La población de América Latina y el Caribe alcanza actualmente los 663 millones de habitantes, un 3,8 % menos de lo previsto hace dos décadas, informó el jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“La mortalidad y la fecundidad de la región pasaron de ser elevadas en los años cincuenta a ser bajas en la actualidad”, sostuvo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe enviado a la prensa.

El estudio, elaborado por el observatorio demográfico del organismo, revisa a la baja la proyección del 2000, cuando estimó que para este año la población llegaría a los 689 millones de habitantes. En 2020 en la región vivían 654 millones de personas.

“La caída de la fecundidad es un hecho sin precedentes: en la década de 1950, las mujeres de la región tenían en promedio 5,8 hijos durante su período reproductivo; en 2024, ese número ha caído a 1,8″, destacó el informe.

La fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años y de 20 a 24 años bajó en todos los países de la región a partir del siglo XXI.

En América Latina, Chile y Costa Rica mostraron la caída más pronunciada con un descenso del 91 % y 70 % respectivamente.

Las mujeres han retrasado la maternidad. Mientras que en 2000, la mayoría de ellas tenía hijos a partir de los 21 años, en 2024 la edad promedio es de 24 años.

Y se espera que en 2050 se postergue hasta los 28 años, señala la Cepal.

A la par con la reducción de los nacimientos, la población se ha envejecido aceleradamente.

Hace 70 años la mitad de los habitantes tenía 18 años, ahora se estima que la media se ubica en los 31.

“El envejecimiento incide en todos los ámbitos de la política pública y, sobre todo, conlleva un aumento de la demanda de servicios de cuidados de largo plazo”, alerta la Cepal.

Fuente: AFP

El ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, Juan Carlos Baruja, tuvo oportunidad de hablar sobre los proceso de construcción de viviendas que lleva adelante la institución a su cargo. Recordó que actualmente existen dos programas, por un lado el que otorga las viviendas sociales para personas de escasos recursos. Por otro, el que adjudica planes de financiación para viviendas de la clase media, con el programa Che Róga Porã.

El secretario de Estado indicó en conversación con radio 1020Am, que el principal desafío del Gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña, es superar las 80 a 100 mil viviendas en 5 años, que triplicaría la cantidad que se hizo en 10 años anteriores.

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“Nosotros veníamos ejecutando en los últimos 10 años, un promedio de 34 mil a 35 mil viviendas al cabo de 5 años. Nuestra expectativa ahora es llegar a unas 80 mil a 100 mil viviendas construidas, en el gobierno de 5 años de Santiago Peña, que prácticamente sería el triple de lo que se venía ejecutando y eso sí va permitir reducir el déficit habitacional”, explicó.

El titular del MUVH señaló que hay que dividir en dos partes el programa de construcción de viviendas, ya que por un lado están las viviendas sociales que están dirigidas a sectores más vulnerables y comunidades indígenas. Mencionó que con este programa ya están llegando a 4.253 viviendas entregadas, y con las familias beneficiadas ya vivienddo en ellas.

Indicó que esperan llegar a 6.000 viviendas entregadas para el próximo 31 de diciembre, de las 17.082 carpetas gestionadas en este primer año de gestión.

“Estos números representan prácticamente el triple de lo que se venía llevando adelante en gestiones anteriores y esto es un gran impulso para un sector muy necesitado y que es uno de los puntos más importantes de la propuesta electoral del presidente Santiago Peña”, acotó.

Igualmente, indicó que están trabajando con el programa de “Che Róga Porã”, que es una respuesta a la clase media trabajadora, que está dirigido a los que tienen desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos. Recordó que este programa, hoy está empezando a dar sus frutos. Señaló que ya existen 4 proyectos que están en ejecución y que son 118 viviendas que ya están en proceso de construcción.

Asimismo, explicó que a partir de mediados de enero de 2025 se viene el “Che Róga Porã 2.0″, dirigido a aquellos que ya cuentan con un terreno, o estén pagando por su terreno, o que tengan pensado comprar el terreno que sea de su agrado. Explicó que se les va a financiar para la construcción de sus viviendas.

“Che Róga Porã 2.0 es una evolución escuchando a la gente, que en cualquier punto de la República del Paraguay, llámese Yvy Ya’ú, Cnel. Oviedo, llámese Loreto, Humaitá. Aquel que tiene un terreno propio o que ya esté pagando podrá acceder a este financiamiento que le permitirá cancelar por el terreno, y por otra parte contar con el corte que le permita construir su propia vivienda, a un financiamiento a 30 años de plazo, hasta 500 millones de guaraníes, y con la tasa más baja del mercado del 6,5 %”, precisó.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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