El Ministerio Público no apelará sobre la decisión del Tribunal de Apelación, que permitió al diputado con permiso Miguel Cuevas dejar la reclusión en la Agrupación Especializada y contar con la prisión domiciliaria. Así lo confirmó el fiscal que lleva adelante el caso, Luis Piñánez.
“El Ministerio Público no va a apelar esa resolución judicial que revoca la disposición del juez, eso es muy importante decir, la cámara (de Apelaciones) no revocó la prisión, lo que revocó fue la resolución del juez”, sentenció Piñánez en entrevista para la radio 1000 AM.
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El Tribunal de Apelación en lo Penal, cuarta sala, admitió el recurso de apelación general presentado por la defensa de Cuevas, por lo que esta medida sustituye la prisión preventiva por otras medidas alternativas a la privación de libertad. Además, se otorgó el plazo de 20 días para el efecto de sustituir la caución personal por caución real, previa presentaciones de condiciones de dominio y demás documentaciones para totalizar el monto de G. 1.702.714.181.
Podría volver a su banca
Con la decisión de no apelar de la Fiscalía, el arresto domiciliario de Cuevas quedará firme y este podrá solicitar su vuelta a la Cámara de Diputados para ocupar su banca, atendiendo que actualmente el legislativo aplica las sesiones virtuales. Es decir, Cuevas podría participar de las sesiones desde su casa sin trasladarse físicamente hasta el pleno de la Cámara Baja.
Luego de la medida alternativa de prisión domiciliaria, Cuevas anunciaba que quiere recuperar su curul en la Cámara Baja, lugar que es ocupado actualmente por el diputado Vicente González Dans, también de Paraguarí.
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Caso Gomes: se aguardan resultados de las pericias de la Fiscalía y de la contraparte
El fiscal Christian Ortiz detalló que sigue el proceso de investigación por el fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y que se aguardan los peritajes de los intervinientes como de la contraparte, la defensa de la familia de Gomes. Durante un allanamiento, en el marco de la causa Pavo Real II, ocurrido el pasado 19 de agosto en su domicilio, el legislador habría reaccionado a tiros contra los agentes policiales, que respondieron y se produjo el deceso.
“Los peritos por las partes ya fueron ofrecidos. Resulta ser que nuestro código establece ciertas pautas con respecto a los derechos que tienen las partes a intervenir y forma parte de esos derechos y están establecidos en el código de reformas el tema de ampliar e impugnar inclusive puntos de pericias, así como también el ofrecimiento de peritos”, explicó Ortiz, este lunes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agrego que “los peritos ya están designados, ya prestaron juramento ante el juzgado y los puntos que están establecidos”. A partir de ahora, se aguarda que se presenten las pericias de ambas partes para “comparar” los hechos que se dieron durante el allanamiento realizado en el domicilio del entonces diputado.
“Una y otra parte van a tener sus pericias, se van a analizar, confrontar seguramente también las conclusiones que se vayan a llegar, y sobre aquellos puntos que no vayan a quedar claros seguramente está dentro de la potestad del Ministerio Público y mismo también del juzgado de solicitarles una ampliación con respecto a esos puntos”, explicó.
El hecho punible por el cual fue abierta esta causa fue “un hecho punible contra la vida”, explicó el agente fiscal, por lo que lo realizaron las acciones en protocolo de lo que se trata como homicidio justamente “para colectar todos los elementos de convicción posibles, asegurarlos y a partir de allí cubrir todas las aristas que podrían darse durante la investigación”.
Aclaró que las investigaciones que lleva adelante el equipo fiscal se inició a partir de lo ocurrido en el allanamiento, no así el procedimiento en sí que se llevó adelante en la madrugada del 19 de agosto. “Hay que recordar que realizado el procedimiento ocurrió la muerte del que en vida fuera el diputado Eulalio Gomes, a partir de allí tomaron intervención colegas de la zona en un primer momento y luego fue conformado el equipo por parte de la fiscalía general”, apuntó.
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Fiscales que investigan a Miguel Prieto recurren al resguardo policial por ataque de turba
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arquitectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.
“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar porque la integridad física se vio comprometida. Evidentemente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Ministerio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inmediatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefacturación en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 personas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integridad física”, refirió.
Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efectivamente mayores medidas de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denuncias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.
El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argumento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputaciones en su contra alega ser un perseguido político. “Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.
Siguió argumentando que nNo debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un Estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.
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A 10 años de la ley de acceso a la información pública destacan avances
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la promulgación de la ley de acceso a la información pública, el Ministerio Público organizó un conversatorio interinstitucional, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El debate fue encabezado por el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández.
Esta oportunidad que sirvió para compartir las buenas prácticas, una observación interna de las áreas públicas que tienen a su cargo el procesamiento y cumplimiento de la ley, compartiendo las buenas prácticas a nivel local. Además, reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de accesibilidad. Igualmente, se visualizó los datos abiertos como mecanismo de transparencia y participación ciudadana.
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El debate contó con la colaboración y disertación de la politóloga Eugenia Braguinsky, experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto. Además, la misma fue directora de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública de la Argentina y es coordinadora de la Red Iberoamericana de Justicia Abierta, quien disertó sobre los avances en políticas e indicadores de accesibilidad de la información.
Otros expositores fueron el magister en derechos fundamentales, Abg. María José Bazán, quien compartió las experiencias en materia de rendición de cuentas, que fueron abordadas con la sociedad civil mediante el programa de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, a través del Centro de Estudios Judiciales CEJ y de la USAID. También, la mirada de la ciudadanía, desde las audiencias de rendición de cuentas en sus diversas modalidades.
Igualmente, disertó la directora Angélica Caniza, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de la Magistratura, sobre los mecanismos de Transparencia en el proceso de Selección. La lic. Mercedes Colman disertó en representación del Ministerio de la Mujer sobre el Observatorio de la Mujer y los datos que se comparten desde esa área.
La Abg. Elida Acosta Dávalos, de la dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, se refirió a los procesos de amparo judicial sobre casos de acceso a la información y al repositorio de casos judiciales.
Este evento se realizó en el marco de la política de administración y eje estratégico de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Desde la Fiscalía General agradecieron el interés y la presencia de los participantes, a fin de redituar en un mejor servicio a la ciudadanía.
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Fiscalía registra este año más de 2.000 causas por imágenes ilícitas de menores
En coincidencia con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora el 23 de setiembre, el Ministerio Público socializó este lunes datos alarmantes sobre dos hechos punibles que involucran a menores: pornografía y proxenetismo. Corresponden a causas tramitadas entre los años 2023 y 2024 que muestran que el delito representa uno de los problemas sociales más graves en Paraguay.
La Fiscalía señala que el año pasado ingresaron 108 causas por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, mientras que las cifras contabilizadas hasta julio de 2024 indican que se reportaron 2.176 causas. “Parte de estos números corresponde a reportes que llegan a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec), desde Estados Unidos”, aclara el informe.
En tanto, en los dos últimos años se denunciaron 206 casos de proxenetismo ante el Ministerio Público. El año pasado ingresaron 137 causas y, hasta julio de 2024, se reportaron 69 causas con esa tipificación, según informaron la Dirección de Denuncias Penales, Informática y la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. “En lo que respecta a la trata de personas, no se registraron de niños víctimas de explotación sexual en los últimos dos años”, indicó el Ministerio Público.
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Asunción lidera las estadísticas
En cuanto al hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes, el 75 % de las causas se concentran en Asunción y Central, siendo la capital la que encabeza las estadísticas. Los meses de mayor registro son abril, mayo y julio. En cuanto al proxenetismo, los meses con mayor número de registros de causas son: junio, julio, agosto, octubre y noviembre.
Entre los departamentos con mayor incidencia se encuentran Central en primer lugar, seguido de Asunción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú e Itapúa, según informó el Observatorio de la Fiscalía. Las autoridades instan a la prevención de los hechos punibles a través de campañas de concienciación sobre los riesgos de aceptar trabajos lejos de sus redes de apoyo. Así también recomiendan mantener la comunicación con la familia o personas de referencia que puedan brindar auxilio en caso de necesidad.
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