La Cámara de Senadores, finalmente, designó a los tres aspirantes para integrar la terna para la elección del nuevo subcontralor, que está integrada por Augusto Paiva, Camilo Filártiga y Rolando Duarte. La terna pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se deberá designar al nuevo funcionario de la Contraloría General de la República.
La conformación de la terna se dio en la sesión extraordinaria que fue convocada este jueves por el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, para tratar el tema, luego de lograr un acuerdo entre las bancadas.
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La sesión extraordinaria se desarrolló con 37 senadores, en presencia virtual, y con una amplia mayoría los opositores lograron incluir a sus candidatos en esta terna. Fueron presentadas dos ternas, de las cuales la primera obtuvo 25 votos a favor, mientras tanto la segunda solo obtuvo 12 votos.
La propuesta con los tres nombres, Augusto Paiva, Camilo Filártiga y Rolando Duarte, fue mocionada por el senador liberal Amado Florentín, acompañado por las bancadas del Partido Democrático Progresista (PDP), el Frente Guasu y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que finalmente fue aprobada.
Mientras tanto, el senador del Partido Hagamos Patrick Kemper propuso otra terna integrada también por Camilo Filártiga y Rolando Duarte, sin embargo incluyó a Mario Florenciáñez, en lugar de Augusto Paiva. Esta terna no logró la cantidad de votos requeridos para su aprobación.
Las bancadas opositoras y algunos senadores de Colorado Añetete, quienes responden al acuerdo de la mesa directiva actual, presidida por Óscar Salomón, no habían logrado un acuerdo en los nombres de los postulantes al cargo. Sin embargo, esta vez lograron concretar las negociaciones y se dio la integración de la terna.
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Puja para la Defensoría del Pueblo inicia este lunes con audiencia pública de candidatos
El Senado iniciará mañana lunes 24 de agosto el ciclo de audiencias públicas para analizar los perfiles y las propuestas de los candidatos a defensor del pueblo y defensor adjunto, paso previo para la conformación de la terna que será remitida a Diputados.
La selección para ambos cargos debe concretarse antes del próximo 10 de noviembre, periodo en que fenece el mandato del actual defensor del pueblo, Rafael Ávila. Las audiencias públicas iniciarán a las 10:00 y se desarrollarán en la Sala de Sesiones del Senado, ubicada en el tercer piso, con una tolerancia de 20 minutos.
Para la primera jornada fueron convocados Rafael Ávila, quien busca su reelección en el cargo al igual que Natalia Sosa Flores, quien se desempeña actualmente como defensora adjunta.
También acudirán a las audiencias públicas, Federico Génez, Isidro Miño, Alejandro Castillo y Alex Benítez. El defensor del pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por la Cámara de Senadores. Dura cinco años en sus funciones, coincidente con el período del Congreso Nacional y podrá ser reelecto.
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De conformidad con el artículo 278 de la Constitución Nacional, quienes aspiren al cargo de defensor del pueblo deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser diputado. Esta exigencia también se aplica para el cargo de defensor del pueblo adjunto, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley n.° 631/1995.
La Carta Magna refiere que para ser elegido defensor del pueblo se requiere la nacionalidad paraguaya, ser mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
El defensor del pueblo goza de inamovilidad y solo cesa en sus funciones por las siguientes causas: renuncia presentada ante la Cámara de Diputados; expiración de mandato; muerte o incapacidad de hecho sobreviniente declarada por la Corte Suprema de Justicia; haber cumplido la edad de 75 años y juicio político en los términos establecidos por la Constitución Nacional.
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Núñez plantea modificar ley de ITV y agilizar la quita de puntos ante tragedias viales
En el marco del encuentro que tendrán este lunes 24 de agosto los senadores y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, lanzó una serie de propuestas y acciones relacionadas con las modificaciones legales, controles y mejoras en la infraestructura para mitigar las tragedias viales.
Como primer punto, Núñez propone a sus colegas la modificación de la Ley de Inspección Técnica Vehicular (ITV) y la concreción de una norma de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
“Nosotros los legisladores también somos culpables por omisión. Debemos impulsar leyes más efectivas para disminuir o erradicar la siniestralidad vial, que se cobra cerca de 4 vidas de compatriotas todos los días”, afirmó en sus redes sociales oficiales.
La presencia de Centurión se encuentra prevista para las 9:00 en una reunión abierta que mantendrá con los miembros de la mesa directiva para evacuar las consultas relacionadas con el siniestro vial registrado el sábado 15 de agosto, en el cruce de la compañía Pedrozo de Ypacaraí, hecho que dejó 6 fallecidos.
Aprovechando la convocatoria a la alta funcionaria de Estado, Núñez también propone la exigencia de cursos aprobados para la obtención de licencias de conducir, la provisión y uso de mayores tecnología para fortalecer los controles en las rutas, la mejora de la infraestructura vial y la aplicación de sanciones más estrictas ante conductas como conducir bajo los efectos del alcohol o utilizar el celular en el volante.
Además, se refirió al control efectivo de la utilización del casco, especialmente entre los motociclistas y la urgente aplicación del sistema de puntos en las licencias de conducir, mecanismo que permitirá registrar y sancionar las infracciones cometidas por los conductores.
“Basta de borrachos o imprudentes. Se debe aplicar si o si el sistema de puntos en las licencias de conducir ya que es un mecanismo de control y reeducación vial”, puntualizó.
Recordó que mediante el sistema “cada conductor parte con un saldo inicial de puntos y las infracciones graves o gravísimas restan puntos. Si se agotan, se suspende o inhabilita la licencia y se exige un curso de reeducación para recuperarla. Así sacamos un peligro menos de nuestras rutas”.
De acuerdo a lo comunicado por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), el sistema está previsto para comenzar a aplicarse recién en enero del 2027. La medida estipula que cada licencia cuente con 225 puntos, que serán descontados de acuerdo con las infracciones cometidas, la acumulación de sanciones puede derivar en la suspensión de la licencia por distintos períodos, con una suspensión que puede llegar hasta cinco años, según la gravedad y reiteración de las faltas contempladas por el sistema.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Instalan mesa de trabajo para analizar proyecto que eleva penas por exposición al peligro terrestre
La Cámara de Senadores convocó a una reunión de trabajo este viernes con representantes de varias instituciones vinculadas a la seguridad vial, para analizar el proyecto de ley que plantea elevar penas por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre. Se trata del proyecto de Ley “Que modifica los artículos 107 y 217 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal”.
La propuesta plantea elevar las penas para los casos especialmente graves de homicidio culposo y fortalecer las sanciones aplicables a quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, particularmente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
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Durante la reunión, el senador Eduardo Nakayama explicó que la iniciativa surge ante los graves hechos de tránsito registrados en el país y, particularmente, a raíz del accidente ocurrido en la ruta Luque-San Bernardino, que causó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos niños.
El parlamentario señaló que existe preocupación ciudadana respecto de la respuesta penal prevista actualmente para determinados hechos de tránsito con consecuencias fatales. En ese sentido, sostuvo que se busca establecer una política criminal acorde con la gravedad de estos hechos y que, al mismo tiempo, produzca un efecto disuasorio.
El proyecto plantea elevar hasta 10 años de privación de libertad la pena aplicable a los casos especialmente graves de homicidio culposo, considerando factores como las circunstancias del hecho, el número de víctimas y el grado de imprudencia del responsable.
Asimismo, propone establecer una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, además de una inhabilitación para conducir por un periodo mínimo de 18 meses y la posibilidad de revocar definitivamente la licencia en casos de reincidencia.
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