En los últimos dos años, las inversiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) superaron los G. 480.000 millones, con un retorno económico estimado de G. 1,2 billones para la agricultura familiar y la producción nacional. El informe presentado esta mañana en el Hotel Crowne Plaza, por el titular de la cartera, Carlos Giménez, destaca que más de 100.000 familias productoras fueron beneficiadas con acciones que impulsaron la productividad, el acceso a mercados y la generación de ingresos.

Entre los principales resultados económicos se registran: G. 135.000 millones en ventas en ferias agropecuarias, de los cuales G. 100.000 millones corresponden al Programa Hambre Cero. Aumento promedio del 25 % en la productividad de cultivos clave como tomate, papa, cebolla y ajo.

Exportaciones por G. 14.000 millones en productos hortícolas a Argentina y G. 274.000 millones en banana a Chile y Brasil. Fortalecimiento de 1.200 organizaciones rurales, mejorando su capacidad de comercialización y acceso a crédito.

“En nuestro país, nosotros encontramos una agricultura fortalecida, exportadora, sólida, que alimenta a más de 80 millones de personas en el mundo. La agricultura familiar también es fundamental, pero es ahí donde encontramos mucha iniquidad, por lo que nos vamos a enfocar en mejorar dentro del plan 2030″, agregó el ministro durante la conferencia de prensa.

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El documento también detalla inversiones en infraestructura y tecnología, como la instalación de 21 estaciones meteorológicas automáticas, modernización de laboratorios, digitalización de registros de la agricultura familiar y mejora de la conectividad en agencias regionales.

De cara al periodo 2025–2026, el MAG proyecta la expansión de cultivos estratégicos, apertura de nuevos mercados internacionales y mayor acceso a financiamiento para productores rurales, con el objetivo de seguir aumentando el impacto económico del sector.

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México entregó el martes pasado a 26 señalados narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de “alto perfil” de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países. En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había enviado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena" en 1985.

Entre los transferidos el martes pasado se encuentran capos de “alto perfil” de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa“, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales”. El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal. Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta”, quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.

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La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado “El Chavo Félix” y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa.

Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado. Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio “bajo solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”. La operación de este martes “es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, destacó el embajador estadounidense, Ronald Johnson, al expresar su agradecimiento a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país. El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.

También se produce tras reportes periodísticos, la semana pasada, según los cuales Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga, ante lo cual el gobierno mexicano manifestó que “no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses” en su territorio. Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.

El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo. Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.

En Estados Unidos ya están presos otros capos como los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, en espera de ser procesado. No obstante, la banda criminal sigue activa y envuelta en una guerra entre las facciones de ambos capos que deja más 1.000 muertos en Sinaloa (noroeste) en el último año.

Fuente: AFP.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el arresto del líder de una pandilla haitiana, Jimmy “Barbeque” Cherizier, por presunta violación de las sanciones estadounidenses. El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.

Cherizier, de 48 años, y Bazile Richardson, han sido acusados formalmente de haber intentado transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar las actividades de una pandilla, informó el Departamento de Justicia. “Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro en rueda de prensa.

“Es un líder de pandilla responsable de atroces violaciones de los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”, añadió. Cherizier es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2020 y de la ONU desde 2022. El expolicía lidera una alianza de pandillas conocida como la “Familia G9”, cuyos miembros están acusados de asesinato, robo, extorsión, violación, asesinatos, tráfico de drogas y secuestros.

Según el Departamento de Justicia, Cherizier y Richardson, un estadounidense naturalizado que fue arrestado en Texas el mes pasado, recaudaron fondos de la diáspora haitiana en Estados Unidos y transfirieron el dinero a intermediarios en el país caribeño. Cherizier presuntamente utilizó los fondos para pagar a pandilleros y comprar armas. Al menos 3.141 personas fueron asesinadas en Haití entre el 1 de enero y el 30 de junio, advirtió en julio el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

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Con un arma automática al hombro, Jimmy “Barbecue” Chérizier, a quien le gusta presentarse como un revolucionario, encabeza la coalición de pandillas “Viv ansanm” (Vivir juntos) que devasta Haití y controla cada vez más terreno en Puerto Príncipe y el resto del país. A sus 48 años, este expolicía se ha convertido en la figura central de la violencia que sacude desde hace varios años a esta pobre nación caribeña, provocando una crisis humanitaria, política y de seguridad.

Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de cinco millones de dólares por toda información que pueda llevar a su arresto. En febrero de 2024, “Viv ansanm”, la unión de las pandillas G9 y G-Pèp, antaño rivales, lanzó varios ataques contra infraestructuras claves de Puerto Príncipe, provocando la dimisión del primer ministro Ariel Henry y la instauración de un consejo presidencial de transición.

A pesar del despliegue de una fuerza internacional de apoyo a la seguridad en junio de 2024, el grupo liderado por “Barbecue” ha seguido conquistado nuevos territorios. Desde enero, varios municipios del país y barrios de la capital han caído en su poder. Esas pandillas han asesinado a policías y soldados haitianos, y a miembros de la misión internacional, además de provocar el desplazamiento de cientos de miles de habitantes.

El 7 de agosto, mientras el consejo de transición cambiaba de presidente, Chérizier intentó atacar el barrio que acoge las oficinas de esa institución y la del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Mientras la capital despertaba con el tableteo de las armas automáticas de los pandilleros, “Barbecue” apareció en un video para pedirle a la población que dejara que sus hombres alcanzaran ese barrio. “Tenemos que derrocar a esos ladrones que dirigen el país. El pueblo debe ayudarnos en la batalla por liberar Haití”, declaró en la grabación.

No es la primera vez que el expolicía llama la atención. En 2022, al frente de la pandilla G9, bloqueó durante meses la principal terminal petrolera del país, paralizando la distribución de combustible y sumiendo aún más a Haití en el caos. Este episodio desencadenó llamamientos para enviar una fuerza multinacional que ayudara a la policía haitiana, que se encontraba desbordada. Una misión que aún no ha cumplido las expectativas.

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Como muestra de su influencia, Chérizier fue el primero en ser incluido en octubre de 2022 en el nuevo régimen de sanciones de la ONU contra las bandas armadas haitianas (prohibición de viajar, congelación de activos, embargo selectivo de armas). “Viv Ansanm”, la principal coalición de bandas de Haití, también fue designada “organización terrorista extranjera” el 2 de mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A raíz de las sanciones impuestas por la ONU, un informe de expertos de la organización mencionó la implicación de “Barbecue” en la “masacre de La Saline”, ocurrida en 2018 en este barrio marginal de la capital. “Mientras era oficial de la policía nacional haitiana, Jimmy Chérizier planificó y participó en los ataques de La Saline”, afirmó también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al imponerle sanciones a finales de 2020.

Durante esos acontecimientos, que se saldaron con 71 muertos en pocos días, las pandillas, utilizadas a veces por las autoridades para acallar las reivindicaciones de los barrios populares, “sacaron a las víctimas, incluidos niños, de sus casas para ejecutarlas y arrastrarlas por la calle, donde sus cuerpos fueron quemados, descuartizados y dados de comer a los animales”, escribió entonces el Departamento, refiriéndose al apoyo prestado a Chérizier por dos altos cargos de la administración del expresidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado en 2021. Pero el líder de la banda, que publica a menudo vídeos en las redes sociales, rechazó las acusaciones en su contra. “No soy un gánster, nunca seré un gánster”, afirmó en 2021 en una entrevista con la cadena Al Jazeera, asegurando que lucha “por otra sociedad”.

Fuente: AFP.

Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.

Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.

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“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.

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También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.

El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.

Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.

Fuente: AFP.