El diputado Raúl Benítez informó sobre la decisión de postergar sine die el tratamiento del proyecto de reforma del sistema de transporte público, impulsado por él y otros legisladores. La postergación se dio mediante previo acuerdo con el diputado Miguel del Puerto con el objetivo de estudiar la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, el legislador del Partido Encuentro Nacional indicó que la semana pasada se desarrolló una audiencia a la que calificó como “muy productiva”, en la que participaron: el Viceministerio del Transporte, empresarios del transporte público y organizaciones civiles, entre ellas, Opama, espacio donde se estudió tanto la propuesta de los diputados como la del Gobierno.

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“No hemos culminado el análisis, esa es la realidad, nosotros hicimos una propuesta, que tiene alrededor de 60 a 70 artículos y por el otro lado está la propuesta del Gobierno, que tiene cerca de 100 artículos, entonces hemos llegado a un acuerdo con el colega Miguel del Puerto para el aplazamiento de este proyecto por ahora sine die, esperando seguir trabajando en la propuesta de reforma del gobierno”, expuso.

El diputado colorado del Puerto también habló ante el pleno, recalcando que secunda el aplazamiento. “Este es el Gobierno que ha tomado por las astas este problema tan delicado y por tantos años postergado, así que esperamos el análisis exhaustivo por el Senado, después haremos lo mismo por la Cámara de Diputados”, ratificó.

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El proyecto de ley que fue presentado el pasado 24 de julio ante el Congreso Nacional para su estudio “mejorará, en general, el ecosistema del transporte público”, apunta el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Un técnico especialista insiste en la implementación del sistema ferroviario y los usuarios organizados reclaman participación. Aquí un panorama.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo / Gentileza

“Lo que busca­mos es mejorar el servicio de transporte público y la eco­nomía de las familias, man­teniendo bajo su gasto de bol­sillo en movilidad”, resume el viceministro de Trans­porte, Emiliano Fernández. Se aspira a que sea “un servi­cio digno y con mejor veloci­dad para los desplazamien­tos con vías preferenciales e inversión vial constante”.

“La idea es mejorar aspectos financieros, generar o atraer a empresas solventes, incorpo­rar flota nueva, dar un mejor servicio a los actuales usua­rios y atraer a nuevos”, agrega.

Expone que “El bus que viene” es un proyecto inte­gral que abarca ejes de gober­nabilidad, modelos de con­tratación, financiamiento y planificación metropolitana. “Además de seguir cubriendo Asunción y alrededores pro­ponemos mecanismos para extendernos a nuevas áreas metropolitanas, como Ciu­dad del Este o Encarnación. La futura ley nos permitirá llegar al interior”, asegura.

Aquí su diálogo con La Nación/Nación Media:

–La ley, una vez aprobada, será permanentemente eje­cutada. Si hablamos de las mejoras más importantes se prevé que se inicien en 2026. La idea es que haya servicios nocturnos, incorporación de buses eléctricos, construc­ción de estaciones de carga­dores, información de servi­cios de transporte público metropolitano en Google Maps, entre otros.

–Uno de los pilares centrales es la renovación y ampliación de la flota con la incorpora­ción de buses 0 km, tanto a combustión como eléctricos. Se estima una inversión de 300 millones de dólares para renovar 1.000 unidades, cifra que representa la cantidad de buses que alcanzarían su vida útil antes de finalizar el actual periodo de gobierno. La incorporación de estos nue­vos vehículos será impulsada principalmente por el sector privado a través de procesos de licitación que adjudicarán tanto la operación como la provisión de flota. El esquema de financiamiento prevé que los pagos correspondientes a la operación y la inversión en flota se realicen dentro del propio sistema, mediante el mecanismo de tarifas técni­cas, subsidios y pasajes.

–La propuesta de ley de reforma otorga las herra­mientas jurídicas necesa­rias para avanzar en el orde­namiento del sistema. La ley nos habilita a reordenar itine­rarios, generar instrumentos de planificación, establecer un nuevo esquema de finan­ciamiento y aplicar diversas medidas que contribuirán al reordenamiento, pero de manera gradual.

–El fideicomiso, en esta ley, es un fondo creado con todo el dinero generado por el sis­tema de transporte, gestio­nado por la Agencia Finan­ciera de Desarrollo (AFD). Entre las fuentes de recur­sos estarán las cargas por los usuarios en sus tarjetas, los subsidios que otorga el Estado, determinadas mul­tas, cánones que pudieran pagar las empresas, entre otros. La idea es que desde este fondo se pague a todos los prestadores, es decir, a los que proveen los buses, a las empresas operadoras, a quie­nes proporcionan los patios de estacionamiento para los buses, etc. El MOPC será el fideicomitente de este fondo.

–Se prevé la elaboración de políticas tarifarias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de definir los beneficios para las poblaciones más vulne­rables. Cabe resaltar que estos no se modifican y que, además, el proyecto de ley incluye otros bene­ficios como des­cuentos por uso frecuente e inte­gración tarifa­ria (transbor­dos gratuitos o a menor costo).

–Se prevé que los operadores que se inserten en el nuevo modelo tengan experiencia y se acceda por vía competi­tiva, mediante licitaciones que estarán abiertas para cualquier empresa, nacional o internacional, en las cuales podrán participar los actores actuales. Bus­cando una transición ordenada, se incentiva la creación de con­sorcios para postu­lar a las nuevas lici­taciones.

–Todo este conjunto de mejo­ras motivará en las decisio­nes de empresas para ensam­blar buses en Paraguay. De hecho, ya se cuenta con el proyecto de la empresa Master Bus de Taiwán –que apunta tanto a Paraguay como a la región– y otros proyectos que están siendo monitoreados principal­mente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Fernando Maidana, arquitecto urbanista especialista en transporte, considera que en Asunción y Central se necesita “un reordenamiento de la gobernanza del sistema, ya que actualmente hay una descoordinación de los buses inter­departamentales, los buses metropolita­nos y los buses municipales”.

Apunta por ello que el pro­yecto gubernamental que estudia el Congreso “en su redacción actual propone ajustes administrativos para el sistema de trans­porte público. Necesita­mos que el Viceministerio de Transporte delegue la planificación y operación de los servicios de buses a las gobernaciones para que el Gobierno Nacional se pueda encargar de reintroducir y operar el sistema ferroviario en Paraguay”, expone.

Para ello propone “un plan eje­cutivo que establezca en deta­lle las características del ser­vicio que se quiere alcanzar y una propuesta financiera, que logre efectivamente colocar inversión en el mejoramiento de la infraestruc­tura y de la calidad del servicio del transporte público”.

Maidana, que tiene una maestría en Planificación y Políticas Urba­nas en Rotterdam, Países Bajos, considera que para mejo­rar el sistema se deben tener en cuenta cuestiones técnicas como malla de iti­nerarios, cálculo de buses necesarios en cada itinera­rio, frecuencias de buses en cada iti­nerario y un cálculo presupuestario para cada itinerario”.

El urbanista, con expe­riencia en políticas y proyectos de planifi­cación territorial y del transporte, enfatiza que de manera inmediata se requeriría “revisar la tarifa técnica para saber el costo real del pasaje”.

Gustavo Espínola y Griselda Yúdice, de la Organización de Pasajeros del Área Metro­politana de Asunción (Opama), señalaron que “como pasajeros creemos que de manera inmediata el Viceministerio de Transporte (VMT) debe impulsar cambios como carriles exclusivos, renovación de la flota, reingeniería de los itinerarios, paradas cada 500 metros y tarifa integrada (transbordo gratuito)”.

“Vemos una coincidencia de todos los secto­res, sean pasajeros o no, de que el sistema de transporte público debe mejorar. Pero tam­bién se debe ser claro en cómo se va a solven­tar esta reforma, los detalles sobre la financia­ción y la calendarización de la ejecución de la reforma”, consideraron.

El proyecto de ley plantea nuevas modalida­des de división del servicio, “que pueden salir bien como también pueden salir mal si no se fortalece la capacidad pública para el control del sector privado. Además, los pasajeros exi­gimos tener más participación en las decisio­nes que afectan a nuestra movilidad, al mismo nivel que los empresarios”, reclamaron.

Pidieron a su vez “avanzar en mecanismos de generación de datos y transparencia de toda la información referente a movilidad. Los datos sobre tarifa técnica, subsidio, resolución de frecuencias, cantidad de pasajeros, presu­puesto deberían ser públicos y de fácil acceso para la ciudadanía, y habilitar un mecanismo de denuncia para los pasajeros”, concluyeron.

El viceministro de Transporte destaca que “un tema esencial del proyecto es la declaración del servicio de transporte público metropo­litano de pasajeros como un servicio público imprescindible”. Lo hace entendiendo que “eso le dará una mayor fuerza jurídica para exi­gir a los concesionarios que brinden servicios todos los días independientemente de las cir­cunstancias”.

Esto significa en términos prácticos “que el servicio no puede parar. Se debe garantizar continuidad y regularidad incluso frente a epi­sodios de paros y huelgas bajo pena de san­ciones muy fuertes. Si bien esto de la impres­cindibilidad ya estuvo en la Ley 1626 “De la función pública” y se puede interpretar de la nueva ley del servicio civil, lo cierto es que no estaba en la ley del transporte, en la ley espe­cializada, como proponemos ahora”, apunta.

“La otra herramienta importantísima es que vamos a firmar contratos separados para la provisión de los buses y la operación. Los buses van a ser pagados por la disponibilidad para el sistema, independientemente de quién los opere. Así, cuando un operador falla y tiene que retirarse, los buses van a seguir tra­bajando y pasarán al nuevo operador, porque son contratos separados”, expone.

La flota de buses pasó de 2.500 a 1.782 en los últimos años.

A pesar de la renovación de 2015, la antigüedad de la flota es de 11,54 años promedio.

En los últimos 20 años el diésel aumentó un 3 %, los salarios en un 7 % y los cos­tos de los vehículos un 4 %, mientras que el pasaje man­tiene su precio hace 10 años gracias a los subsidios.

Hace 20 años había 60 empresas concesionarias. Hoy en día son 33.

Fuente: Datos consignados en el proyecto “El bus que viene” remitido al Congreso

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que se busca un servicio con eficiencia y regularidad, al acudir este jueves a la audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre el “plan de reforma del transporte público de pasajeros”, en torno al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, que ya se encuentra en la Cámara Alta para su estudio.

“Esta es una reformas estructural, es un proyecto de ley que da habilidades jurídicas al Estado para hacer lo que debe hacer obligatoriamente, que es garantizar la movilidad de la gente, la gente tiene derecho a movilizarse, por lo tanto, el Estado tiene que tener instrumentos jurídicos que habiliten a abordar todas las situaciones”, expresó Fernández en conversación con los medios de comunicación, antes del inicio del encuentro.

Expresó que, actualmente, la mayor deficiencia en el sistema de transporte es el tiempo de espera y la incertidumbre de la frecuencia de los mismos, señalando que para paliar esta situación se prevé la incursión de más buses, aumentando así la frecuencia en los itinerarios.

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“La peor cosa es esperar mucho y no saber si viene o no viene, esa es la peor cosa que sucede, y eso se aborda en el proyecto de ley de dos maneras, una que es bien visible que es: necesitamos más buses, y necesitamos buses nuevos; lo segundo, la tecnología, con que nosotros damos al ciudadano el servicio de transporte público, esa tecnología de tener claro a qué hora viene el bus, así como se usan en las plataformas privados”, explicó.

Con relación a la tarifa final para el usuario, indicó que en ningún momento se analizó o se discutió sobre el aumento del precio del pasaje. “Nosotros no estamos hablando, en ninguna mesa, ni con el presidente (Peña), ni con la ministra (Claudio Centurión), ni con nadie de cambios en el pasaje al usuario. La ley prevé que el precio del pasaje debe ser accesible para todos, tiene que haber un precio que dé oportunidad de movilidad de la mayor parte de la población, hoy no hablamos del cambio del pasaje”, refirió.

El viceministro indicó que determinados factores estarían siendo abordados más adelante. “Estas cosas, evidentemente, a medida que afinemos el proyecto vamos a abordar, pero no hablamos de cambio del pasaje bajo ningún aspecto, lo que hablamos de hacer más eficiente el sistema, y si hacemos más eficiente, incluso podemos mejorar las finanzas del sistema”, sentenció.

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El próximo martes 12 de agosto se llevará a cabo una Audiencia Pública, donde se podrá analizar el proyecto de ley de Reforma del Sistema de Transporte Público. Así anunció el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez.

Confirmó que la convocatoria incluirá a representantes de la sociedad civil, empresarios del sector, autoridades del Poder Ejecutivo y referentes del área de transporte.

Núñez habló con la presa al término de la sesión ordinaria de este miércoles y abordó varios temas, entre ellos, la preocupación de la ciudadanía por contar con un sistema de transporte público decente. Por ello, tomó el desafío de convocar a los distintos sectores para comenzar el estudio de la propuesta legislativa.

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“El ciudadano ahora ya casi no se traslada más en buses, sino que utiliza las plataformas móviles antes que usar el transporte público. A esto viene aparejado la cantidad de accidentes de tránsito que se está registrando actualmente”, acotó.

Asimismo, el legislador colorado recordó que en la sesión pasada el plenario aprobó para que este proyecto de ley, que fue presentado por el Ejecutivo, tenga tratamiento de Código, lo establece el plazo de un mes.

“Todas las sugerencias que tengamos de la sociedad civil organizada, de las distintas organizaciones, de los colegas senadores, de los transportistas; las comisiones van a tener en cuenta en su estudio”, precisó.

Mencionó que como titular del Senado ha tomado este desafío de convocar a todas esas organizaciones, y ha solicitado a los presidentes de las distintas comisiones asesoras como Obras Públicas, Legislación, Hacienda entre otros que estén presentes durante la audiencia pública. Independientemente a que estas mesas asesoras puedan volver a convocar a otras audiencias públicas dentro del plazo establecido.

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