La solicitud de orden de allanamiento a la Municipalidad de Encarnación fue rechazada por la jueza Claudia Scappini. La fiscala Liliana Galeano fue quien planteó el pedido. Varios concejales venían denunciando una serie de irregularidades en la comuna, a esta situación, el intendente Luis Yd la calificó como una persecución política.
El fundamento para el rechazo se da en cuanto a la norma que determina las restricciones establecidas para los allanamientos, que no regirán para las oficinas administrativas o edificios públicos.
La medida se tomó dado que no hubo rechazo por parte del responsable de la jefatura de Hidrocarburos para la exposición de documentos públicos a los concejales, quienes denuncian adulteración de documentos de esta oficina.
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Así, la jueza ordenó el levantamiento del lacrado de la dependencia municipal ubicada en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, manifestando que no hubo rehúso al ingreso en las oficinas a ninguna persona.
El pedido se dio por parte de los ediles César Rojas, Sebastián Remezowski y Andrés Morel, quienes denuncian hecho de manipulación de documentos.
La semana pasada se solicitó al Poder Ejecutivo la intervención a la administración Yd, por denuncias de irregularidades en cuanto al balance de gestión. La Junta Municipal de Encarnación había rechazado la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2019 y aprobó la solicitud de intervención.
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Duplicación de cobros en Caja Municipal asciende a G. 10.000 millones, denuncian
El Ministerio Público realizó un allanamiento a la sede de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, debido a una denuncia de duplicación de cobros que ascienden a G. 10.000 millones. El presidente de la institución, Venancio Díaz, indicó que este hecho fue detectado a partir de una auditoría interna.
“Estos eran actos discrecionales, es decir, no tenían la participación del Consejo en la autorización. Tres o cuatro funcionarios estaban vinculados en estos procedimientos irregulares que se dieron durante años y que perjudicó a la Caja. Ojalá podamos recuperar ese dinero porque el daño fue enorme”, expresó Díaz.
El sistema de devolución establecido se prestaba para que este tipo de hechos se dé, afirmó el presidente de la Caja, quien indicó que se pudo detectar este hecho a partir de la auditoría interna realizada luego del incendio producido en la sede de la institución el pasado mayo, el cual según la Fiscalía, fue un evento provocado y de hecho, un funcionario ya está imputado por el hecho.
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“En esa investigaciones descubrimos un esquema de duplicación de cobros, presentamos la denuncia por un monto determinado y al terminar la auditoría interna llegó a G. 10.048 millones. Presenté la denuncia totalmente documentada como presidente de la institución con todos los informes y respaldos”, refirió a la 780 AM.
La hipótesis del Ministerio Público es que se habrían falsificado más de 277 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío. De acuerdo a lo que explicó la fiscal Luz Guerrero a Universo 970 AM/Nación Media, se incautaron documentos y libros internos, donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes .
”El sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, señaló. Por su parte, Díaz aseguró que en algunos casos se llegó a utilizar un mismo expediente para hacer cobros hasta en cinco oportunidades.
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Allanan Caja Municipal por desvíos cercanos a los G. 10.000 millones
La Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal fue allanada este viernes por parte de una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente del Ministerio Público, Luz Guerrero. La hipótesis apunta a que se habrían falsificado firmas de más de 200 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío.
“El desvío sería de casi G. 10.000 millones entre el 2020 y el 2023. Usaron el nombre de 277 afiliados que fueron utilizadas para generar los expedientes”, explicó la fiscal en comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que esta investigación ya inició en mayo, cuando inicialmente se detectó el desvío de unas 10 personas.
La denuncia puntual realizada por el presidente de la Caja, Venancio Díaz, nació luego de la auditoría interna en la que se detectó que a partir de la devolución de aportes de los afiliados, se generaban otros expedientes a nombre de esa misma persona y se desembolsaban sumas de dinero que cobraban terceras personas.
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“La comitiva fiscal incautó documentos y libros internos entre dependencias donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes y el sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, explicó.
La falsificación de firmas está dentro del espectro de la hipótesis de cómo se habrían dado los hechos y se estima que al menos unos cinco funcionarios de la institución estarían involucrados en el hecho, además de personas que son ajenas a la Caja que estuvieron vinculadas para lograr el cobro de los cheques.
La fiscal precisó que en el incendio producido en la sede de la caja el pasado 16 mayo se habrían destruido expedientes vinculados a la devolución de aportes. Asimismo, indicó que existen indicios de que dicho hecho habría sido provocado, por lo cual ya existe otra investigación e incluso una persona imputada.
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Capturan a suboficial acusado de colaborar con el crimen organizado
Pedro Juan Caballero (Emerson Dutra, corresponsal)
Efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron a tempranas horas de hoy viernes la sede de la comisaría 11, de la ciudad Karapaí, de la capital departamental y procedieron a la detención de un personal policial.
Se trata del suboficial inspector, Cristino Silvero (39), quien presta servicio en la comisaría mencionada, en donde sorpresivamente llegaron los agentes antidrogas con la sola finalidad de capturar al uniformado.
El procedimiento estuvo al mando de la agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada contra el Crimen el Narcotráfico y Crimen Organizado de la capital del país.
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Según se dio a conocer, el suboficial es acusado de pertenecer a la banda criminal liderada por Ismael Obregón Chena, más conocido como “Turco”, actualmente prófugo de la justicia.
La captura del suboficial se dio en el marco del operativo “Turc”, que se inició el pasado 17 de setiembre, ocasión en que las fuerzas antidrogas desarticularon una banda criminal que se dedicaba a la producción y comercialización de marihuana “vip” al rentable mercado brasileño.
En esa ocasión, algunos integrantes de esa gavilla fueron capturados. Posteriormente, y gracias a trabajos de inteligencia, se supo que minutos antes de realizarse ese operativo, el policía Cristino Silvero había realizado una llamada telefónica a “Turco” avisándolo que personal de la Senad allanarían su residencia.
Gracias a ese aviso, el presunto jefe narco logró huir. Datos revelan que varios otros policías están en miras de la fiscalía por su presunta implicancia con el crimen organizado.
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Caso Lalo Gomes: JEM aprueba investigar actuación de juez y fiscales
En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.
La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.
Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.
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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.
Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.
Antecedentes
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.