Tras un largo debate y consideración del informe final de la Comision Conjunta de Carác­ter Transitorio para la Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, con­tra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, dirigida por Dioni­sio Amarilla, el pleno de la Cámara Alta resolvió ayer remitir los documentos a la Fiscalía, al Departamento de Estado de los EE. UU. y a la Contraloría General de la República.

Al ser consultado el motivo de la remisión del informe a los Estados Unidos, el presidente de la Comisión Antilavado, el senador Amarilla, manifestó que la decisión surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyec­tos con impacto social fueron utilizados para costear campa­ñas políticas y salarios de per­sonas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remi­tir a los órganos observa­dos pertinentes y también al Gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 pági­nas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron admi­nistrados por Marc Ostfield”, sostuvo el legislador.

Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fue­ron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autorre­muneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba que­riendo colaborar”.

El parlamentario había seña­lado que, entre los aspectos principales de la labor legis­lativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las inda­gaciones algunas de las organi­zaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comi­sión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Por otra parte, el senador Amarilla dijo que estaría eva­luando la presentación de un proyecto de ley para modifi­car la Ley de Confidenciali­dad, en que se resguardaron algunas instituciones para no aportar mayores datos sobre las operaciones bancarias, despachos aduaneros, entre otros, sobre las importacio­nes de armas de fuego al país.

El legislador Gustavo Leite destacó algunas recomendaciones al respecto y manifestó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión con­junta de investigación sobre lavado de dinero, daño patri­monial al Estado, contra­bando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resal­tantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue pre­sentado ayer miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plena­rio está documentado.

Señaló que un año antes que el Gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una ins­titución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la nación.

Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se viola­ron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la oenegé en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oene­gés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó, además, que se esta­blecía que se debía favorecer a organizaciones de la socie­dad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospecho­sos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

La fiscal Alicia Fernández, que investiga el triple feminicidio en la zona de Capiatá, dio detalles de la autopsia de las tres personas y esta mañana tomará la declaración indagatoria al procesado.

“Él va a declarar en lo que va de la mañana y aunque se declare de la forma que se declare, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y de sostener cualquiera sea la manifestación de él”, señaló a la 1080 AM.

En el caso de la niña, se encontraron signos donde no es definitivo, pero hay sospechas de un “abuso sexual”. “Entonces, yo estoy obligada a abrir una investigación en ese sentido, para ver exactamente qué es lo que pasó. Y cuál es la situación real, si hubo un abuso o si son circunstancias de la anatomía simplemente del cuerpo”, expresó.

También se refirió al caso de la expareja del acusado, quien presentó un tajo profundo en el cuello y heridas en las piernas.

“Nosotros recuperamos objetos, armas blancas que estaban en la escena del crimen y parecían estar con sangre. Tanto así que en el caso de la mujer de 36 años, Ana Liz, tenía las heridas que le produjeron el traumatismo de cráneo encefálico con hemorragia en la base del cráneo, que es la causa de muerte”, relató.

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Según manifestó, de las tres víctimas, la expareja del presunto feminicida fue la que tuvo desprendimiento de masa encefálica.

“Entonces, por la forma y por el modo de las heridas, al parecer el martillo que nosotros incautamos en la escena del crimen es el que se utilizó para producirle las heridas a Ana Liz. Y también ella tenía un corte en el cuello, un tajo que iba de izquierda a derecha bastante profundo, y otro en la pierna, que también demuestra de alguna manera que hubo otra arma”, detalló.

Es difícil determinar la secuencia del crimen, pero se estableció como tiempo de la muerte entre 14 y 18 horas, conforme expresó. La agente del Ministerio Público adelantó que es inevitable el juicio oral y público, por la expectativa de pena prevista en la ley.

“Lastimosamente, en nuestro sistema judicial no se suman las penas, pero sí es una pena bastante alta que va de 10 a 30 años de pena carcelaria más medidas de seguridad”, remarcó.

Extraoficialmente, se sabe que el autor confeso del triple crimen es adicto, aunque no se tiene un estudio farmacológico. Sobre el punto, la fiscal informó que pidió como anticipo jurisdiccional de prueba la extracción de líquidos y cabello, para someterlos a estudios. “A partir de ahí vamos a tener información más certera”, mencionó.

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El fiscal Óscar Fernández dio detalles de las investigaciones en torno a la avioneta incautada el día de ayer sábado en la ciudad de Quyquyhó y la misteriosa caja fuerte que transportaba. Llamó la atención las versiones dadas por los pilotos que alegaron que fueron secuestrados.

“Se comunica a las Fiscalía aproximadamente a las 17:00 horas y posteriormente nos constituimos en el lugar a los efectos de verificar el hecho. Y encontramos una avioneta en una compañía de Quyquyhó y estaban dos pilotos que manifestaron que salieron el aeropuerto Silvio Pettirossi con destino a Canindeyú, donde tenían que encontrarse con algunas personas. Al aterrizar ellos manifiestan que fueron secuestrados”, señaló a las 1080 AM.

Dijo que los pilotos declararon que fueron obligados a dirigirse hacia Bolivia, pero cuando indicaron a los secuestradores que no podrían llegar, tuvieron que hacer un aterrizaje en la ciudad de Quyquyhó.

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“Supuestamente ellos fueron maniatados, fueron llevados a una zona boscosa. Y a través de informaciones que pudieron brindar los vecinos, los policías se apersonaron y estas personas que tenían tono brasileño, huyeron. Y dejaron varias evidencias”, manifestó.

El agente afirmó que encontró “inconsistencias en la declaración de los pilotos”, por lo que se ordenó la detención, así como la incautación del avión y la caja fuerte. “Vamos a ver si en el trascurso de mañana podemos conseguir la autorización judicial a los efectos de verificar cuál es el contenido de la caja fuerte”, puntualizó.

El fiscal comentó que los pilotos mencionaron que se manejaban por intermediarios. “Hay unas empresas que fueron contratadas a los efectos de transportar esta caja fuerte. Pero ellos no sabían quiénes eran las personas, todo se manejó por intermediarios. Cuando fueron al lugar tampoco sabían quiénes eran las personas que tenían que recibir y ahí supuestamente fueron secuestrados. Ese es el testimonio de los pilotos”, acotó.

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Dentro del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marcada para el martes, figura el proyecto de ley “Que amplía las disposiciones del Código Electoral, regula la figura de las concertaciones de carácter nacional, departamental y municipal”. La iniciativa fue aprobada con modificaciones por el Senado por lo que retorna para su análisis a la Cámara Baja.

De acuerdo con lo que se menciona en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, se busca “fortalecer el sistema democrático” mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales.

El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal, y al mismo tiempo propone la regulación de las mismas, entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos políticos para fines específicos.

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Según lo expresado previamente por el senador Derlis Maidana, quien está a favor de esta iniciativa, uno de los fines de este proyecto es “evitar la perversión del derecho al voto” y apunta a que cada partido pueda contar con su propio padrón, uno de los motivos que despierta el rechazo de la concertación.

“Lo que se busca con esta propuesta es que cada partido político tenga su propio padrón electoral, que cada agrupación tenga la autonomía de decidir quiénes son sus candidatos en las elecciones internas, conforme a lo que establece el Código Electoral Paraguayo”, explicó Maidana en una entrevista a Nación Media.

Asimismo, descartó que este proyecto sea “anticoncertación” e indicó que lo se busca es otorgar a las concertaciones un marco legal efectivo de modo que establezcan condiciones, requisitos, períodos de tiempo para la inscripción, entre otros tipos de disposiciones. Si Diputados aprueba la versión del Senado, la iniciativa quedará sancionada.

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“Lo que nosotros queremos siempre es fomentar la participación ciudadana, pero naturalmente ellos hablan de cercenamientos y otras falacias”, comentó. Según el proyecto, para constituir una concertación nacional, los partidos y movimientos políticos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.