Desde el Poder Ejecutivo existe una indecisión respecto al proyecto de ley que establece la regularización de las tenencias de las tierras de Marina Cué, actualmente reserva Yberá, a favor de los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty, debido a que se manejan aún varias opciones ante las críticas por parte de algunos legisladores, organizaciones, así como de exministros del ambiente, quienes alegan que se violará con su promulgación la reciente ley de deforestación cero.
“Estamos trabajando para tratar de construir un proyecto acorde a todos, escuchamos las críticas del sector productivo y creo que podemos llegar a un veto parcial o también a una promulgación con acuerdos, se está dialogando, vamos a ver, no quiero adelantar”, sostuvo el mandatario tras la presentación y verificación de un total de 53 vehículos para el Censo Agropecuario Nacional en el Palacio de Gobierno.
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Postura ante la propuesta sancionada
Desde WWF Paraguay, a través de un comunicado, afirmaron que la regularización de las tenencias de dichas tierras a favor de los campesinos violará la reciente ley promulgada conocida como deforestación cero, atentando contra el hábitat de diversas especies de animales y plantas únicas en el mundo.
“Recientemente, el Poder Legislativo aprobó el proyecto de ley que transfiere al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra la totalidad de la reserva Yberá, con el fin de que este instituto la transforme en un asentamiento humano. Esto violaría flagrantemente la recién promulgada Ley Nº 6.256, conocida como deforestación cero, que estará vigente por los próximos 10 años y prohíbe dichos asentamientos en zonas de bosque nativo”, sostiene la nota publicada por la organización.
Mientras que el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, cuestionó la postura del Gobierno sobre la inminente promulgación, manifestando que de concretarse este proceso se estarán legitimando las ocupaciones ilegales de tierras, y en este caso concreto la desafectación de un área silvestre protegida, razón por la cual el proyecto debe ser vetado.
Por su parte, el exministro del Medio Ambiente, Rolando de Barros Barreto, argumentó que la situación puede llegar a “fijar un antecedente nefasto para la conservación y protección de recursos naturales”. Aseveró que la Cámara de Senadores de manera “meteórica” está violando así todas las leyes en materia medioambiental.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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Caso filtración Seprelad: Fiscalía cita a exministros de Abdo para indagatoria
Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, fueron citados por el Ministerio Público para someterse a una indagatoria en el marco de la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas. Los mismos se encuentran imputados por siete posibles hechos punibles.
La convocatoria está fijada para los días 4, 8 y 10 de julio a las 8:00 y deberán comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. Mientras que los demás imputados Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira son citaos para los días 12, 16, 18 y 22 de julio.
En la causa también se encuentran imputados Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Las imputaciones derivan de la denuncia presentada por el también expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el pasado 31 de julio del año 2023.
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte de su período de gobierno, Abdo Benítez (2021 al 2022), se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el jefe de Estado Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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Raúl Latorre dijo que búsqueda de consenso será el norte en este 2° periodo en Diputados
Con una agenda de trabajo basada en el diálogo y la construcción de consensos, en la fecha inició su segundo mandato como presidente de la Cámara de Diputados el legislador colorado Raúl Latorre, cargo al que accedió con 72 votos de 80 diputados, lo que representa el 90 % de apoyo y respaldo a su nominación en marzo de este año cuando fue reelecto para continuar con este nuevo periodo anual que inicia en la fecha.
Al respecto, el diputado Latorre señaló ante varios medios de prensa, su gratitud a la ciudadanía en primer lugar que lo eligió para ser legislador, pero también a sus colegas que le han honrado con la confianza para continuar al frente del cuerpo legislativo.
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El parlamentario aseguró que el norte que marcará su ruta seguirá siendo la constante búsqueda de consenso entre todos los partidos políticos. “En el marco de la gestión parlamentaria, vamos a mantener la transparencia administrativa, que fue certificado por el Viceministerio de Capital Humano y Organización Administrativa, con el cumplimiento al 100 % de la ley de Transparencia por parte de la Cámara de Diputados”, expresó.
Remarcó, que también en cuanto a la gestión de los procesos administrativos, la Contraloría General de la República certificó a la Cámara Baja en el primer lugar en el cumplimiento de la Normas de Requisitos Mínimos NRM MECIP. “Este va ser nuestro norte en la Cámara de Diputados”, enfatizó.
Confianza de los jóvenes
El diputado Latorre destacó además la gran confianza de los jóvenes que han decido postularse al concurso público para 50 cargos vacantes en la Cámara de Diputados, atendiendo que 1.968 jóvenes postulantes menores de 35 años se han registrado.
“Además de una gran expectativa, yo creo que un grupo importante de jóvenes ha decidido confiar en este proceso que ha planteado la Cámara de Diputados, que es un proceso de transformación, y un poco menos de dos mil jóvenes se están postulando, para un cupo de cargos muy específico, ya que está dirigido a jóvenes profesionales menores de 35 años”, enfatizó.
Agradeciendo la confianza que han mostrado los jóvenes, indicó que ahora inicia la etapa de evaluación de las carpetas, velando que se cumplan con los requisitos que fueron planteados para cada uno de los perfiles. Luego se llamará a una reunión informativa, y finalmente habrá un examen de evaluación. Recordó que se eliminaron las entrevistas personales y que será la Universidad Nacional de Asunción la encargada de elaborar y tomar los exámenes y se encargarán del sistema de corrección muy similar al examen de ingreso.
Felicitación a Basilio Núñez
Finalmente, el diputado Latorre expresó sus felicitaciones al nuevo titular del Poder Legislativo y por ende presidente de la Cámara de Senadores, el legislador Basilio Núñez. Resaltó que el senador Núñez surge de la lucha partidaria.
“Viene de una militancia de más de una década, con el movimiento Honor Colorado, y la sensación que tenemos sus compañeros, es de alegría y merecimiento. Él es un colega médico y un político muy hábil y estoy seguro que tendrá una gran gestión en el Senado”, resaltó.
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El PDP fue cómplice de las atrocidades cometidas por Mario Abdo Benítez
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas. De lo contrario, el Partido Democrático Progresista (PDP), propiedad del matrimonio conformado por la exsenadora Desirée Masi (2018-2023) y el actual senador Rafael Filizzola (2023-2028), sería inimputable ante cualquier hecho que agravia la integridad, la rectitud y la ética pública. Incurrir en sus antónimos como deformaciones del comportamiento humano no puede quedar socialmente impune por la intrascendencia de una organización, tanto numéricamente como para formar opinión ciudadana. Parecería que es un contrasentido, por tanto, ocuparnos de su escuálida existencia institucional.
Pero, por lo dicho en las primeras líneas, no es así. No puede escurrirse tan fácilmente del grado de participación que tuvo con el gobierno de Mario Abdo Benítez, signado por la corrupción más alevosa y la improvisación más grosera en cargos que demandan competencia, autonomía moral y responsabilidad por los resultados. Durante esos cinco años que duró la administración del hijo de quien fuera secretario privado de la dictadura más sangrienta que padeció nuestro país, la del general Alfredo Stroessner, los dos nombrados más arriba mantuvieron un conveniente y pusilánime silencio. Pero hoy reaparecieron como los más furibundos denostadores en contra de la administración de Santiago Peña. Todo cuanto digan carece de credibilidad. Han perdido los escasos créditos que tenían ante la ciudadanía. Fueron parte del engranaje de la corrupción montado durante el periodo de Abdo Benítez, en que hubo saqueos en varios ministerios y en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Se convirtió al Estado en el trapo de repasar de sus cocinas.
Con razón solemos decir que la doctora Desirée Masi fue la verdadera dama consorte del poder. Nuestra calificación se ajusta estrictamente a ese ámbito, para evitar interpretaciones erradas. Antes que gobernar con la asociación política que le llevó al poder, la Asociación Nacional Republicana (ANR), Marito prefirió un espurio concubinato con el Partido Democrático Progresista. Decimos espurio porque personas ligadas al PDP ocuparon lugares estratégicos en el gobierno de Abdo Benítez y, desde adentro, cual caballo de Troya, buscaban minar cualquier chance electoral que tuviera a futuro el Partido Colorado.
Y aun así seguían en sus puestos, lo que evidencia la traición contumaz del exmandatario. La antigua luchadora –en su época de universitaria– contra la dictadura decidió aliarse con uno de los herederos natos de esa época de crueldad y de terror. Se podría alegar que él (Marito) no tuvo responsabilidad a razón de su edad, pero no podemos hacerlo porque en cada acto oficial reivindicó la figura y las “obras” de su “único líder”, el déspota que aplastó la libertad y la dignidad de los paraguayos y paraguayas que tenían una actitud contestataria a su régimen. Torturas, exilios, asesinatos y desapariciones forzosas fue el saldo trágico de aquella nefasta época. Pero a la entonces senadora no le importó ese pasado de infortunio, sino su bienestar del presente.
Desirée Masi logró ubicar a Arnaldo Giuzzio en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, luego, pasó a ocupar el cargo de ministro del Interior, hasta que fue destituido en febrero de 2022 a raíz de su demostrada relación con uno de los pesos pesados del crimen organizado internacional: el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Carlos Adolfo Arregui fue nombrado, en el 2018, asesor del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en las áreas de Transparencia e Integridad. Posteriormente saltó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y, finalmente, pasó a integrar el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 7 de setiembre de 2022. Ese mismo día, René Fernández ocupó dicho cargo, dejando vacante el de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Estos tres personajes formaron parte de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, a raíz de las denuncias de corrupción de nuestro diario y de algunos parlamentarios de la oposición, pero llegaron a la conclusión de que no “hubo daño patrimonial”.
Y como corolario “feliz” de este deshonroso amancebamiento político, Rafael Filizzola fue contratado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en enero de 2020, como asesor jurídico externo para el Programa de la Transformación del Sistema Educativo, cuando que, como apuntó acertadamente un diario colega, el MEC tenía 1.500 abogados en la institución, por lo que uno o dos, al menos, podrían haber realizado dicho trabajo. Pero no. Había que premiar a los aliados leales, como el PDP y sus dueños exclusivos. Lo más simpático es que la exsenadora ahora cuestiona hasta la frecuencia de respiración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), llegando a la conclusión de que la política de ahora es “vean por su cuenta” y “sálvense quienes puedan”.
Y, de paso, siguió demostrando amor y cariño hacia el gobierno más corrupto de la transición democrática, pues, en aquella época, según ella, se “emitían alertas, hacían conferencias de prensa, se reforzaron los servicios, insumos básicos…”. ¡Pero hay que ser caradura! Se tragaron 1.600 millones de dólares, hicieron negociados con los alimentos que eran proveídos por Yacyretá a los centros de aislamiento, no había insumos, ni camas para terapia, ni oxígeno. Hubo, en cambio, 20.000 muertos por la angurria y la miserabilidad de unos cuantos. Pero todos tienen derecho a reivindicarse. Tal vez su marido, desde la Cámara de Senadores, pueda ahora exigir una profunda investigación sobre cuánto se ha robado entonces a nombre de la pandemia provocada por el covid. O, incluso, puede hacerlo la misma exparlamentaria, utilizando sus redes sociales, donde sigue demostrando su activa fidelidad a Mario Abdo Benítez. Pero nadie escapa al largo brazo de la justicia.