La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), indicó que existe un “mensaje peligroso” que se quiere instalar desde el gobierno de Mario Abdo Benítez respecto a la fraudulenta adquisición de los insumos “chinos” para combatir el COVID-19, ante el discurso que es realizado por algunas autoridades que sostienen que no “existió un daño patrimonial” al Estado.
“Hay un mensaje peligroso que quiere instalarse desde el Poder Ejecutivo que no hubo daño patrimonial en las compras fallidas de los insumos en pandemia. Mañana, los Diputados que hicimos las denuncias, presentamos un urgimiento al Ministerio Público y pedimos un relevamiento sobre los avances”, sentenció a través de su cuenta personal en Twitter.
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Los diputados de la oposición presentarán mañana un urgimiento a la fiscala general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez, para que responda respecto a la investigación de estos casos. Esperan que se haga un relevamiento de todos los avances que se tuvieron.
Primeramente solicitan un informe que contenga los siguientes datos: individualización de las causas penales incluyendo el número, fiscales asignados y lugar donde radica el expediente fiscal y los avances de la investigación. También esperan que respondan el motivo por el cual no se han formulado aún imputaciones y cualquier otra información útil para realizar el seguimiento de la causa.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Tras días de incertidumbre, Pedro Sánchez dio su respuesta: continúa al frente en España
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión y silencio por el acoso personal que dice sufrir de la oposición, que lo acusó de burlarse del país. “He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe”, dijo Sánchez en un mensaje al país desde el palacio de la Moncloa.
Concluía así la incertidumbre que se abrió el miércoles cuando Sánchez anunció que se daba unos días para meditar su renuncia, criticando el “acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha a su familia después de que se conociera la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presunta “corrupción”.
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Asiduo a los golpes de efecto políticos, Sánchez canceló su agenda pública hasta este lunes, anulando su aparición en mitines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas.
“Mostraremos al mundo cómo se defiende a la democracia, pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo sereno y democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España”, continuó.
Por la noche, en una entrevista en la televisión pública, Sánchez explicó que su mujer le pidió no abandonar: “fue la primera que me dijo que que no dimitiera”, explicó.
Asimismo, reclamó “acabar con los insultos de la vida pública”, pero se mostró pesimista: el acoso “se va a redoblar”, estimó.
Cortina de humo
En su mensaje al mediodía, Sánchez dijo que las manifestaciones en Madrid y otros puntos de España este fin de semana habían “influido decisivamente” en su decisión de seguir. De haber dimitido Sánchez, España se hubiera encaminado a unas nuevas elecciones generales, un año después de las de julio pasado.
La decisión de Sánchez provocó expresiones de alivio entre los socialistas y críticas duras del resto de partidos.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, calificó el anuncio de “bochorno” y “ridículo”, y acusó a Sánchez de burlarse de los españoles. “Le ha tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles”, sentenció.
“Hemos asistido a una comedia, a una cortina de humo (...) un acto electoral de cinco días”, dijo el presidente regional catalán Pere Aragonés, de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), un partido aliado de los socialistas en el Congreso español y enemigo en el ámbito regional.
El anuncio de Sánchez le permitirá salir de su retiro para incorporarse a la campaña electoral de Cataluña, un bastión de votos para él.
“Durante estos cinco días hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional”, lamentó el líder de la formación de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.
Investigación
La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta por una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha. La Fiscalía pidió que se archivara la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa.
Según el medio digital El Confidencial, el tribunal indaga los vínculos de Begoña Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19, que finalmente consiguió.
En su carta a la ciudadanía divulgada el miércoles, Sánchez, que gobierna con la extrema izquierda y el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, repudió las “denuncias tan escandalosas como falsas”, que a su juicio emanan de una campaña llevada a cabo por “intereses derechistas y ultraderechistas (...) que no aceptan el veredicto de las urnas”.
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Es una “estrategia de acoso y derribo”, prosiguió el mandatario, cuyas medidas, como una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, han chocado con un rechazo frontal de la oposición de derecha.
Fuente: AFP
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Agua y saneamiento: funcionarios se capacitarán en maestría de ingeniería
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó el acto de entrega de treinta becas de Maestría de Ingeniería en Agua y Saneamiento, a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Essap. En la ocasión, el mandatario valoró el esfuerzo de las instituciones que apuestan al capital humano con capacitación, como un paso fundamental para dar sostenibilidad a las políticas públicas.
Los funcionarios recibieron estas becas para llevar adelante un posgrado en agua y saneamiento, como parte del plan de Gobierno de formar el talento humano. “Este es un paso importante, porque los propios técnicos y funcionarios, mediante esta capacitación, serán los encargados de diseñar los proyectos que se deben llevar adelante para mejorar el sector del agua y saneamiento urbano, porque son los que conocen la realidad”, remarcó el jefe de Estado.
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En el área de agua y saneamiento existe una abundancia de recursos en el país que lastimosamente no son cuidados, dijo el mandatario. Ante esto, es un desafío contar con técnicos capacitados en una combinación de inversión en obras y el conocimiento.
En tanto, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que el sector de agua y saneamiento inicia un nuevo camino en su proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, mencionó que esta es la continuación de una historia que ya comenzó en 2016, cuando 120 ingenieros fueron becados a Brasil.
Además, en esta nueva etapa, el requisito es que, al finalizar, cada cursante deberá presentar un proyecto de saneamiento al MOPC, listo para su licitación y ejecución. “La capacitación marca la diferencia y la inversión en el desarrollo de capital humano impulsa el progreso de nuestra nación”, subrayó la ministra.
Las becas fueron adquiridas gracias a la gestión de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de su apoyo al Estado paraguayo en la formación de sus funcionarios.
En ese marco, destacaron como un ejemplo exitoso el Programa Interamericano de Macroeconomía Aplicada (PIMA) que formó a economistas paraguayos en Chile y fueron los mismos funcionarios que diseñaron las actuales políticas macroeconómicas, destacó Peña.
La Maestría en Saneamiento Urbano será desarrollada en la Universidad Católica de Asunción con una duración de 18 meses. Participaron del acto de entrega la ministra del MOPC, Claudia Centurión, y el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal.
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