El director general de Declaración Jurada de la Contraloría General de la República (CGR), Armindo Torres, mencionó que se encuentran trabajando en el cruzamiento de datos de todos los documentos presentados por los funcionarios y autoridades públicas.
En este sentido, mencionó que primeramente se realizará el examen de correspondencia, que es el cruzamiento de datos de los viceministros, presidentes de entes, binacionales y del Instituto de Previsión Social (IPS).
Asimismo, mencionó que en principio se tenía previsto culminar el trabajo de examen de correspondencia a finales de junio; sin embargo, se dieron varios atrasos en la presentación de los informes de las instituciones públicas correspondientes.
“Nosotros prometimos que íbamos a sacar a finales del mes de julio, viceministros, presidentes de entes, binacionales e IPS, y compañía. Lo cual no pudimos realizar porque nos faltan muchísimos informes, por el COVID-19 nos atrasamos un poco, pero ahora ya están llegando los informes y creemos en poco tiempo vamos a estar culminando eso”, explicó Torres.
En este contexto, informó además que luego de culminar con estos primeros cruzamientos, irán por los integrantes del Congreso Nacional. “Posteriormente vamos a realizar el de los miembros del Congreso. Realizamos un cronograma de trabajo, tenemos que organizar el trabajo y vamos a llegar a todos”, contó.
¿Qué es el examen de correspondencia?
El director de DDJJ explicó que el examen de correspondencia es el cotejo de todas las declaraciones juradas presentadas, ahí se analizan los ingresos del funcionario público así como los egresos.
“Nosotros lo que verificamos es si condice su patrimonio con sus ingresos percibidos; un funcionario puede tener, por ejemplo, ingresos fuera de la función pública como vender un inmueble, vender un vehículo o haya realizado préstamos”, mencionó.
Las investigaciones
Torres indicó además que este trabajo es habitual que se realice desde la Contraloría y, en este caso, no solo se da tras las publicaciones de las declaraciones juradas que se dieron esta semana.
“No solo recién ahora estamos investigando o analizando las declaraciones juradas después de estas publicaciones, nosotros ya veníamos haciendo y eso es de público conocimiento”, sentenció.
Asimismo, dijo que el año pasado lograron culminar la primera tanda de exámenes de correspondencia de los ministros, y lo que saltó de inconsistente enviaron al Ministerio Público. “Ahora mismo tenemos aproximadamente 400 exámenes de correspondencia en curso”, indicó.
Por último, aclaró que los dictámenes e informes remitidos por la Contraloría no son vinculantes para el Ministerio Público en el momento de la investigación, pero sí para la apertura de una investigación.
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INE y Justicia Electoral evalúan datos estadísticos de compatriotas residentes en el exterior
Durante una reunión de trabajo, autoridades de la Justicia Electoral y del Instituto Nacional de Estadística (INE), coordinaron gestiones para desglosar datos estadísticos de paraguayos que residen en el exterior.
De acuerdo al informe oficial de la institución electoral, el objetivo del trabajo fue recopilar datos estadísticos de paraguayos que residen en el exterior, con el fin de optimizar la producción de información demográfica y electoral relacionada con los ciudadanos residentes fuera del país.
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El fin es dar cumplimiento a la Ley 6951, aprobada recientemente y que establece la inscripción automática de ciudadanos paraguayos residentes en el exterior en el Registro Cívico Permanente para el pleno ejercicio del derecho al voto.
En la oportunidad, los técnicos de INE presentaron a los representantes del TSJE los números actualizados de paraguayos residentes en el exterior, de acuerdo a los datos proveídos por el INDEC de Argentina, Registro de Población de España, números preliminares de paraguayos en Brasil, referencias de Estados Unidos, Chile y otros países.
A partir de este trabajo conjunto, el INE proveerá al TSJE volúmenes actualizados de paraguayos que viven en otros países, distribución territorial de los mismos, de modo a que la institución electoral pueda gestionar con las embajadas y consulados respectivos el cumplimiento de la referida ley.
Integraron la comitiva de la Justicia Electoral César Sánchez; José Loreto Ovelar y Blas Torales, miembros del Departamento de Electores Residentes en el Extranjero. Así también, miembros del INE a cargo de Norma Medina, directora general de Producción Técnica Estadística; Mirian Graciela Llano del Puerto, directora DED; Milciades Brítez Díaz, director de la Dirección de Difusión y Comunicación.
Asimismo, señalaron que participó Nelly Aurora Ullón, jefa del Departamento de Producción de Información Demográfica y Leticia Rosalía Garrido Colman, jefa del Departamento de Planificación y Monitoreo Censo Población.
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Contraloría ordena auditoría a Municipalidad de Villa Elisa
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de una auditoría a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el liberal Sergio Agustín Estigarribia Medina, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. La comuna sirvió como trampolín para el crecimiento patrimonial del clan Estigarribia.
- Unidad de Investigación Nación Media
La CGR comunicó la apertura de una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por Sergio Estigarribia. En concreto, la auditoría se centrará en la ejecución presupuestaria. La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos estarán a cargo del titular de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales. “Asimismo, se comunica que el equipo auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la supervisora y/o jefe de Equipo, sin perjuicio de que el equipo auditor labre actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, refiere la nota remitida por el ente contralor al jefe comunal.
EL CRECIMIENTO CON LA POLÍTICA
De quinielero a millonario político. El caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), es digno de estudio. Es que el jefe del Ejecutivo departamental siempre se escudó en sus modestos inicios como corredor de quinielas; sin embargo, actualmente es todo un potentado.
Estigarribia experimentó un rápido crecimiento desde su llegada a la política, de acuerdo con lo que se detecta en sus declaraciones juradas de bienes y renta (DD. JJ.) publicadas en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
La primera manifestación de bienes data de diciembre de 2015. En ese documento, Estigarribia decía tener dos inmuebles tasados en G. 730 millones, una camioneta tasada en G. 150 millones y en efectivo tenía otros G. 200 millones. Las primeras compras de inmuebles declaradas figuran desde el 2010, tiempo en el que Estigarribia daba sus primeros pasos como concejal.
En total, para 2015 sus activos alcanzaban los G. 1.080 millones
Para 2023, Estigarribia declaraba ya cuatro inmuebles tasados en G. 854 millones, había cambiado su camioneta por una tasada en G. 481 millones. En muebles, que no declaró en 2015, había acumulado ya G. 128 millones y en efectivo tenía G. 25 millones. Para el momento de asumir como gobernador, sus activos habían superado los G. 1.489 millones.
UNA FAMILIA MILLONARIA
Pero el bienestar no solo alcanzó al político liberal. En los últimos años, el clan Estigarribia ha captado la atención pública no solo por la trayectoria política de sus miembros, sino también por sus sorprendentes inversiones inmobiliarias. A pesar de sus humildes orígenes, Edith Rosa Medina Verón, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, madre y hermana del actual gobernador Ricardo Alfredo Estigarribia, han invertido cifras que deslumbran, y no menos intrigante es la participación de Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador.
Según documentos revelados por la Abogacía del Tesoro, en menos de dos años, las tres mujeres han inyectado aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia. Lo que llama la atención es el origen de estos fondos, considerando que la matriarca, Edith Rosa Medina Verón, ha sido conocida en su comunidad como una modista de barrio. No obstante, sus inversiones parecen más propias de grandes magnates de la moda internacional que de una modesta costurera.
Uno de los casos más destacados es el de RM8 Desarrollo SA. En esta empresa, Edith Rosa Medina Verón figura con un aporte en efectivo de G. 4.000 millones, mientras que su hija, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, ha contribuido con G. 1.000 millones adicionales. Ambas mujeres, de origen humilde, hoy aparecen como propietarias de al menos tres cuentas corrientes y fincas ubicadas en Villa Elisa, donde se ha construido un imponente depósito.
Además, Tecno Capital SA es otra empresa bajo el radar. En esta sociedad, inicialmente aparecían como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo de esta empresa asciende a G. 2.500 millones, una cifra que contrasta con lo declarado por el funcionario en su patrimonio.
Otra empresa bajo el control de la familia es Las Azas SA, que registra aportes en efectivo de G. 1.500 millones. Aquí, Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador Ricardo Estigarribia, figura con acciones por G. 600 millones, mientras que Nuni Medina Galeano aporta otros G. 900 millones. La empresa no solo maneja varias cuentas corrientes, sino también una quinta ubicada en Piribebuy, un terreno verde que limita con un arroyo. Durante una visita al lugar, un cartel que decía Quinta San Andrés, en homenaje al padre fallecido de los hermanos Estigarribia, desapareció misteriosamente tras alertar a los propietarios con nuestra presencia.
Otro bien notable vinculado a Las Azas SA es una cuenta corriente que el mismo gobernador Estigarribia declaró ante la Contraloría. Este inmueble incluye una terraza con piscina, adyacente a su imponente residencia. La transición de Estigarribia de quinielero a una de las autoridades con mayor crecimiento patrimonial ha sido tan veloz como controversial.
MOTEL A FUERZA DE FONACIDE
El entramado financiero del clan no se detiene en las mujeres de la familia. Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia, también ha visto un ascenso económico sorprendente. En actas de asamblea, figura como accionista de Asispar SA, una empresa que recibió adjudicaciones directas por G. 1.872 millones durante la intendencia de Ricardo Estigarribia para proveer almuerzos escolares. No obstante, en 2020, Asispar SA diversificó su negocio, inaugurando un motel, lo que amplía aún más las ramificaciones económicas de la familia.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena distribuidas en distintas localidades. Las preguntas sobre el origen de estos recursos y cómo una familia, cuya matriarca era una modista, ha logrado acumular semejante fortuna, siguen en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que las finanzas del clan Estigarribia, especialmente las de sus mujeres, no pasan desapercibidas en el ámbito económico y político del país.
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Contraloría ordena auditoría a Municipalidad de Villa Elisa
Unidad de Investigación Nación Media
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de una auditoría a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el liberal Sergio Agustín Estigarribia Medina, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. La comuna sirvió como trampolín para el crecimiento patrimonial del clan Estigarribia.
La CGR comunicó la apertura de una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el Sergio Estigarribia. En concreto, la auditoría se centrará en la ejecución presupuestaria.
La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos, estarán a cargo del titular de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales.
“Asimismo, se comunica que el Equipo Auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la Supervisora y/o Jefe de Equipo, sin perjuicio de que el Equipo Auditor labre Actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, refiere la nota remitida por el ente contralor al jefe comunal.
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El crecimiento con la política
De quinielero a millonario político. El caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), es digno de estudio. Es que el jefe del Ejecutivo departamental siempre se escudó en sus modestos inicios como corredor de quinielas, sin embargo, actualmente es todo un potentado.
Estigarribia experimentó un rápido crecimiento desde su llegada a la política, de acuerdo con lo que se detecta en sus declaraciones juradas de bienes y renta (DDJJ) publicadas en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
La primera manifestación de bienes data de diciembre de 2015. En ese documento, Estigarribia decía tener dos inmuebles tasados en G. 730 millones, una camioneta tasada en G. 150 millones y en efectivo tenía otros G. 200 millones. Las primeras compras de inmuebles declaradas figuran desde el 2010, tiempo en el que Estigarribia daba sus primeros pasos como concejal.
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En total, para 2015 sus activos alcanzaban los G. 1.080 millones
Para 2023, Estigarribia declaraba ya cuatro inmuebles tasados en G. 854 millones, había cambiado su camioneta por una tasada en G. 481 millones. En muebles, que no declaró en 2015, había acumulado ya G. 128 millones y en efectivo tenía G. 25 millones.
Para el momento de asumir como gobernador, sus activos habían superado los G. 1.489 millones.
Una familia millonaria
Pero el bienestar no solo alcanzó al político liberal. En los últimos años, el clan Estigarribia ha captado la atención pública no solo por la trayectoria política de sus miembros, sino también por sus sorprendentes inversiones inmobiliarias. A pesar de sus humildes orígenes, Edith Rosa Medina Verón, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, madre y hermana del actual gobernador Ricardo Alfredo Estigarribia, han invertido cifras que deslumbran, y no menos intrigante es la participación de Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador.
Según documentos revelados por la Abogacía del Tesoro, en menos de dos años, las tres mujeres han inyectado aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia. Lo que llama la atención es el origen de estos fondos, considerando que la matriarca, Edith Rosa Medina Verón, ha sido conocida en su comunidad como una modista de barrio. No obstante, sus inversiones parecen más propias de grandes magnates de la moda internacional que de una modesta costurera.
Uno de los casos más destacados es el de RM8 Desarrollo SA. En esta empresa, Edith Rosa Medina Verón figura con un aporte en efectivo de G. 4.000 millones, mientras que su hija, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, ha contribuido con G. 1.000 millones adicionales. Ambas mujeres, de origen humilde, hoy aparecen como propietarias de al menos tres cuentas corrientes y fincas ubicadas en Villa Elisa, donde se ha construido un imponente depósito.
Además, Tecno Capital SA es otra empresa bajo el radar. En esta sociedad, inicialmente aparecían como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo de esta empresa asciende a G. 2.500 millones, una cifra que contrasta con lo declarado por el funcionario en su patrimonio.
Otra empresa bajo el control de la familia es Las Azas SA, que registra aportes en efectivo de G. 1.500 millones. Aquí, Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador Ricardo Estigarribia, figura con acciones por G. 600 millones, mientras que “Nuni” Medina Galeano aporta otros G. 900 millones. La empresa no solo maneja varias cuentas corrientes, sino también una quinta ubicada en Piribebuy, un terreno verde que limita con un arroyo. Durante una visita al lugar, un cartel que decía “Quinta San Andrés”, en homenaje al padre fallecido de los hermanos Estigarribia, desapareció misteriosamente tras alertar a los propietarios con nuestra presencia.
Otro bien notable vinculado a Las Azas SA es una cuenta corriente que el mismo gobernador Estigarribia declaró ante la Contraloría. Este inmueble incluye una terraza con piscina, adyacente a su imponente residencia. La transición de Estigarribia de quinielero a una de las autoridades con mayor crecimiento patrimonial ha sido tan veloz como controversial.
Motel a fuerza de Fonacide
El entramado financiero del clan no se detiene en las mujeres de la familia. Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia, también ha visto un ascenso económico sorprendente. En actas de asamblea, figura como accionista de Asispar SA, una empresa que recibió adjudicaciones directas por G. 1.872 millones durante la intendencia de Ricardo Estigarribia para proveer almuerzos escolares. No obstante, en 2020, Asispar SA diversificó su negocio, inaugurando un motel, lo que amplía aún más las ramificaciones económicas de la familia.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena, distribuidas en distintas localidades. Las preguntas sobre el origen de estos recursos y cómo una familia, cuya matriarca era una modista, ha logrado acumular semejante fortuna, siguen en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que las finanzas del clan Estigarribia, especialmente las de sus mujeres, no pasan desapercibidas en el ámbito económico y político del país.
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Comisión Antilavado está para transparentar y para no castigar, dice Leite
“Nuestra visión es transparencia, no punición”, sostuvo el senador Gustavo Leite al indicar que no existe intención de castigar, sino transparentar, ante la posición reacia de sectores en proveer informaciones sobre la utilización del dinero público a la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos.
“Si no quieren dar información están en su derecho, pero nosotros tenemos la obligación de conseguirla y lo haremos con medios legales. El artículo 195 de la Constitución Nacional nos faculta a requerir informes a cualquiera”, sostuvo en una entrevista con la 780 AM.
Las afirmaciones del vicepresidente de la Comisión Antilavado surgieron tras la negativa del estudio jurídico Colab Abogados EAS, en negarse a rendir cuentas del uso de los fondos que recibieron de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El pedido de informe guarda relación con el proyecto que consistió en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que regularmente tienen atraso en la justicia, lo que demandó un presupuesto de USD 500 mil.
“Como senadores tenemos la obligación de saber qué se gastó, por qué, para hacer qué y cuáles son los resultados, porque de lo contrario seríamos malos legisladores. Jamás haremos algo fuera de la Constitución y la Ley ¿Por qué debería molestarse un estudio jurídico de contarle a la gente qué es lo que hicieron de bien para la Corte Suprema de Justicia y cuánto cobraron?”, indicó.
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Mediante una comunicado, el estudio representado por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz, instaron a otras organizaciones a “no ceder ni un centímetro” y no “doblegarse ante un pedido inconstitucional”, que atenta contra la democracia.
“Sus argumentos son falaces, no se puede pedir la inconstitucionalidad de la Constitución. Hablan de una donación, cuando es un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Paraguay. Ambos países pusieron la plata. Le pedimos informes a todas las organizaciones que recibieron dinero dentro de este acuerdo, sean oenegés o no”, sostuvo el congresista.
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