El gobernador del Guairá, César Sosa, se refirió acerca del tractorazo que impulsan los cañicultores como medida de fuerza en reclamo a la falta de culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.

“En el gobierno de Mario Abdo Benítez hubo una sobrefacturación gigantesca, esto no lo digo yo, sino las auditorías y todos los controles que se hicieron en el nuevo gobierno. La obra no se puede tocar sin antes tener un veredicto en la parte judicial. Necesitamos desempolvar para ver quién es el culpable y contra quién apuntaremos. Yo les entiendo a los cañicultores, pero necesitamos saber si fue la empresa encargada de la obra o las autoridades que estaban de turno”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando llegue el presidente Peña de Estados Unidos tendremos una mesa de trabajo ¿Dónde están los culpables de este error?“, reclamó el jefe departamental. Los 2.000 cañicultores movilizados pertenecen a los distritos de Guairá, Caazapá y Caaguazú. Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.

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“Esta es una situación difícil. Nuestra responsabilidad es buscar una solución y golpearemos todas las puertas posibles para eso, no podemos salir en contra de este sector. Se necesita reactivar la obra, necesitamos sacar a la luz quién es el culpable. La gente tiene memoria corta y quiere culpar al gobierno entrante sobre lo que pasó en el anterior gobierno", sostuvo.

La actual planta de molienda tiene más de 40 años y trabaja apenas dos o tres meses al año debido a constantes fallas mecánicas. La nueva maquinaria permitiría triplicar la capacidad de procesamiento, pasando de 2.400 a más de 6.000 toneladas diarias.

Entre los requerimiento de los cañicultores también figura el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. Otro pedido guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recu­sación contra el fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, planteada por la defensa de los exminis­tros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución polí­tica mediante la instrumen­talización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impul­sadas apuntaban a bastar­dear la causa penal con la finalidad de buscar impuni­dad. Los abogados sostuvie­ron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar ses­gado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Can­dia, entiende que los argu­mentos esgrimidos por los letrados no constituyen moti­vos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recu­sación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fis­cales inferiores. Cabe recor­dar que la audiencia prelimi­nar para los procesados sigue pendiente.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, lamentó el abandono que sufrieron las 1.000 familias vulnerables del barrio San Francisco, a raíz del odio y revanchismo político que predominó durante el gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Agregó que la millonaria deuda por la prestación de servicios básicos es una muestra clara de la desatención que padecieron los pobladores del complejo habitacional.

“El barrio tuvo un abandono de cinco años, en ese periodo ni siquiera el consumo eléctrico y agua se regularizó. Nosotros tenemos una deuda multimillonaria con la Administración Nacional de Electricidad y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay”, sostuvo.

El secretario de Estado detalló que la deuda ocasionada por la administración de Abdo Benítez con ambos entes trepa a G. 30.000 millones. “Hoy existe un proceso de regularización, estamos trabajando, buscando soluciones”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Las afirmaciones de Baruja surgieron antes de las denuncias realizadas por los pobladores del barrio, consistente en la falta de titulación de sus viviendas. “Estamos en permanente contacto con ellos, y muchas veces entendemos que, lógicamente, hay ansiedad, pero se requieren tiempos para lograr las documentaciones, porque realmente todo el trabajo paró durante el gobierno anterior”, comentó.

El barrio San Francisco fue edificado durante la administración presidencial de Horacio Cartes, en homenaje al papa Francisco, quien visitó Paraguay en 2015 y falleció el lunes 21 de abril a los 88 años de edad a causa de un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca en la Casa Santa Marta.

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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, indicó que continúa el apoyo militar en las zonas afectadas por las lluvias en los departamentos de Concepción y Alto Paraguay. Ambos departamentos cuentan con un despliegue militar tanto para la limpieza de canales como para el envío de víveres y otros insumos necesarios.

“Se estableció un puente aéreo entre Asunción y Fuerte Olimpo (Alto Paraguay), a través de un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya. El día de ayer, este avión aterrizó en Fuerte OIimpo con 2.000 litros de combustible para helicópteros, en caso de que haya necesidad, vamos a hacer nuevamente un envío de esa magnitud para que el helicóptero de Policía Nacional pueda operar sin inconvenientes”, mencionó.

El titular de la cartera de Defensa dejó en claro que todas estas actividades de apoyo a los afectados por las lluvias están bajo el monitoreo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la tarea del Ministerio de Defensa es apoyar este trabajo, sobre todo lo que se trata con los medios aéreos para hacer llegar los insumos estos departamentos.

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“La SEN tiene suficientes medios terrestres, pero cuando el desplazamiento debe ser aéreo, nosotros ponemos a disposición de la Secretaría aviones y helicópteros para que ellos puedan hacer llegar los kits de alimentos a los compatriotas”, explicó el ministro en conversación con varios medios de prensa.

Desde la institución indicaron que en coordinación con la Gobernación de Concepción hubo un desplazamiento de personal y maquinarias a la localidad de San Lázaro para realizar limpieza de canales en dicha ciudad que fue muy afectada por las lluvias recientes. “Mientras continúe esta situación de emergencia, vamos a estar alerta, no tenemos horario ni día porque así la ciudadanía nos reclama”, concluyó.

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