paraguay, poniendo en peligro la democracia en nuestro país cuando quiso alterar el proceso eleccionario paraguayo, querer descabezar al principal líder del Partido Colorado, Cartes, y descabezar al candidato oficialista a la presidencia de ese entonces, Hugo Velázquez”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las afirmaciones de Aguilera surgen tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. El informe confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía de Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.
En el informe elaborado por Ostfield, se puede observar como ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas Aldia S.A. y Createc S.A lograron con el negocio del asfalto, en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.
“Tanto en el caso de Cartes y Velázquez no hay un solo elemento de prueba de lo que se les acusa. Y puedo afirmar también que los cipayos que apoyaron esa intervención extranjera afectando los intereses nacionales, la historia los juzgará”, arremetió Aguilera.
La gran farsa asfixió los ingresos fiscales
La gran farsa de Ostfield y Abdo Benítez no solo golpeó a Cartes, sino que también asfixió los ingresos fiscales. Las sanciones económicas impuestas al expresidente de la República terminaron extendiéndose a Tabacalera del Este S.A. (Tabesa). De esta forma, la empresa, de ser la mayor aportante al fisco del sector privado con USD 40 millones en el año 2022, tras las sanciones de la OFAC, redujo su participación a USD 7 millones en el año 2024.