Protección animal: proponen aumentar penas de 2 a 8 años
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En los últimos meses han aumentado las denuncias por maltrato animal, ya que la baja condena impuesta no representa problema para los maltratadores. Por ello, este martes, se presentó el proyecto de modificación de la Ley 4840/13 de Protección y Bienestar Animal ante el Congreso.
Ante la insistencia de varias organizaciones que protegen a los animales y que mantuvieron una reunión con los diputados Carlos Portillo y Rocío Vallejo, ellos acompañaron el proyecto de modificación de ley para imponer castigos más severos al maltrato animal.
Según explicaron con este documento buscan que se aumenten las penas de la normativa existente sobre maltrato y crueldad animal, además de la construcción de un Hospital Veterinario Público.
Ante este pedido especial, la diputada Vallejo se comprometió a solicitar que el proyecto de modificación, que contempla el aumento de penas, sea remitido a la Comisión Nacional de Reforma Penal y Penitenciaria para el correspondiente estudio.
“Este encuentro surgió a raíz de la presentación del proyecto en el Senado. Vamos a esperar que los senadores aprueben; ellos quieren modificar las penas por maltrato animal, de 2 a 8 años. Existe mucha necesidad y si esto se consigue, será un triunfo importante para nuestros animales, principalmente aquellos que están en situación de calle”, resaltó, por su parte, Portillo.
Aclaró que para la construcción del Hospital Veterinario Público se informó que ya fue presentado el plan y la previsión de los costos que provendrían de Fuente 30 (Recursos Institucionales), lo que será tema de debate ya en la próxima semana.
Cabe destacar que ambos legisladores manifestaron su total apoyo a la iniciativa y adelantaron que estos pedidos estarán incluidos en el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021, a iniciarse muy pronto en las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados. Luego en el plenario de la institución abogarán por recursos para la construcción del hospital veterinario.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia. Foto: Gentileza
Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
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Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo. Foto: Gentileza
Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
Diputados reciben reconocimiento por impulsar vínculos comerciales entre Paraguay e Italia
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Tres diputados colorados recibieron placas de reconocimiento de la Cámara de Comercio Italo-Paraguaya por el trabajo realizado para reforzar las relaciones comerciales, de inversión y cooperación entre Paraguay e Italia.
La distinción fue concedida a los legisladores Héctor Figueredo, Jorge Barressi y Christian Brunaga, quienes integran la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados.
El titular de esta comisión, Héctor Figueredo agradeció la distinción a la entidad, a su presidente, Prof. Dr. Fernando Beconi, y a los integrantes de su comisión directiva.
“Desde la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el fortalecimiento de nuestras relaciones, el desarrollo y más oportunidades para nuestro país”, expresó.
A su vez, el diputado Barressi señaló que el reconocimiento responde al trabajo desarrollado junto con la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.
“Hemos acompañado iniciativas vinculadas a inversiones, Expomadera y acuerdos comerciales, generando espacios de cooperación y oportunidades para nuestro país”, recordó.
El legislador también agradeció al titular de la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya por la distinción y por su compromiso con el fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.
“Seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso para generar más oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo para el Paraguay”, afirmó.
El diputado Brunaga también agradeció el reconocimiento y señaló que continuará promoviendo el fortalecimiento de los vínculos entre Paraguay e Italia.
La Cámara de Diputados fijó para la próxima semana el estudio del proyecto de ley para pago de indemnización a víctimas de la dictadura. Foto: Gentileza
Diputados estudiará proyecto que autoriza pago a víctimas de la dictadura
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La Cámara de Diputados analizará en sesión de la próxima semana un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos dura el período 1954-1989. De ser aprobado el proyecto beneficiará a quienes cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011.
Según el documento, se busca poner fin a la revictimización que padecen ante la burocracia estatal quienes ya fueron reconocidos como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se aclara que se resolverá exclusivamente las solicitudes de indemnización presentadas durante la plena vigencia de la Ley Nº 838/96. En su artículo 3, esa norma establecía que la Defensoría del Pueblo era el ente encargado de recibir y evaluar los reclamos.
La ley fijaba además que el proceso no debía superar los 90 días y requería la revisión y el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dejaba claramente establecido que dicho dictamen no era vinculante para la decisión final de la Defensoría.
El proyecto también aclara que esa disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, que dispone que la Defensoría debe remitir las pruebas a la PGR para que esta emita un dictamen en un plazo de 30 días. Con la reforma, el dictamen pasó a ser un requisito previo para que la Defensoría resuelva sobre la calificación y la indemnización.
Latorre tras las elecciones en Asunción: “Tenemos que escucharle a la gente”
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El presidente de la Cámara de Diputados y exjefe de campaña de Camilo Pérez en capital, Raúl Latorre, realizó su análisis sobre el resultados de las elecciones municipales del 4 de octubre y sostuvo que la ciudadanía habló en las urnas y emitió un mensaje con la elección de la exministra Soledad Núñez, representante de la Alianza Unidos por Asunción.
“No estoy en el espíritu de buscar responsables a lo acontecido, yo creo que nosotros tenemos que escucharle a la gente y la gente nos dio un mensaje, el pueblo asunceno hoy dio un mensaje. La diferencia fue mínima, estamos hablando de un poco más del 1 %, pero en democracia y en elecciones por un voto se gana o se pierde”, apuntó Latorre en rueda de prensa antes del inicio de la sesión de este martes.
Así también, el legislador destacó que estos comicios son el reflejo de la democracia en el país. “Este es un recordatorio que vivimos en democracia y en libertad, porque habían muchos cuestionamientos, se hablaban de las mesas, se hablaba de las urnas, pero los asuncenos salieron a votar, salieron a elegir, y hoy a quienes eligieron va ser intendenta de Asunción”, expuso Latorre.
Latorre refirió que se está analizando el voto cruzado, teniendo en cuenta que se dio una diferencia de más de 20.000 votos entre la lista de la candidatura para la intendencia y la lista de concejales para capital.
“Camilo Pérez se convirtió en el candidato a intendente colorado más votado de la historia de nuestro partido, nuestras listas de concejales orilló los 150.000 votos, alrededor de 40.000 más que todas las otras listas de concejales juntos, ¿por qué ese número no se tradujo también a la candidatura de Camilo Pérez? Es una situación que también todavía estamos revisando, que todavía estamos reflexionando”, manifestó.
El diputado dijo que el Partido Colorado tuvo una importante actuación a nivel nacional. “Creo que tenemos que hacer una profunda reflexión sobre la situación aquí en capital, sobre todo creo que el análisis más bien tiene que ser en Asunción porque el partido tuvo una gran elección en el país. Crecimos en municipios, crecimos en cuanto a curules de concejales, recuperamos distritos de mucha importancia”, resaltó.