Alejandra Peralta, abogada de las hijas del vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hace 4 años, lamentó que los miembros del clan Villalba hayan tenido la oportunidad de fugarse de la Argentina. Esto ocurrió luego de que el gobierno del vecino país les retirara el estatus de refugiados políticos.

Comentó durante una entrevista en radio 1.000 Am, que esto fue una falla del propio equipo de seguridad de la Argentina. Recordó que el estatus de refugiados no les corresponde a los integrantes de esta familia, ya que no son perseguidos políticos.

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“Realmente es bastante lamentable, que una y otra vez estemos enfrentando la misma situación porque pasamos por lo mismo con el caso de Arrón y Martí, que a pesar de todo el esfuerzo que puso la defensa del Estado Paraguayo y defender la causa ante la Corte Interamericana, se logró ganar, que fue un caso inédito con años de trabajo, para que finalmente terminen levantando el código rojo, y logren escapar y ahora llevan la gran vida en Finlandia”, indicó.

Mencionó que ahora en el caso del Clan Villalba, se vuelve a repetir, pese a que en su momento se contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, quien había expresado el interés de su gobierno de colaborar con el Estado Paraguayo en el combate al grupo criminal del EPP, cuyos miembros estaban refugiados en su país durante tanto tiempo.

“Sin embargo, falló el equipo de trabajo de la Argentina, porque finalmente terminaron escapándose, saliendo del territorio de la Argentina”, expresó.

Asimismo, agradeció la iniciativa del Ministro del Interior, Enrique Riera de convocar a las víctimas y sus representantes para recibir la rendición de cuentas sobre el trabajo realizado por la Policía Nacional y el equipo de Investigación.

“Pero mientras no se llegue a saber el paradero, o localización de los tres compatriotas secuestrados, todo esfuerzo que se haga, va a ser insuficiente. Finalmente, es lamentable que el EPP logre ganar la partida, siendo que son apenas un grupo de 12 a 15 personas que tiene en zozobra a la ciudadanía”, indicó.

Además, lamentó que este grupo pueda contar con todo un apoyo logístico de cooperación “en la sombra”, y logran de ese modo, poner a salvo a los suyos, o puedan conseguir ese pase, o conseguir ese estatus de refugiado, siempre apelando a la figura de perseguidos políticos. Al respecto, advirtió que esto puede llevar a otros delincuentes a recurrir a esta figura para aprovecharse para evadir a la justicia paraguaya.

“La Convención para los Refugiados de las Naciones Unidas, es muy clara y establece que aquellas personas procesadas por algún delito común no pueden acogerse a un estatus de refugiados. Porque de lo contrario sería muy fácil, cualquier persona que intenta escapar de la Justicia, recurre a otro país y solicita el estatus de refugiado, y por el simple hecho de solicitarlo ya está bajo protección internacional y no puede ser requerido por el Estado, y no se puede lograr su extradición”, comentó.

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El jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, manifestó que los cuatro hermanos de Carmen Villalba, sindicados de formar parte del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ya no se encuentran en Argentina tras perder el estatus de refugiados políticos, otorgado durante el kirchnerismo.

Según informaciones de inteligencia, los hermanos de Carmen Villalba, principal líder del EPP, estarían radicados en Venezuela o Colombia por la tendencia con sus ideologías, indicó Cardozo a la 680 AM. El pasado 14 de octubre el ministro del Interior, Enrique Riera, había informado que el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de retirarles el estatus de refugiados con el fin de que sean sometidos a la justicia paraguaya.

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Esto se concretó tras un encuentro registrado en junio, entre la ministra argentina de seguridad Patricia Bullrich y víctimas y familiares de víctimas del EPP. En la ocasión afirmó que el gobierno de Milei no permitirá a terroristas disfrazados de políticos refugiados en Argentina.

“Usaron nuestro país para criar a sus hijos y luego sumarlos a las filas del EPP en Paraguay. Incurrieron en decenas de delitos, entre ellos, secuestros, asesinados, narcotráfico y la trata de niños para usarlos de guerrilleros”, había indicado.

Este jueves a las 9:30 la Policía Nacional dará una conferencia de prensa sobre los operativos Alas Rotas I, II y III, con la finalidad de proporcionar detalles sobre la investigación contra la familia Villalba porque “se sabe perfectamente que ya no están en Argentina”, dijo Cardozo.

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Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP