La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) manifestó su preocupación con respecto a la grave contaminación de las aguas de la laguna Cerro, un espejo de agua ubicado en el distrito de Limpio, que desde hace algunas semanas muestra un color rojizo, producto del vertido de efluentes industriales.
Representantes de la comisión presentaron proyectos de declaración en los que instan al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), al Ministerio Público y a la Municipalidad de Limpio, con base en las investigaciones, establecer acciones concretas para sancionar, derivar a las autoridades penales pertinentes y encaminar las labores necesarias para restablecer dicho recurso natural, mitigando el impacto ecológico.
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Proyectos de declaración para salvar la laguna Cerro
Los documentos que instan a las autoridades, en ambos casos, hablan de intimar a los responsables a remediar la contaminación y degradación de las aguas de la laguna Cerro, adoptando todas las medidas técnicas y de infraestructura pertinentes para la mitigación del daño y la recuperación integral de la misma.
Mencionan que como resultado de la presión, el Mades impuso medidas preventivas a la empresa WalTrading SA, sindicada como responsable de la contaminación de la laguna Cerro, a fin de iniciar la recuperación inmediata de sus aguas.
Desde la Conaderna indican que estas medidas son independientes a las providencias administrativas y penales que pudieran ser aplicadas en el marco de las leyes ambientales vigentes. Conaderna está integrada por representantes de 20 instituciones del Estado, por el Senado, Juan Afara y Salyn Buzarquis, y por Diputados, Pastor Vera Bejarano.
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Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.
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Exdirector de la Policía Municipal de Tránsito Juan Villalba volvió a prisión
El juez Osmar Legal revocó las medidas alternativas y decretó la prisión preventiva de Juan Villalba, exdirector de la PMT de Asunción, acusado por violencia familiar. Debido al comportamiento procesal del acusado, el referido magistrado decidió revocar las medidas y ordenar la prisión del acusado.
“El acusado se ha mostrado renuente al cumplimiento de los llamados realizados por este juzgado para el avance armónico del proceso penal, en ese sentido, consta en autos, actos dilatorios realizados por el hoy procesado tendientes a obstaculizar el desarrollo del proceso hoy seguido”, indica parte de la resolución del juez Legal.
En su momento, Villalba fue beneficiado con medidas sustitutivas, como la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, comunicar cualquier cambio de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización, de acercarse a las víctimas, entre otras.
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Acusación
Las fiscalas Fátima Villasboa y Susana González presentaron acusación contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Juan Villalba, por violencia familiar contra su esposa y cuñada. Asimismo, solicitó este viernes que el caso sea elevado a juicio oral y público, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
De acuerdo con la acusación, el 5 de diciembre del 2023, alrededor de las 4:00, Juan Villalba y su esposa mantuvieron una discusión en el dormitorio debido a que la mujer se opuso a que el sospechoso haga un viaje. Ella buscó impedir que Villalba saliera del departamento, por lo que aparentemente él la agredió físicamente.
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Maduro recibe amenaza de EE. UU.: debe publicar actas electorales o recibirá acciones “adicionales”
Estados Unidos tomará “decisiones adicionales” si el mandatario venezolano Nicolás Maduro no publica las actas de los comicios, advirtió este viernes la Casa Blanca, un día después de imponer sanciones a 16 funcionarios “por fraude electoral”.
“Maduro tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y “le hemos dejado muy claro” que lo primero que tiene que hacer “es publicar todos los datos electorales y los resultados” de las elecciones, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
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“Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro”, añadió en una rueda de prensa telefónica.
El jueves Washington sancionó a 16 funcionarios de las autoridades electorales, la Corte Suprema, la asamblea nacional, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de Venezuela.
Hasta la fecha ha impuesto sanciones económicas a más de 100 venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico, y 100 entidades.
Lo esencial ahora es ver si Maduro “va a hacer o no lo correcto para los venezolanos. Él tiene que tomar esa decisión y si no lo hace tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta”, dijo Kirby.
El portavoz no especificó cuáles. El sector petrolero se libró el jueves de más sanciones, de modo que siguen vigentes las licencias concedidas a varias petroleras, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, para operar en Venezuela.
La cancillería venezolana calificó las sanciones estadounidenses de “medidas coercitivas unilaterales” y de “nuevo crimen de agresión”.
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Al igual que otros países, Estados Unidos considera que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, al que España concedió asilo, ganó por amplio margen las elecciones del pasado 28 de julio.
Fuente: AFP
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Hambre Cero: “Acá no hay mediación ni compadrismo”, advierte Rojas a empresas
“El propio presidente Santiago Peña dio las indicaciones de que aquí no debe haber ningún tipo de mediación ni compadrismo más que la aplicación estricta de todo lo establecido en el contrato firmado por todas las empresas”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, tras darse a conocer la segunda multa aplicada por el incumplimiento detectado en la provisión del almuerzo escolar en el marco del programa Hambre Cero en las escuelas.
“Desde el principio hemos dicho de que seremos intolerables en el control estricto y en las exigencias del servicio. Lamentamos de sobremanera porque se les ha dado todas las garantías, el Gobierno está invirtiendo muchísima plata en un programa de tremenda importancia que es la alimentación de los niños en las escuelas”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La segunda empresa sancionada por el Gobierno es Distribuidora del Paraguay, perteneciente a Rosa Mabel Capli, con la aplicación de una multa equivalente a G. 1.720.498.903. La primera sanción se dio a conocer el 22 de agosto del 2024 a la firma denominada Granos y Aceites Sociedad Anónima Comercial e Industrial Agropecuaria por un monto de G. 421.529.542.
“Todas las empresas están siendo observadas permanentemente sin distinciones. Hoy los reclamos disminuyeron considerablemente, estamos haciendo un monitoreo constante de las denuncias y evidentemente estas aplicaciones de multas han dado señales y eso les obliga a las empresas a mejorar su servicio”, indicó.
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Asimismo el secretario de Estado acotó: “Todo es ajustable en la medida de que las empresas no se adelantan a los hechos y nos avisan para que podamos revisar el proceso, los lineamientos resueltos y ver la forma de mejorar el servicio. Todo es conversable para ajustar el servicio, pero es imperdonable la provisión de los insumos en mal estado, la mala calidad de la comida y peor aun cuando los alimentos no llegan a tiempo y forma, cuando no sirve la comida”.
Atrasos en pago de salarios
Por otra parte, el titular del Ministerio de Desarrollo Social manifestó que la institución se encuentra recepcionando quejas por parte de los trabajadores de las firmas que alegan atrasos en el pago de sus salarios.
“Desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Alimentación Escolar se dispone de los recursos y en la medida en que las empresas presentan las documentaciones sin ningún problema se le estará abonando lo que corresponde. En estos momentos hay atrasos en la presentación de documentos por parte de las empresas, entonces eso hace que se siga dilatando el pago de los salarios que deben hacer las mismas firmas, valga esa aclaración”, mencionó.