La jueza María Fernanda García de Zúñiga habló sobre el juicio y la condena que dieron en la causa conocida como los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La magistrada mencionó que la resolución del tribunal se dio ceñida a las pruebas presentadas por la Fiscalía, y que a pesar de la presión mediática del caso se dio una decisión correcta.
“No fue un juicio fácil. Fue un juicio bastante tedioso, largo, duró aproximadamente 2 meses y sabíamos de la repercusión mediática que tenía. Sabíamos del clamor de la gente, pero nosotros nos teníamos que ceñir a lo que teníamos como prueba y los hechos probados en juicio”, manifestó en entrevista a la 780 AM.
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Asimismo, la magistrada explicó que se dieron las condenas que correspondían, atendiendo que la Fiscalía no logró demostrar los agravantes para elevar estas condenas que les fueran otorgadas a los acusados Óscar González Daher, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto, absuelto en el caso.
“El tipo penal prevé una pena de 6 meses a tres años y tiene un agravante de 5 años. Durante el devenir del juicio podríamos haber aplicado la pena de 5 años. No pudimos aplicar el inciso segundo que prevé una pena de 5 años, porque ella (la fiscal Teresa Rojas) nos remarcó que ya había sido recusada y no pudo tomar ninguna decisión”, sostuvo García.
Por otra parte, indicó entender las críticas que se dieron por parte de la ciudadanía sobre el caso, atendiendo que se trata de uno de los casos más mediáticos y que generó mucha expectativa; sin embargo, sostuvo estar tranquila con la decisión tomada, la que fue aplicada jurídicamente correcta, según refirió.
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Cones aguarda que el JEM destituya a jueza que habilitó carrera irregular de medicina
“Esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su tarea, estamos solicitando su destitución”, indicó el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, al referirse sobre la denuncia presentada conjuntamente con la Procuraduría ante dicha institución contra una jueza de Itakyry que otorgó una medida cautelar irregular para la apertura de la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este.
“Ayer (martes) presentamos la denuncia contra la jueza buscando dar un mensaje a las universidades de que desde el Cones, en conjunto con la Procuraduría, vamos a tomar las medidas para indicar que el camino de habilitación de las carreras debe ser vía el Cones, que es la instancia que analiza todas las dimensiones técnicas, académicas, de infraestructuras, entre otros. No puede ser a través de una jueza, vía Poder Judicial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida cautelar fue emitida por la jueza Eresmilda Román Paiva, a favor de la Universidad Autónoma San Sebastián, pese a no tener la habilitación del Cones como ente rector. “Vamos a dar un mensaje a todos los jueces para que no se presten a este tipo de solicitudes por parte de las universidades, que no haya esa ligereza de acompañar estos pedidos”, indicó.
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Asimismo, afirmó que la jueza posee varios causales de mal desempeño en sus funciones. “En este caso ella generó la medida cautelar y luego se declaró incompetente, tiene demasiado causales de faltas la jueza a la par de que está medida cautelar está totalmente injustificada. En nuestra administración vamos a tomar todos los recaudos para que esto no se pueda concretar (habilitación irregular de carreras vía medida cautelar). Este no es el camino y tomaremos las acciones”, comentó.
Mora lamentó que esta situación sea una práctica constante por parte de los jueces, detallando que existen aproximadamente entre 17 a 20 medidas cautelares irregulares que se encuentran en funcionamiento en su mayoría a favor de las llamadas universidades de garaje.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.
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Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión
La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años -que fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022-, a una multa de 8 millones de dólares y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.
La pena es un poco superior al mínimo estipulado -40 años por los tres cargos- pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. “El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.
“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo por su parte el fiscal Jacob Gutwilling. “Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, dijo por su parte el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.
Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor Renato Stabile anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin último de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como había reclamado infructuosamente hasta ahora.
“Mal sabor de boca”
Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”, ya que considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.
En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener a cambio beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”. “Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.
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“400 toneladas de cocaína”
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.
Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó Gutwilling. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.
También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.
Fuente: AFP.
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Caaguazú: condenaron a un hombre por explotación clandestina de juegos de azar
Un tribunal colegiado del departamento de Caaguazú condenó esta semana a un hombre por la explotación de juegos de azar en forma clandestina. Se trata de la primera condena por este delito y la sentencia definitiva indica que debe cumplir pena privativa de libertad por un periodo de un año y medio.
La denuncia fue realizada en el año 2018 y fue cotejada por un funcionario de la Conajzar, quien comprobó que el acusado Diego Amarilla Lugo realizaba la explotación comercial de juegos de azar en la modalidad rifas sin la aprobación de la municipal respectiva. En este caso, el hombre vendía rifas en la capital del citado departamento violando la Ley 16/97.
“En este caso estamos hablando de que este hombre vendía rifas comerciales para generar ganancias. Diego Amarilla tenía más de 30 personas que eran corredores que vendían las rifas, la novedad es que no tenía permiso del lugar donde estaba desarrollando esta actividad”, explicó Carlos Liseras, titular de la Conajzar, en entrevista con “Show de Noticias” de canal GEN/Nación Media.
Confirmó que estas personas salían a las calles y vendían rifas denominadas “Pukavy”, que supuestamente era sorteada al finalizar el día, pero nunca se tuvo la certeza si realmente había ganadores. “No sabemos si entregaba o no los premios respectivos y no sabemos cuándo inició esta actividad. Lo que sabemos es que tenía una estructura bien formada para engañar a los apostadores”, señaló.
Liseras apuntó que desde la institución tomaron conocimiento sobre el caso luego de que recibieron denuncias sobre la actividad que realizaba el hombre. “Cuando las rifas se realizan en el ejido de un municipio la autoridad competente para expedir la autorización son las comunales. Si es de tirada nacional necesariamente necesita permiso de la Conajzar”, aclaró.
Habló de la Ley 4716/2012 que establece una pena privativa de hasta cinco años de cárcel para las personas que se dedican a explotar clandestinamente los juegos de azar. “La actividad clandestina es aquella realizada por inescrupulosos que no tienen el permiso de la autoridad competente. Se tienen juegos clandestinos en todo el país como las tragamonedas que afecta a todo el país”, sentenció.
Afirmó que en el caso de las tragamonedas que se instalan de forma ilegal en negocios afectan seriamente la salud de los niños y adolescentes que tienen acceso a las mismas. “Ya solicitamos a los intendentes en forma imperiosa y urgente que realicen las incautaciones, porque son un daño tremendo a los menores de edad y los convierte en jugadores compulsivos”, puntualizó.
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