A finales del mes de mayo pasado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) había iniciado un sumario administrativo a los funcionarios involucrados en la compra de insumos médicos para hacer frente a la pandemia y que fuera realizada por vía de la excepción. “La investigación buscará deslindar responsabilidades”, anunció en ese momento el ministro Julio Mazzoleni.
El ministro así mismo dijo que el sumario a los siete funcionarios de la cartera fue realizado siguiendo la recomendación de la Contraloría General de la República. “Es importante que tengamos la paciencia para darle lugar a todos los organismos competentes para que analicen esa investigación”, había manifestado.
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El sumario incluyó al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Pablo Lezcano y también a los funcionarios que conformaron el comité de evaluación, Gustavo Andrés Cuevas Ayala, Mirta Eloisa Morán Maldonado, Diego Marcelo Sosa Jara, Larizza Andrea Ginés Cantero, Augusto Manuel Portillo y Pedro Ramón Adrián Santander.
En la tarde de hoy, el abogado y periodista de C9N, Aníbal Espínola, publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje relacionado a la sanción que el juez sumariante, presuntamente ha sugerido para estos siete funcionarios. La sanción va de 20 a 30 días de suspensión, sin goce de sueldo.
Las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, y prácticamente en su totalidad expresaron su desagrado por esta posible sanción que puedan recibir los funcionarios sumariados por el caso de la compra de insumos médicos para la lucha contra la COVID-19.
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Contraloría presenta propuestas al Ejecutivo para la “Estrategia Nacional Anticorrupción”
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió al contralor general de la República, Camilo Benítez, quien le presentó las propuestas que conformarán la Estrategia Nacional Anticorrupción, un documento que contiene 44 puntos y que es considerado como clave para fortalecer las instituciones del Estado y para consolidar “la cultura de la integridad” dentro del sector público.
Entre las propuestas discutidas se destaca la creación de códigos de ética con normas unificadas y mensajes consistentes sobre el comportamiento esperado de los servidores públicos. El objetivo es fomentar una cultura de integridad compartida en todos los niveles del Estado. Asimismo, se plantea incorporar de manera obligatoria contenidos sobre ética, integridad y normativa anticorrupción en los programas de inducción para nuevos funcionarios, reforzando desde el inicio su compromiso con los valores institucionales.
En esa misma línea, se propone endurecer las sanciones administrativas frente a las transgresiones éticas, asegurando la ejecución eficaz de los procedimientos internos y el registro sistemático de las sanciones aplicadas. Otra medida relevante es la creación de un marco regulatorio para el cabildeo, con criterios definidos y transparentes que prevengan influencias indebidas y contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana.
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La protección de quienes denuncian actos de corrupción constituye también un eje fundamental. Se busca garantizar un entorno seguro, libre de represalias, que incentive a romper el silencio, respaldado por mecanismos institucionales sólidos. En este contexto, se resalta además el papel clave de las Tecnologías de la Información en la lucha contra la corrupción, a través de plataformas abiertas, colaborativas y accesibles para toda la ciudadanía.
Finalmente, se subraya la importancia de establecer espacios permanentes de participación ciudadana, mediante consultas públicas y audiencias que faciliten un diálogo directo y constructivo entre la población y las autoridades. "La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción es el resultado de una Cumbre de Poderes realizada el 20 de agosto del 2023 y se trata de una verdadera política de Estado, un documento de 86 páginas con 44 iniciativas concretas, tangibles y medibles para enfrentar la lucha contra la corrupción", resaltan desde Presidencial
El Consejo Nacional Anticorrupción tiene prevista su próxima reunión en los meses de julio o agosto de este año, conforme a lo establecido en la ley N° 7389/24. En esa ocasión, deberán presentar acciones, compromisos o medidas con aplicación a corto o mediano plazo, orientadas a incidir positivamente en los niveles de corrupción del país, dentro del marco de la Estrategia Nacional Anticorrupción.
Este consejo está integrado por el presidente de la República, Santiago Peña; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns; el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y el contralor Camilo Benítez. Fue asignada la secretaría general a la ministra de la Unidad de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Marianna Saldívar, quien coordinará junto con los delegados y demás actores involucrados la elaboración y seguimiento de estas propuestas.
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Fiscal verificó pabellón UTI ante supuesta sobrefacturación de Prieto
- Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Anticorrupción de Asunción, Silvio Corbeta, estuvo hoy en el Hospital Regional de Ciudad del Este, como parte de las diligencias investigativas sobre un supuesto hecho de sobrefacturación en la construcción del pabellón de contingencia en el año 2020, durante la pandemia del coronavirus. El principal investigado es el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
El equipo fiscal y técnico recorrió parte del pabellón que hoy funciona como UITI Infantil, en el predio del Hospital Regional. “Es un acto de investigación, es una verificación de las obras porque hay una denuncia abierta sobre una supuesta sobrefacturación del hospital de contingencia y de las refacciones que se hicieron para este hospital”, dijo el fiscal Corbeta.
“Hemos invitado a todas las partes a que participen y que colaboren, los arquitectos y los técnicos de cada empresa que participó en la construcción y que aporten los datos a la Fiscalía y a los ingenieros del laboratorio forense, que vienen a verificar y que ayuden con la investigación “, indicó también el agente del Ministerio Público.
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Se trata de comprobar las especificaciones técnicas con la presencia de las empresas, es una de las diligencias necesarias en una investigación abierta, donde todavía hay mucho por verificar porque son varias empresas involucradas en la construcción, sobre las cuales debe corroborarse la denuncia.
El fiscal Corbeta informó que llegó a Ciudad del Este, en esta oportunidad, solo para este caso, pero está a cargo de su equipo 29 denuncias contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, de las cuales, dos tienen acusación contra el jefe comunal, en espera de juicio oral. Son 42 denuncias por supuestos hechos de corrupción en contra el administrador municipal de Ciudad del Este.
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Caso Odebrecht: justicia peruana dará a conocer sentencia contra el expresidente Humala
La justicia de Perú anunciará este martes la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala en el caso por presuntos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y de Venezuela a sus campañas de 2011 y 2006, en el que arriesga 20 años de prisión.
El fallo pondrá fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
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La lectura del fallo contra Humala en el tribunal está prevista a partir de las 09:00 locales (14:00 GMT) en presencia del expresidente, de 62 años y quien afronta el juicio en libertad. “No se ha probado que haya ingresado dinero de Venezuela en 2006 y nunca se corroboró que ingresó dinero de Odebrecht en 2011″, zanjó el domingo a la radio RPP su abogado Wilfredo Pedraza.
Acusación
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibió 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el exnúmero uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Nadine Heredia, esposa de Humala, también está imputada como cofundadora de su agrupación Partido Nacionalista. Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La Fiscalía pidió 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusan además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja niega haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
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En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”. Humala es el segundo de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
Según la Fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006). Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Fuente: AFP
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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