El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se vio obligado a huir rápidamente de la ciudad de Ñemby, ante los escraches realizados por un grupo de ciudadanos contra el jefe comunal, el liberal Lucas Lanzoni, denunciado por lesión de confianza, asociación criminal y enriquecimiento ilícito durante su gestión.
En la fecha se tenía prevista la inauguración de una Unidad de Salud Familiar (USF), que fue construida y equipada en uno de los predios del municipio mediante los recursos de Itaipú Binacional. En la ocasión, el intendente, hijo del senador Blas Lanzoni, fue calificado de “rata, ladrón de mierda, desgraciado, infeliz, sinvergüenza, malparido, desgraciado y caradura” por los ciudadanos de Ñemby.
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Sostuvieron también que el intendente no tuvo vergüenza para supuestamente saquear el dinero público. Durante la actividad hubo un enfrentamiento entre escrachadores y los simpatizantes de Lanzoni, quienes fueron tildados de chupamedias.
El mandatario ya había llegado a la ciudad, pero decidió retroceder nuevamente tras ser avisado del enfrentamiento por sus guardias. En la ocasión, el viceministro de Salud, Julio Rolón, intentó apaciguar el problema, pero no logró calmar las aguas.
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Remiten a Fiscalía informe sobre uso de bonos en la administración de Nenecho Rodríguez
La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el informe de auditoría sobre la utilización de G. 500.000 millones de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían ser destinados para el financiamiento de obras. El documento hace mención al desvío de los recursos económicos.
Entre las irregularidades señaladas por el órgano extrapoder figura el destino del dinero a una “cuenta única del Tesoro Municipal”, de donde se hicieron los desembolsos. Argumentan que la normativa legislativa que regula la citada modalidad establece que esa vía no puede ser aplicada por un gobierno municipal.
“La normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única (ley 5097/13) claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal, en primer lugar, porque en el caso de las municipalidades esa ley está en conflicto con la Ley orgánica municipal que prohíbe ejecutar dineros provenientes de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”, sostiene el documento.
El informe indica que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así para financiar un déficit de la caja. Señala que bajo la gestión del intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez se realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000 con los fondos de la modalidad de la cuenta única municipal, sin adjuntar documentos de respaldo y sin detallar el origen de los recursos utilizados.
Menciona además que se utilizó un total de G. 287.000.000.000 para costear el mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicios de transporte y disposición final de residuos.
El informe manifiesta a la vez que se cubrió el costo de las inversiones públicas en adquisiciones de maquinarias y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura, por aproximadamente G 50.000 millones, como también el pago de capital e intereses de bonos por la suma de aproximadamente G. 155.000.000.000.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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Caso filtración Seprelad: Fiscalía cita a exministros de Abdo para indagatoria
Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, fueron citados por el Ministerio Público para someterse a una indagatoria en el marco de la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas. Los mismos se encuentran imputados por siete posibles hechos punibles.
La convocatoria está fijada para los días 4, 8 y 10 de julio a las 8:00 y deberán comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. Mientras que los demás imputados Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira son citaos para los días 12, 16, 18 y 22 de julio.
En la causa también se encuentran imputados Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Las imputaciones derivan de la denuncia presentada por el también expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el pasado 31 de julio del año 2023.
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte de su período de gobierno, Abdo Benítez (2021 al 2022), se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el jefe de Estado Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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Estados Unidos alienta a Paraguay a combatir la corrupción e impunidad
El subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, quien está presente en nuestro país en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se reunió con el presidente Santiago Peña, con quien abordaron la importancia de combatir la impunidad en todas las escalas.
“Hablé sobre el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Paraguay en su lucha contra la corrupción e impunidad. Estas prácticas generan desconfianza y desalientan la inversión extranjera, afectando directamente al desarrollo y la estabilidad del país. El presidente Peña destacó algunas de las iniciativas de su gobierno en la lucha contra la corrupción, las cuales vemos con buenos ojos. Al mismo tiempo alentamos a Paraguay a ampliar sus esfuerzos para que los delitos no queden impunes”, sostuvo.
En conferencia de prensa, Verma manifestó que nuestro país es un aliado, amigo y socio estratégico de Estados Unidos y por esta razón el tema del combate a la corrupción es un aspecto central dado que las sanciones deben ser aplicadas tanto a los funcionarios de bajo nivel como así también a las élites políticas y económicas, sin distinción alguna.
“Se socava la confianza de los ciudadanos en la democracia, además los inversores extranjeros prestan mucha atención al estado de derecho a la hora de decidir dónde invertir su dinero. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en un estado de derecho, también son fundamentales para garantizar la adhesión a los principios de la carta democrática interamericana”, expresó.
El alto funcionario extendió el deseo de Estados Unidos de seguir colaborando con Paraguay en su lucha contra la impunidad como una forma de fortalecer más su amistad. Asimismo, durante la reunión, se ratificó en la condena a las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia en contra del gobierno.
“También deseo expresar mi agradecimiento al presidente Peña y su administración por su asociación y colaboración en el avance de los cuatro pilares de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo en el hemisferio occidental. El presidente y el pueblo paraguayo han sido excelentes anfitriones de esta Asamblea General”, concluyó Verma.