El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, informó que su movimiento Nuevo Liberalismo apeló la decisión del Tribunal Electoral de la capital y Central, primera sala, que suspende el adelantamiento de las elecciones internas partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para el 17 de agosto.

“Nosotros apelamos, existen muchos antecedentes y jurisprudencia consistentes en que varios partidos políticos hicieron sus elecciones internas el pasado año mediante las papeletas. Nosotros planteamos hacer lo mismo, pero lastimosamente la Justicia Electoral sacó una medida cautelar y trancó todo el proceso”, indicó a la 1020 AM.

Estigarribia sostuvo que la medida cautelar surgió exclusivamente ante la imposibilidad del TSJE de proveer las máquinas de votación y no por el hecho de que hayan violado las leyes electorales, al decidir mediante una convención extraordinaria el desdoblamiento de los comicios internos de las elecciones municipales previstas para el 2026.

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“El PLRA es un partido grande con autonomía, pero nosotros como movimiento, iremos el próximo año a unas elecciones si es esto lo que desean. Las elecciones queríamos realizar para organizar al partido que está muy golpeado después de las últimas elecciones”, afirmó.

La medida cautelar fue firmada por los jueces Lorena Rojas, Modesto Núñez y Hugo Alberto Oxilia Vera. En el documento se aclara que las medidas cautelares estarán vigentes “ínterin se sustancie la presente acción”, es decir, hasta que el conflicto sea resuelto en una instancia superior.

De esta forma, los jueces electorales hacen lugar a la solicitud de medida cautelar que prohíbe innovar en los cargos de miembros del directorio a nivel nacional, miembros de directorios departamentales, presidentes y miembros de comités, así como convencionales.

La decisión de desdoblar los comicios internos del PLRA de las elecciones municipales previstas para el 2026, fue tomada a través de una convención extraordinaria impulsada el 6 de octubre del 2024 por los sectores internos disidentes liderados principalmente por el movimiento Nuevo Liberalismo.

En la ocasión también se resolvió la reforma del estatuto del PLRA donde se exige que el titular de la agrupación opositora renuncie 6 meses antes si desea postularse para el cargo de presidente de la República.

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El Tribunal de Apela­ción dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audien­cia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asocia­ción criminal, en la causa de presunta corrupción munici­pal por la compra de alimen­tos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preli­minar pendiente por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipa­lidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

El equipo de fiscales inte­grado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favore­cidas durante la pandemia del covid-19, por la administra­ción del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denomi­nada El Distribuidor SRL que fue favorecida con una lici­tación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre de 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al pro­grama “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justa­mente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusa­ción por la existencia de un perjuicio patrimonial bas­tante importante”, refirió.

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciu­dad del Este, construido por Prieto durante la crisis sani­taria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefac­turación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impul­sado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impul­sada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peri­tos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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Miembros de la Asociación de Productores Apicultores del Guairá (APAG) lograron ingresar en el Programa Hambre Cero como proveedores de miel de abeja. Hasta la fecha, ya se entregaron cerca de 2.500 kilos de miel de abeja pura, logrando el fortalecimiento de la economía local e impactando directamente en los ingresos de los productores de la agricultura familiar.

Mediante el trabajo de asistencia que está encabezando el Viceministerio de Ganadería (MAG), 80 apicultores de 17 distritos del departamento de Guairá pudieron cambiar sus vidas con este logro.

Gracias al centro de acopio y procesamiento para el manejo de la cosecha, postcosecha, almacenamiento y fraccionamiento de miel, que fue proporcionado por el proyecto PIMA del MAG, los productores obtienen una miel de excelente calidad con todos los estándares de inocuidad y seguridad que se requiere para su inclusión en la alimentación de los niños y jóvenes estudiantes del Guairá.

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Según detallaron desde el Viceministerio de Ganadería, en cuanto al impacto económico, los productores reciben G. 35.000 guaraníes por cada kilo entregado; posteriormente, mediante la Asociación, se comercializa a G. 55.000 por kilo a las empresas proveedoras del programa de alimentación escolar. Los pagos por los productos se hacen de manera inmediata.

Mediante los trabajos que se vienen desarrollando desde la subsecretaría de Estado, los productores de la zona del Guairá pueden lograr un modelo de producción sostenible donde la actividad apícola se integra perfectamente con la agricultura, ganadería y reforestación, logrando una sinergia que potencia el rendimiento y la calidad de todos los rubros.

Como por ejemplo, se destaca el caso de don Pedro Antonio Rojas, apicultor asociado a la Asociación de Productores San José Obrero, del distrito de Borja, quien trabaja hace 7 años en un modelo de producción que tiene como eje principal la apicultura, pero a la vez, en un predio de 9 hectáreas, realiza producción agrícola enfocada en cultivos como mburucuyá, sandía, zapallito de tronco, entre otros rubros frutihortícolas.

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