“La intención es evidente de querer ame­drentar o intimidad, pero al menos de nuestra parte el resultado va a seguir. Esta­mos llegando a la mitad del periodo y te diría que estamos ajustados al límite de nuestro cronograma, pero redoblare­mos el compromiso de con­tinuar avanzando”, indicó en una entrevista con el pro­grama “Fuego cruzado” emi­tido por el canal GEN/Nación Media. El economista siguió argumentando que “nosotros tenemos, primero, la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio y que estamos respaldados en las documentaciones que vamos identificando”.

En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, el líder del movimiento Yo Creo envió el pasado jueves a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declara­ciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregu­laridades en la gestión del intendente. Por otra parte, Ramírez mencionó que ya encuentra accediendo a las documentaciones relaciona­das a órdenes de pagos remi­tidos por la administración de Prieto a la Fiscalía. Los documentos no guardan relación con causas judicia­les abiertas.

“Hay un porcentaje de esos documentos que están con causas judiciales abiertas. Esa es una restricción legal. Nosotros tenemos un por­centaje de documentacio­nes que están en la Fiscalía en la Unidad de Cuentas, tenemos los buenos ofi­cios de la Fiscalía Gene­ral del Estado, estamos accediendo. Yo diría que en varios frentes estamos avanzando bien con las cir­cunstancias propias de la situación”, indicó.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de fun­cionarios contratados, el estado de avance en la cons­trucción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año anterior y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayorita­rio en gastos gastronómicos.

El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, sostuvo que posee pruebas fehacientes para sostener sus afirmaciones sobre la existencia de graves irregularidades halladas en la administración del intendente opositor Miguel Prieto.

“La intención es evidente, de querer amedrentar o intimidar, pero al menos de nuestra parte el resultado va a seguir. Estamos llegando a la mitad del período y te diría que estamos ajustados al límite de nuestro cronograma, pero redoblaremos el compromiso de continuar avanzando”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El economista sostuvo que está realizando un trabajo serio. “Nosotros tenemos, primero, la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio y que estamos respaldados en las documentaciones que vamos identificando“, destacó.

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En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, el líder del movimiento Yo Creo envío el jueves pasado a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto.

Por otra parte, Ramírez mencionó que se encuentra accediendo a las documentaciones relacionadas a órdenes de pagos remitidas por la administración de Prieto a la Fiscalía. Los documentos no guardan relación con causas judiciales abiertas.

“Hay un porcentaje de esos documentos que están con causas judiciales abiertas. Esa es una restricción legal. Nosotros tenemos un porcentaje de documentaciones que están en la Fiscalía en la Unidad de Cuentas, tenemos los buenos oficios de la Fiscalía General del Estado, estamos accediendo. Yo diría que en varios frentes estamos avanzando bien con las circunstancias propias de la situación”, expresó Ramírez.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

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“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.

“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.

“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.

“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.

Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.

“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.

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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".

El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.

Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.

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Durante un control operativo las autoridades incautaron 85 máquinas tragamonedas en la ciudad de San Lorenzo. Se constató que los aparatos eran utilizados de manera irregular.

La intervención derivó en la clausura provisoria de un total de 7 locales, al comprobarse que no contaban con la patente comercial para la explotación de esta actividad.

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La fiscalización estuvo encabezada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a través de sus unidades de anticontrabando y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), lo que permitió descubrir que los comercios estaban operando de manera ilegal.

Carlos Liseras, titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), calificó de exitoso el procedimiento de control concretado el día de ayer jueves y destacó los resultados del primer operativo.

“Como Dirección Nacional de Ingresos Tributarios he dispuesto la verificación de locales en donde se está desarrollando la actividad de explotación de juegos de azar en la modalidad de tragamonedas. Como así también la explotación clandestina en lugares públicos que está prohibido terminantemente por ley”, señaló a la 1020 AM.

Liseras ensalzó la labor de la DNIT a través de su oficina Jeroviaha y la oficina anticontrabando que junto con la Conajzar se han constituido en el distrito de San Lorenzo, departamento Central, para llevar adelante dichos operativos.

“Es un operativo realmente exitoso teniendo en cuenta que hemos incautado una gran cantidad de máquinas tragamonedas que estaban siendo explotadas clandestinamente. Y además hemos ordenado la clausura provisoria de siete locales por el hecho de que no tenían la patente comercial que los habilite a desarrollar esa actividad en la modalidad de salas de juegos-máquinas tragamonedas”, afirmó.

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