El viceministro del Transporte, Emiliano Fernández, se refirió sobre la reunión tripartita que proseguirá el próximo viernes al mediodía con los empresarios del transporte en la busca de desactivar el paro de buses anunciado por dos gremios para el lunes 21 de julio por un lapso de 72 horas.

“Se decidió llevar a un cuarto intermedio porque los temas no fueron abarcados totalmente. Desde el principio, el Gobierno mostró voluntad de pago. Yo estoy convencido de que la medida es desproporcionada y no hay méritos suficientes para llegar a una medida de esta naturaleza, esto le transmití nuevamente al gremio", indicó este martes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Los representantes del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam)y de la Unión de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), refieren que la deuda que mantiene el Estado por subsidios es de USD 8 millones, al contabilizar por los meses de mayo y junio.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que el monto solo equivale a USD 3,9 millones y corresponde a un atraso de un solo mes. “Cuando existen diferencias, discrepancias, están las mesas institucionales a donde recurrir en el marco de un paro. Nosotros tenemos un plan de contingencia muy potente (si no se zanja el conflicto) nos reunimos con el presidente de la República, Santiago Peña a mostrarle y nos dio algunos criterios de ajustes", comentó Fernández a Nación Media.

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“El Ministerio del Trabajo está en un papel de conciliador, buscará los acuerdos entre las partes. La posición oficial del Gobierno estará dada por la posición del Viceministerio del Transporte”, dijo César Segovia, viceministro del Trabajo, este domingo, en comunicación con La Nación/Nación Media, con relación a la mesa tripartita prevista este lunes 14 de julio, a las 15:30, con empresarios del transporte, que confirmaron su participación.

Segovia informó que las autoridades del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y de la Unión de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama) estarán acudiendo al encuentro previsto en la sala de reuniones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), en avenida Perú y Río de Janeiro, en Asunción. Ambos gremios anunciaron un paro de 72 horas, a partir del lunes 21 de julio, exigiendo al Gobierno el pago del subsidio.

“Nosotros en este rol de árbitros mediadores, vamos a estar buscando el acercamiento entre las partes o, en todo caso, plantear las fórmulas para que el paro pueda afectar en la menor medida posible a los usuarios del transporte público. En la búsqueda de la conciliación se puede lograr una suspensión o el levantamiento del paro“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

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Segovia manifestó que en caso de darse la suspensión por un periodo determinado los empresarios del transporte deberán garantizar a la ciudadanía una cobertura mínima del servicio con el fin de evitar que los sectores imprescindibles como salud, educación, energía se vean afectados.

Detalló que esta exigencia se encuentra garantizada en la Constitución Nacional en su artículo 98. “Ellos ya fueron notificados sobre la mesa el pasado día viernes y ambos gremios han confirmado su presencia. De hecho por las particularidades que reviste un paro, ellos no pueden no acudir a la convocatoria de las autoridades administrativas del Trabajo, están obligados. También confirmaron presencia las autoridades del Viceministerio del Transporte", comentó.

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Desde el Gobierno se desmintió que la deuda por subsidios sea de USD 8 millones, como reclaman los empresarios del transporte. Se indicó que el monto equivale a USD 3,9 millones y corresponde a un atraso de un solo mes.

“Nosotros tenemos antecedentes de años anteriores, el pasado año, en el mes de junio, la Cetrapam ya había convocado a un paro, pero después de conversaciones pudimos llegar a un acuerdo en el cual se logró primero la suspensión de la medida de fuerza y luego el levantamiento. En aquella ocasión habíamos logrado suspender el paro por 22 días”, recordó.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.

Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.

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El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.

“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.

Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.

“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.

Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.

Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.

Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.

“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.