El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón manifestó, ante el plenario de la Corte, la intención de que dentro de un marco de análisis se estudie la posibilidad de que los funcionarios trabajen los días sábados. Esto, de manera de agilizar los expedientes y la mora judicial a fin de hacer frente al trabajo acumulado por las restricciones en el contexto de la pandemia del COVID-19.
“Obviamente, esto se tiene que hacer dentro de un análisis del marco regulatorio previo, existen acordadas y hay un contrato colectivo de trabajo de condiciones de trabajo que nosotros tenemos que aprender, de ser los primeros cumplidores de la ley y de los compromisos asumidos”, expresó el titular de la máxima instancia judicial del Paraguay en comunicación con radio 1000.
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Eventuales reacciones
“Yo entiendo que esto podría traer algún tipo de reacción en razón de que uno programa un poco su vida por anticipado y que ya habían ocupado los sábados”, dijo el ministro. Añadió que es una expresión de una manifestación de cómo estamos encarando el tema y una demostración del interés de la Corte en tratar de aminorar el impacto de la pandemia, dijo Martínez Simón sobre una eventual jornada judicial laboral los sábados.
Explicó que no van a pisar ningún derecho adquirido y respetarán los compromisos establecidos en la Corte Suprema de Justicia. “Por eso no hemos tomado ninguna decisión, sino que estamos dentro del marco del estudio y si no se puede lastimosamente por un impedimento legal o contractual, buscaremos trabajar de lunes a viernes”, indicó Martínez Simón. “Tenemos la intención de estudiar la posibilidad de trabajar los sábados”, concluyó.
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Periodistas, economistas y políticos destacan puntos clave del informe de Peña
Terminado el primer informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, el Canal GEN/Nación Media abrió una mesa de análisis con destacadas figuras del ámbito académico y periodistas. Entre ellos, la periodista Mina Feliciangeli resaltó que uno de los logros más palpables de este gobierno es la lucha contra el crimen organizado, sobre todo con el ataque y eliminación de la fuerza de los clanes dentro de los centros penitenciarios, como se dio en la cárcel de Tacumbú.
“Hacer un análisis de la gestión del primer año, es muy difícil porque hay muchas acciones, cuyos resultados no se pueden ver a corto plazo. Pero sí estas medidas, como la Veneratio, la de volver a recuperar el control en las cárceles, fue primero, una medida muy valiente, aparte de necesaria. Es decir, que el Estado vuelva a tener el control de las cárceles, pero fue una medida arriesgada y necesaria. Sin lugar a dudas, para mí fue uno de los logros más palpables”, comenzó señalando.
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A su turno, Benjamín Livieres, director de ADN digital y periodista de Nación Media, destacó que la parte que el mandatario hizo hincapié en la estabilidad económica, en conjunto con la estabilidad política; que en épocas pasadas, la diferencias y crisis fueron algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de algunos proyectos.
“Son premisas para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. No son los objetivos en sí mismos, son los medios. Esta estabilidad económica es clara y notoria, lo mismo que la estabilidad política, en cuanto al relacionamiento entre el Ejecutivo y el Partido Colorado, algo que en nuestro país es a lo largo de la historia democrática siempre se generó muchos conflictos”, indicó.
Asimismo, resaltó que además del aumento de las recaudaciones, a nivel económico, existen datos relevantes como por ejemplo el tema viviendas, que ya son más de 14.000 las que ya están en ejecución; lo que permite presumir que gran parte de la fuente de trabajo está en estas obras.
“Esto es clave, cuando se habla de pobreza, salud, educación, se va remitir siempre al tema de empleo y la construcción de vivienda está matando varios pájaros con un solo tiro; la vivienda propiamente para compatriotas que no tienen, genera puestos de trabajo, dinamiza la economía, aumenta el consumo. Yo creo que este tema que en cuanto a su impacto social, es uno de los más importantes”, destacó.
Política más ambiciosa del gobierno
A su turno, José Fernando Duarte, director académico del CONES, resaltó que sin lugar a dudas la ley de Hambre Cero, es la política social más ambiciosa de este gobierno. Indicó que si bien la reforma educativa iniciada en el proceso democrático tuvo un alto consenso en lograr la masificación del acceso y cobertura; los críticos a la reforman han señalado que no se ha logrado aun disminuir esa brecha de la desigualdad en el acceso a la educación entre sectores urbanos y rurales o las instituciones educativas públicas y privadas.
En tanto, el economista Víctor Pavón, destacó que la política de la diplomacia presidencial, respecto a los viajes al exterior que lleva adelante el presidente Santiago Peña, en ese sentido remarcó que debe continuar para seguir dando a conocer Paraguay al mundo.
“Hay un problema de autoestima, que hace que muchos paraguayos no se den cuenta de que el Paraguay viene cambiando desde hace un buen tiempo, pero desde luego hay mucho por mejorar mucho más. Estos 5 elementos que citó el presidente Peña, no se podría llevar a cabo sin una economía pujante”, acotó.
De manera virtual, el exsenador Juan Carlos Galaverna brindó su parecer respecto a los desafíos que le viene por delante al presidente Peña, en ese sentido, indicó que espera que continúe con este arranque muy bueno que tiene. Indicó que no recuerda que un gobierno anteriro, haya tenido el avance en 10 meses de mandato como lo está llevando el presidente Peña.
Entre los aspctos fundamentales del gobierno destacó la ley de Hambre Cero, los éxitos en la lucha contra el narcotráfico, el reconocimiento que hizo a los diferentes actores que fueron invitados. “Lo fundamental del contenido del mensaje se dio en la última parte, cuando habló de superar nuestros límites mentales. Entonces, el desafío que nos presentó el presidente de la República a la ciudadanía paraguaya es superar nuestras limitaciones mentales y ojalá así sea”, acotó.
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Simposio de Sociología 2024: reflexionarán sobre la realidad social
Este año la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción nuevamente realizará un simposio de sociología. En esta ocasión, el tema que se estará debatiendo es Resistencias colectivas ante el avance neoliberal.
Las charlas se realizarán los días 26 y 27 de junio, en las instalaciones de la Facso desde las 17:00, dando oportunidad a las personas que trabajan a participar de la actividad que es organizada por estudiantes y docentes.
Desde la dirección de Sociología de la Facso-UNA se hace extensiva la invitación a la comunidad académica, cientistas sociales, referentes de organizaciones sociales y a la sociedad en general para que participen del Simposio de Sociología 2024.
El objetivo es compartir reflexiones y análisis rigurosos sobre la realidad social, enfatizando las manifestaciones del avance neoliberal en Paraguay y la región, así como las resistencias que han posibilitado la defensa de derechos sociales y políticos.
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En la primera jornada se desarrollará la conferencia “Desafíos y perspectivas ante el neoliberalismo” a cargo de la Lic. Luz Benítez, presidenta de la Asociación Paraguaya de Sociología (APS), la mesa “Avance neoliberal en Paraguay y la región” y la mesa “Democracia y autoritarismo”.
En la segunda jornada las mesas serán sobre “Luchas estudiantiles y solidaridad internacional” y sobre “Movimiento estudiantil en Paraguay”.
El simposio aportará claves para comprender la compleja realidad social actual y contribuirá al proceso de consolidación de la carrera de Sociología de la Facso-UNA, en un momento donde las ciencias sociales críticas se vuelven imprescindibles. Para más detalles sobre el programa, ponencias y participación, visite https://facso.una.py/simposio-de-sociologia/
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Senado posee atribución para no dar lugar a decisión de la Corte sobre Kattya González
El abogado constitucionalista, Theodore Stimson, conversó con La Nación/Nación Media acerca de la recomendación de la Fiscalía a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González, tras su expulsión del Senado.
“La Cámara de Senadores no debe dar lugar a una aberrante orden inconstitucional. La ley 609/95, que organiza la CSJ dice claramente que la Corte no debe dar trámite a una acción política no justiciable como esta, por lo cual se debía rechazar in limine, cosa que no hicieron”, refirió.
El letrado explicó que esta ley protege a cada Cámara en su doctrina de establecer su propio procedimiento, definir sus sanciones y decidir su palabra final en la materia. Por ello, no corresponde siquiera dar lugar a mandatos u órdenes de otros poderes ante acciones netamente políticas.
“Al ser una cuestión política, no es justiciable. Es decir, la Corte no puede revisar la decisión y tampoco la Fiscalía puede recomendarlo porque ya la Constitución atribuye a cada Cámara aplicar la sanción que considere correspondiente sobre sus miembros y ningún otro poder puede intervenir sobre eso”, dijo.
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Decisión final corresponde al Senado
Stimson remarcó que, en el caso de las Cámaras del Congreso, al decidir sobre alguna sanción o expulsión de alguno de sus miembros, desarrolla acciones correspondientes a su propio criterio político. Además, indicó que la orden de la Corte finalmente deberá ser enviada al Senado para su posterior estudio.
“Es decir, de todos modos el Senado posee las atribuciones tanto de estudiar y posteriormente rechazar la orden de la Corte, lo cual debería hacerse, o directamente de no colocar en el orden del día y no tratar la decisión ante el pleno; la Corte no puede ordenar al Senado”, afirmó.
La inconstitucionalidad
Stimson explicó que los casos de inconstitucionalidad que involucran a otros poderes como el Ejecutivo o el Legislativo, habitualmente son enviados a la Fiscalía con el objetivo de conocer su postura, ante la posibilidad de observarse alguna afectación sobre derechos humanos.
“Pero este caso no es uno de derechos humanos, sino del funcionamiento de una institución del Estado. Cada entidad pública tiene esferas propias de su gobierno interno y redacta su reglamento interno”, expresó, aclarando otra disposición de las Cámaras, como establecer las sanciones que considere pertinentes.
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Economía subterránea en Paraguay, un reto para el desarrollo formal
La economía paraguaya enfrenta un desafío creciente con la expansión de la economía subterránea, un fenómeno que representa casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según el último informe de PRODesarrollo y Mentu, en 2023, la economía subterránea alcanzó los USD 23.595 millones, equivalentes al 47% del PIB.
Este informe no solo cuantifica el problema, sino que también profundiza en las causas y consecuencias de esta informalidad persistente que abre la puerta a actividades ilegales y genera un entorno económico desfavorable para el desarrollo formal y sostenido del país.
Una de las principales causas del crecimiento de la economía subterránea es el contrabando en la frontera con Argentina, exacerbado por la depreciación de la moneda del país vecino. La diferencia en el valor de las divisas y la situación económica precaria en Argentina han incentivado el contrabando, convirtiéndose en un motor significativo del avance de la informalidad en Paraguay. La presión sobre las divisas en el mercado formal debido a la alta demanda de pesos y dólares es una consecuencia directa de esta dinámica fronteriza.
A pesar de una ligera disminución en la informalidad laboral (del 63% al 62,1%) y en la pobreza (del 25,5% al 22,7%) en 2023, la proporción de la economía subterránea respecto al PIB ha aumentado. Este fenómeno refleja que las mejoras en ciertos indicadores no son suficientes para contrarrestar el arraigo de la informalidad. Las personas y pequeñas empresas, excluidas del sistema financiero formal, a menudo recurren a medios ilegales para financiarse, como la usura, donde enfrentan tasas de interés extremadamente altas. Estas prácticas no solo agravan su situación económica, sino que también alimentan un ciclo de endeudamiento y explotación.
Consecuencias de la economía subterránea
Usura y actividades ilícitas
La usura es uno de los aspectos más oscuros de la economía subterránea. Según Jorge Garicoche, gerente de Economía de Mentu, las tasas de interés en el mercado de la usura pueden alcanzar niveles exorbitantes. Un microcrédito en el sistema formal, con todos los costos adicionales, puede tener una tasa anual del 80%, mientras que en la informalidad, el mismo préstamo se otorga al 40% pero por solo 25 días, lo que anualizado se traduce en una tasa del 500%. En casos extremos, los intereses pueden llegar al 20% diario, generando ganancias que no pueden ser completamente blanqueadas en el sistema formal.
Este dinero “ocioso” busca otros destinos, a menudo financiando actividades ilegales como la trata de personas o el narcotráfico. Las ganancias obtenidas de la usura y otras actividades informales encuentran su camino hacia redes de crimen organizado, exacerbando problemas sociales y económicos más graves.
Contrabando
El contrabando no solo afecta la economía a través de la presión sobre las divisas, sino que también crea un mercado paralelo que evade regulaciones y controles estatales. En las fronteras con Brasil, la utilización de criptomonedas para la compra y venta de productos ilustra la sofisticación y adaptación de las actividades informales a las nuevas tecnologías. Este tipo de transacciones facilita el movimiento de dinero de manera transfronteriza, dificultando aún más la intervención de las autoridades.
Implicaciones para el desarrollo económico
La prevalencia de una economía subterránea tan extensa tiene implicaciones profundas para el desarrollo económico de Paraguay. La informalidad perpetúa un ciclo de exclusión y vulnerabilidad económica para una gran parte de la población, impidiendo que accedan a los beneficios del crecimiento económico formal. Además, al financiar actividades ilegales, la economía subterránea contribuye a la inseguridad y la inestabilidad social.
Desafíos y estrategias
Combatir la economía subterránea requiere una estrategia multifacética que aborde tanto las causas como las consecuencias. Esto incluye fortalecer las fronteras para reducir el contrabando, mejorar la inclusión financiera para ofrecer alternativas viables a la usura y reforzar los mecanismos de control y regulación para evitar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Además, es crucial mejorar las condiciones laborales y económicas para que las personas y empresas no se vean forzadas a operar en la informalidad. Programas de educación financiera, acceso a créditos formales con tasas razonables y políticas que fomenten la formalización de pequeñas y medianas empresas pueden contribuir significativamente a reducir la dependencia de la economía subterránea.