El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que su informe final ya fue remitido a los Estados Unidos. El pasado 14 de julio, la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, dio por culminada su actividad.

“Hubo una campaña mediática en contra de esta comisión. Nosotros hicimos un trabajo serio. El informe final ya fue trasladado a los Estados Unidos, estamos en condiciones de ir a defender, inclusive, si nos convocan en algún momento. Estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó”, sostuvo el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la 780 AM.

El documento había sido remitido previamente a la Cancillería, el pasado 25 de julio, para su remisión con sus conclusiones y recomendaciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Ojalá que las autoridades de ese país convoquen al embajador paraguayo designado Gustavo Leite, quien fue relator de la comisión y conoce al dedillo los detalles de los datos tabulados, consolidados, y nadie puede negar la discrecionalidad con que se utilizaron los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Paraguay”, comentó.

El senador había detallado anteriormente que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado que USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y que USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés. El 71 % del millonario recurso fue para salarios.

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Los trabajos de la CBI, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, también ya fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo había anunciado Amarilla.

En total son nueve tomos que constan de 1.311 folios con sus respectivos anexos. Desde el tomo I hasta el VI se centra en el eje uno, “Lavado de activos ligado al financiamiento de político vía organizaciones sin fines de lucro; el VII se basa en el eje dos, “Lavado de activos provenientes del tráfico de armas”; el VIII analiza el “Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas”.

Por último, el tomo IV contiene el informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Los anexos entregados en pendrive contienen audios, videos, notas varias, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados, informe final, entre otros.

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La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el trabajo que lleva adelante el interventor municipal, Ramón Ramírez, que no solo está confirmando las denuncias que presentaron ellos como organización civil; o las que hizo la propia Contraloría General que motivó la intervención misma, sino que está sacando a luz nuevos hechos que no estaba a conocimiento de la ciudadanía.

En conversación con La Nación/Nación Media, resaltó que son personas bastante técnicas, que están presentando todas las conclusiones que desde el principio ya sabían que iban a ser positivas. En el sentido de que el mayor ente contralor que tiene el país es la Contraloría General de la República emitió, con todos los técnicos que tiene, un informe sobre las evidencias que ahora el equipo de intervención está corroborando.

“Como organización civil estamos súper satisfechos, porque se confirman todas las denuncias que veníamos haciendo. Además, no es, como decían ellos, sobre una persecución política, porque acá se hacen trabajos técnicos, se corroboran con documentos. A pesar de que, no es tan bueno para la ciudad, lógicamente porque afecta a todo lo que es la gestión pública, pero sí estamos satisfechos en el sentido de la comprobación de los hechos”, remarcó.

Asimismo, resaltó que se han verificado y constatado, para presentar una denuncia tan seria ante el Ministerio Público, la existencia de un esquema de defraudación a las arcas municipales, en la administración del intendente Miguel Prieto. Ya que se emitían comprobantes legales de la municipalidad, pero los recursos no ingresaban a la tesorería finalmente.

Al respecto, la licenciada Montiel señaló que este esquema se repite no solo en la dirección de Impuestos Inmobiliario que estaba a cargo de la prima del intendente, Prieto, la cual fue calificada por el propio jefe comunal como “la más impoluta” y que gracias a ella supuestamente aumentó la recaudación. Indicó que por lo dicho por el propio Prieto, este esquema de caja paralela se repite en otras dependencias.

Remarcó que en la Municipalidad de Ciudad del Este, existe toda una cadena de responsabilidad, desde los funcionarios, directivos y hasta el intendente municipal.

Señaló que el interventor explicó que en este caso, el sistema que tiene la municipalidad permite los accesos mediante los perfiles de usuarios, en el cual la directora de Impuestos Inmobiliarios es la que tenía el administrador de la base de datos y la que, justamente, liquidó y modificó, los ingresos de los últimos años de pago, más o menos.

“Hay toda una cadena de responsabilidades. Ahí están involucradas varias personas, inclusive la gente de auditoría interna. Porque si auditoría interna supuestamente tenía ya un informe referente a hechos que se habían denunciado; y no sé si en el informe que menciona Prieto, en su supuesta denuncia también señala otro departamento, como el caso del impuesto inmobiliario. La gente de administración y finanzas también tienen que aclarar esto”, precisó.

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El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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El senador Juan Carlos Galaverna asumió este lunes la presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), tras la renuncia de la senadora liberal Noelia Cabrera, involucrada en un escándalo por sus sobrinos planilleros en el Senado. La instalación de la nueva mesa directiva se realizó en la Sala Paz del Chaco, con la presencia del presidente del Senado, Basilio Núñez.

El cambio se dio a través de la resolución firmada por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, en la cual se modifica la resolución N° 15 de fecha 7 de julio del 2025, por la cual se integró la Conaderna para el periodo del 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2027.

“Con esta resolución queda designado el senador Juan Carlos Galaverna como presidente de Conaderna acompañado del colega senador Rojas, como miembro. Desde la presidencia vamos a estar acompañándole, también a los funcionarios, sabemos que va a realizar una función acorde al cargo”, indicó el presidente del Senado.

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“Vamos a honrar el cargo, esta confianza que nos deposita todo el pleno del Senado, y estamos para trabajar. La primera medida que quiero anunciar, como presidente de esta comisión es que vamos a poner a disposición esa camioneta (que fue utilizada por la senadora Cabrera), vamos a poner a disposición de la presidencia del Senado, y también vamos a solicitar un corte administrativo”, expresó el senador Galaverna.

Explicó que, al darse el cambio, solicitará un corte administrativo para interiorizarse de cómo se encuentra la situación administrativa de la comisión. En cuanto a la camioneta utilizada por la senadora Cabrera, en el cargo de presidenta de la Conaderna, indicó que entregará a la presidencia del Senado, ya que no requiere de su uso. “Yo tengo mi vehículo particular, no necesito utilizar ese vehículo”, señaló.

El presupuesto manejado por la comisión es de G. 4.813 millones, de los cuales ya se ha ejecutado el 41 %, de acuerdo a las explicaciones del senador. “El 77 % va destinado a pagos de salarios de todos los funcionarios y el restante es para gastos operativos de la comisión”, apuntó.

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