El diputado Walter Harms, del movimiento Honor Colorado, mencionó que no estará acompañando la nueva solicitud de endeudamiento planteada desde el Poder Ejecutivo para reactivar la economía ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Al respecto, argumentó que se debe mantener la prudencia.
“Yo soy cartista, pero anticipo mi voto en negativo a cualquier pedido de nuevos créditos para el Estado, los créditos son importantes para crecer en infraestructura, pero siempre en niveles de endeudamiento prudentes y, sobre todo, con ejecución clara y transparente”, sostuvo.
Decisión de bancada
Agregó también que piensa que la decisión de la bancada de Honor Colorado en Diputados será esa, aunque todavía no se debatió. “La unidad no tiene nada que ver en esto. Nosotros somos autónomos como movimiento”, sentenció.
Las declaraciones del legislador surgieron ante las versiones de algunos sectores políticos de la oposición que manifiestan que el proceso de unidad colorada denominada “concordia” serviría nada más para poder concretar la aprobación de nuevos endeudamientos.
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El Poder Ejecutivo cuenta con la intención de lograr concretar la aprobación de un total de 350 millones de dólares para reactivar la economía, desde el Gobierno se inició un fuerte lobby en el Congreso Nacional para conseguir el nuevo crédito. Al respecto, el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, semanas atrás mantuvo un encuentro con las autoridades del Legislativo.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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Caso filtración Seprelad: Fiscalía cita a exministros de Abdo para indagatoria
Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, fueron citados por el Ministerio Público para someterse a una indagatoria en el marco de la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas. Los mismos se encuentran imputados por siete posibles hechos punibles.
La convocatoria está fijada para los días 4, 8 y 10 de julio a las 8:00 y deberán comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. Mientras que los demás imputados Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira son citaos para los días 12, 16, 18 y 22 de julio.
En la causa también se encuentran imputados Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Las imputaciones derivan de la denuncia presentada por el también expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el pasado 31 de julio del año 2023.
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte de su período de gobierno, Abdo Benítez (2021 al 2022), se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el jefe de Estado Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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El gobierno tiene un énfasis inédito en materia social, destacan
En la previa de la presentación del primer informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, los ministros de las dos carteras de Estados responsables de la Ley Hambre Cero, Luis Ramírez del Ministerio de Educación y Ciencias y Tadeo Rojas, del Ministerio de Desarrollo Social participaron de la mesa de análisis del programa “Discurso a la Nación”, emitido por Canal GEN y Universo 970Am/Nación Media, ya que la implementación de esta nueva ley forma parte de los ejes centrales del informe del Ejecutivo.
El titular del MEC destacó que el gobierno de Santiago Peña está poniendo un gran énfasis, casi inédito, en materia social atendiendo a los sectores de pobreza, extrema pobreza, con el gran trabajo que está llevando el Ministerio de Desarrollo Social.
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“Un trabajo fundamental, porque no puede haber educación con hambre, no puede haber educación en comunidades donde no existe las posibilidades de ir a la escuela, o en comunidades muy desfavorecida. Entonces para que la Educación pueda dar ese salto es necesario trabajar en la equidad. Dotando a esas comunidades un sistema que le permita equilibrar el déficit. Esto es una obsesión de nuestro presidente Santiago Peña” explicó.
A su turno, el ministro Tadeo Rojas indicó que a más tardar antes del 10 de julio, está previsto los resultados del proceso de evaluación del proceso de licitación que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, así como las adjudicaciones respectivas.
Indicó que a más tardar estarán comenzando con la ejecución de la ley de Hambre Cero en las Escuelas los primeros días de agosto, en Asunción, y los departamentos de Central y Presidente Hayes, pero igualmente están acompañando a las 15 gobernaciones restantes.
Impacto en la microeconomía
El ministro Rojas indicó que en conjunto tenían pensado aplicar de manera inicial en 77 distritos; que luego considerando la condición de emergencia del departamento de Ñeembucú, se decidió incorporar el 100 % de los distritos de este departamento. Con esto, subió a 90 distritos a nivel país, para el arranque en este agosto. Esperando llegar al 100 % de los distritos de todo el país en el 2025.
“Esperamos poner todos los recursos necesarios, atendiendo la importancia, no solo para la niñez en sí, si no también atendiendo el movimiento económico que va generar esta ley. Hoy acompañamos al presidente Peña en su primer informe de gestión, del cual estamos conformes, pero no satisfechos. Se ha hecho mucho en estos primeros meses, antes de cumplir el primer año, pero hay mucho aun por hacer”, acotó.
En ese sentido, mencionó que en lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Social, con las licitaciones que van a arrancar desde julio de este año a julio del 2027, estaría en el orden de los 500 millones de dólares.
“Esa inyección económica que va haber con esta Ley de Hambre Cero, indudablemente va llegar a la microeconomía, porque lo que se pretende es que aquellos productores horticultores, y las mipymes, especialmente están contemplado dentro del pliego de bases y condiciones, donde las empresas adjudicadas deben llegar a un 5% del contrato con las mipymes, a un 10 % de contrato de productos hortícolas de todo el país, eso en volumen es muchísimo e impacta en la microeconomía”, explicó.
Cambio llega cuando se crece
Respecto al informe de gestión del Ejecutivo, el ministro Luís Ramírez, señaló que para seguir creciendo es necesario seguir aplicando cambios cuando se vean necesarios. En el ámbito de la Educación, señaló que están con muchos proyectos, por lo tanto, necesitan aumentar a su equipo, poniendo a gente que sea capaz al frente de cada uno de los proyectos.
“Los cambios que se dan, es porque hemos crecido, porque estamos desarrollando proyectos; entonces los cambios son bienvenidos. Como dice el presidente, no hay que temer a los cambios, esto se da, porque hasta aquí llegamos muy bien, pero todavía se quiere mucho más; y tenemos que seguir dando más”, acotó.
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El PDP fue cómplice de las atrocidades cometidas por Mario Abdo Benítez
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas. De lo contrario, el Partido Democrático Progresista (PDP), propiedad del matrimonio conformado por la exsenadora Desirée Masi (2018-2023) y el actual senador Rafael Filizzola (2023-2028), sería inimputable ante cualquier hecho que agravia la integridad, la rectitud y la ética pública. Incurrir en sus antónimos como deformaciones del comportamiento humano no puede quedar socialmente impune por la intrascendencia de una organización, tanto numéricamente como para formar opinión ciudadana. Parecería que es un contrasentido, por tanto, ocuparnos de su escuálida existencia institucional.
Pero, por lo dicho en las primeras líneas, no es así. No puede escurrirse tan fácilmente del grado de participación que tuvo con el gobierno de Mario Abdo Benítez, signado por la corrupción más alevosa y la improvisación más grosera en cargos que demandan competencia, autonomía moral y responsabilidad por los resultados. Durante esos cinco años que duró la administración del hijo de quien fuera secretario privado de la dictadura más sangrienta que padeció nuestro país, la del general Alfredo Stroessner, los dos nombrados más arriba mantuvieron un conveniente y pusilánime silencio. Pero hoy reaparecieron como los más furibundos denostadores en contra de la administración de Santiago Peña. Todo cuanto digan carece de credibilidad. Han perdido los escasos créditos que tenían ante la ciudadanía. Fueron parte del engranaje de la corrupción montado durante el periodo de Abdo Benítez, en que hubo saqueos en varios ministerios y en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Se convirtió al Estado en el trapo de repasar de sus cocinas.
Con razón solemos decir que la doctora Desirée Masi fue la verdadera dama consorte del poder. Nuestra calificación se ajusta estrictamente a ese ámbito, para evitar interpretaciones erradas. Antes que gobernar con la asociación política que le llevó al poder, la Asociación Nacional Republicana (ANR), Marito prefirió un espurio concubinato con el Partido Democrático Progresista. Decimos espurio porque personas ligadas al PDP ocuparon lugares estratégicos en el gobierno de Abdo Benítez y, desde adentro, cual caballo de Troya, buscaban minar cualquier chance electoral que tuviera a futuro el Partido Colorado.
Y aun así seguían en sus puestos, lo que evidencia la traición contumaz del exmandatario. La antigua luchadora –en su época de universitaria– contra la dictadura decidió aliarse con uno de los herederos natos de esa época de crueldad y de terror. Se podría alegar que él (Marito) no tuvo responsabilidad a razón de su edad, pero no podemos hacerlo porque en cada acto oficial reivindicó la figura y las “obras” de su “único líder”, el déspota que aplastó la libertad y la dignidad de los paraguayos y paraguayas que tenían una actitud contestataria a su régimen. Torturas, exilios, asesinatos y desapariciones forzosas fue el saldo trágico de aquella nefasta época. Pero a la entonces senadora no le importó ese pasado de infortunio, sino su bienestar del presente.
Desirée Masi logró ubicar a Arnaldo Giuzzio en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, luego, pasó a ocupar el cargo de ministro del Interior, hasta que fue destituido en febrero de 2022 a raíz de su demostrada relación con uno de los pesos pesados del crimen organizado internacional: el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Carlos Adolfo Arregui fue nombrado, en el 2018, asesor del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en las áreas de Transparencia e Integridad. Posteriormente saltó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y, finalmente, pasó a integrar el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 7 de setiembre de 2022. Ese mismo día, René Fernández ocupó dicho cargo, dejando vacante el de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Estos tres personajes formaron parte de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, a raíz de las denuncias de corrupción de nuestro diario y de algunos parlamentarios de la oposición, pero llegaron a la conclusión de que no “hubo daño patrimonial”.
Y como corolario “feliz” de este deshonroso amancebamiento político, Rafael Filizzola fue contratado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en enero de 2020, como asesor jurídico externo para el Programa de la Transformación del Sistema Educativo, cuando que, como apuntó acertadamente un diario colega, el MEC tenía 1.500 abogados en la institución, por lo que uno o dos, al menos, podrían haber realizado dicho trabajo. Pero no. Había que premiar a los aliados leales, como el PDP y sus dueños exclusivos. Lo más simpático es que la exsenadora ahora cuestiona hasta la frecuencia de respiración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), llegando a la conclusión de que la política de ahora es “vean por su cuenta” y “sálvense quienes puedan”.
Y, de paso, siguió demostrando amor y cariño hacia el gobierno más corrupto de la transición democrática, pues, en aquella época, según ella, se “emitían alertas, hacían conferencias de prensa, se reforzaron los servicios, insumos básicos…”. ¡Pero hay que ser caradura! Se tragaron 1.600 millones de dólares, hicieron negociados con los alimentos que eran proveídos por Yacyretá a los centros de aislamiento, no había insumos, ni camas para terapia, ni oxígeno. Hubo, en cambio, 20.000 muertos por la angurria y la miserabilidad de unos cuantos. Pero todos tienen derecho a reivindicarse. Tal vez su marido, desde la Cámara de Senadores, pueda ahora exigir una profunda investigación sobre cuánto se ha robado entonces a nombre de la pandemia provocada por el covid. O, incluso, puede hacerlo la misma exparlamentaria, utilizando sus redes sociales, donde sigue demostrando su activa fidelidad a Mario Abdo Benítez. Pero nadie escapa al largo brazo de la justicia.