La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados no logró el quorum requerido y finalmente no se llevó adelante el tratamiento de la ley para personas con discapacidad, con esto quedó firme el veto del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley que establece la pensión para personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad social.

El documento tiene sanción ficta el domingo 25 de mayo, por lo tanto, al no ser tratado por la Cámara Baja queda automáticamente firme el veto del Ejecutivo.

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Por su parte, el diputado Hugo Meza anunció la coordinación de un proyecto más beneficioso para el programa de pensiones a personas con discapacidad. La normativa vetada establecía un 25 % del salario mínimo como pensión.

“Vamos a presentar un proyecto similar que vetó el presidente, pero con algo más especificado, a quiénes va dirigido, a esas 11.000 personas que están registradas en la Senadis, esas personas están plenamente identificadas”, adelantó.

El legislador explicó también que se analizará una salida legislativa para presentar una alternativa, teniendo en cuenta que un proyecto de ley al ser archivado, ya no puede ser tratado nuevamente en el período de un año.

“Vamos a ver la técnica parlamentaria de cuál es el proyecto alternativo que podamos presentar, pero lo que yo sí le quiero decir a las personas con discapacidad, es que van a tener un programa que los reconoce y vamos a trabajar de forma más coordinada con el Ejecutivo, para que no puedan vetar una ley que en este caso”, sentenció el diputado.

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El Poder Ejecutivo firmó este jueves un decreto que establece la adquisición obligatoria de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes en los porcentajes establecidos para el programa Hambre Cero. Este documento brindará mayor seguridad en los negocios, exigiendo la presentación de facturas de manera mensual.

El anuncio fue brindado por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, junto con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, tras la reunión que mantuvieron con el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien rubricó el decreto n.° 3.899, a partir de una evaluación que se realizó con el presidente Santiago Peña, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

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El ministro Rojas explicó que, mediante el decreto presidencial, se establece que las empresas contratadas para proveer alimentos a las escuelas, en el marco del programa Hambre Cero, deberán comprar de la agricultura familiar un 10 % de sus productos. Igualmente, señaló que la normativa establece que se deberá comprar un 5 % de las mipymes sobre el monto total, pero facturando de manera mensual.

“Esto estaba contemplado en los lineamientos del contrato, pero no así dentro de la Ley de Alimentación Escolar Hambre Cero, ni tampoco en el decreto reglamentario. Por eso, se vio necesario oficializar por decreto. Hoy se establece con este decreto la adquisición obligatoria dentro de los porcentajes establecidos", explicó Rojas.

No obstante, el secretario de Estado resaltó que lo principal de este decreto es que se determina que, para el pago por el servicio hecho por las empresas, se debe exigir en el proceso la presentación de las facturas de compras directas de la agricultura familiar campesina y de las mipymes en forma mensual.

“Esto generaba algunas dudas y, en algunos casos, se ha encontrado que no se estaba exigiendo la presentación de las facturas en forma mensual de las compras directas de la agricultura familiar campesina y mipymes. Ahora con este decreto se establece la obligatoriedad de la presentación, para iniciar el proceso de pagos”, acotó.

Asimismo, informó que con el presente decreto se establece igualmente sanciones en caso de incumplimiento de este trámite. Además, se le obliga a las empresas proveedoras a la carga de las facturas de forma mensual al Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), a través de sus respectivos usuarios otorgados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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El diputado Hugo Meza brindó informe sobre lo que se analizó en la mesa directiva de la Cámara Baja y mencionó que se fijó el orden del día para la sesión ordinaria del martes 27 de mayo. Se prevén tratar 18 puntos, entre ellos el proyecto de Ley de “Letrina Cero en las Escuelas”.

“Es un proyecto bastante interesante para que en 400 instituciones educativas se pueda ejecutar y terminar con las letrinas. Lastimosamente, estas instituciones tienen aún letrinas y se plantea una ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación y Ciencias para reemplazarlos por sanitarios modernos”, explicó en conversación con varios medios de prensa.

Más allá de las cuestiones sanitarias que conlleva tener baños en precarias condiciones, es una cuestión de dignidad humana, dijo el diputado Meza. Indicó que no se puede exigir calidad en la educación, cuando ni si quiera cuentan con baños modernos saludables en las instituciones.

Adelantó que estarán acompañando esta iniciativa con mucha fuerza a fin de darle la sanción correspondiente y que pase al Ejecutivo para su promulgación, para que el MEC ejecute este mismo año un presupuesto de un poco más de 6 millones de dólares.

Indicó que las 400 instituciones están completamente mapeadas por distritos y departamentos para dar fin a las letrinas en el país.

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Por otra parte, señaló que estarán tratado en la ordinaria de la próxima semana la propuesta que crea el Registro Nacional de Pagarés. Destacó que es un proyecto sumamente importante, más aun teniendo en cuenta la larga lista de víctimas que se van conociendo a diario; a raíz que se conoció la verdadera mafia que se empotró en el Poder Judicial.

“Yo siempre he dicho, que uno de los Poderes del Estado que menos se aggiornó a los nuevos tiempos, un Poder Judicial completamente aplazado y de espalda a la ciudadanía y la mafia de los pagarés vino a desnudar lo más criminal que se puede llegar a ser desde un poder del Estado contra los ciudadanos más humildes y la gente trabajadora”, cuestionó.

Indicó que espera que este proyecto sea tratado y finalizado el próximo martes, durante la sesión ordinaria. “Lo más importante que contempla este proyecto es que permitirá contar con la trazabilidad desde el momento mismo de la emisión de los pagarés; y se podrá saber quiénes están detrás de estos grandes negociados, como se descubrió recientemente con esta mafia a través de los medios de prensa”, acotó.

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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 23 de mayo, las 9:30 a fin de discutir el veto total del Ejecutivo al derecho a la pensión de las personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad social, según la resolución N.º 3056.

Al respecto, el diputado Hugo Mesa explicó que en Mesa directiva se resolvió convocar a extraordinaria con un solo punto del día, que guarda relación con el veto del Ejecutivo a la pensión para las personas con discapacidad.

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“Este es un proyecto de ley que justamente hemos impulsado nosotros para poder otorgarle a las personas con discapacidad una pensión”, explicó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Agregó que actualmente este sector de la población no está considerado dentro de un programa social específico. “Apenas son un apéndice desde el programa Tekoporá, que administra el Ministerio de Desarrollo Social.

Explicó que dentro de este programa Tekoporá se estableció un apartado para las personas con discapacidad y pero no es un programa independiente, donde los beneficiarios reciben una suma de al rededor G. 180.000 cada dos meses.

“Esta propuesta que impulsamos con los colegas le da un poco de dignidad a tanta gente que necesita. Lastimosamente, le asesoraron mal al presidente de la República diciendo que este proyecto alcanzaba más de 160 millones de dólares; pero en realidad solo alcanza 8.5 millones de dólares, para un número de 11.000 personas con discapacidad severa”, acotó.

Destacó que existe un grupo de colegas que están interesados en rechazar el veto del Ejecutivo, a fin de otorgarle la media pensión del 25 %, a fin de que puedan cobrar de forma mensual que es mucho más de lo que actualmente están percibiendo cada dos meses.

“Creo que llegó el momento de dignificar a las personas con discapacidad que lastimosamente no están pudiendo valerse por sí mismo. Estamos trabajando en los números para lograr el rechazo del veto, estamos conversando con varios compañeros yo ya he solicitado la liberación del voto en mi bancada y mi partido porque yo voy a ratificarme en la sanción del proyecto original y de como se ha trabajado esta Ley tan importante a favor de ellos”, precisó.

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