El senador de Patria Querida, Fidel Zavala, en relación a las repercusiones que se suscitaron tras las publicaciones de las declaraciones juradas de bienes y rentas por parte de la Contraloría General de la República expresó: “El que nada debe, nada teme”.
Zavala se mostró entusiasta, vía Twitter, por la ola de cuestionamientos que se destaparon tras darse a conocer las declaraciones de presidentes, vicepresidentes, legisladores, gobernadores e intendentes, ministros y autoridades de alto nivel.
Cabe recordar que las DDJJ publicadas corresponden a todas las autoridades en el periodo comprendido entre 1998 y el 2017. Se incluyen a los ministros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, directores y consejos paraguayos de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, entre otros.
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El senador patriaqueridista expresó que la ciudadanía se merece este gran logro que representa un avance muy significativo para la tan anhelada transparencia, indicó. Zavala se congratuló con el hecho de que las declaraciones de bienes y rentas por fin estén a disposición de la ciudadanía.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, indicó que esta mañana se inició con la publicación de declaraciones juradas de miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otras instituciones, en cumplimiento del acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Los datos que se podrán acceder en el Portal de Publicaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas abarcan los cargos de presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, gobernadores, concejales departamentales, intendentes y concejales municipales, ordenadores de gasto de todas las instituciones del Estado.
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Implementarán software para detectar irregularidades en declaraciones juradas
El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, manifestó que desde la institución se busca trabajar en la elaboración de un software que permitirá detectar irregularidades en las declaraciones juradas. La iniciativa, a ser aplicada a través de un trabajo interinstitucional con la Contraloría General de República (CGR), busca combatir de manera directa los hechos de corrupción.
“Esto forma parte del plan estratégico del Gobierno, establecido luego de una cumbre de poderes, donde se definió una estrategia nacional en combate a la corrupción. Una de las iniciativas consiste en la sistematización del intercambio de información hacia la Contraloría, para lograr una labor más objetiva y eficaz a la hora de detectar casos de enriquecimiento ilícito”, explicó el ministro para el programa “Arriba Hoy”, por GEN/Nación Media.
Indicó además que se busca implementar criterios objetivos a ser implementados luego del procesamiento de datos, para trabajar de manera más integral en el procesamiento de las declaraciones recepcionadas en la Contraloría. En la primera fase del proceso, Mitic procesará todo lo referente a datos abiertos, mientras que en la fase dos se trabajará en el registro de las informaciones determinadas en diferentes instituciones, para identificar datos no correlacionados.
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“Nuestra intención es que en los próximos meses podamos contar con este proceso definido y tengamos el sistema ya operativo. La idea es materializar todo esto antes de fin de año, para dejarlo de manera activa y en plena producción”, remarcó el secretario de Estado, destacando la herramienta a ser generada para filtrar los errores en las declaraciones juradas y así determinar si han sido cometidos adrede o por algún desliz técnico.
Por otra parte, el titular del Mitic manifestó también que desde la institución se planea desarrollar otro tipo de labores colaborativas con entidades como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, entre otros, con el objetivo de sistematizar su admisión de denuncias y las respuestas a las mismas. Esto no solo permitirá una trazabilidad en lo referente a la transparencia, sino también gestiones más eficientes y rápidas.
“Estamos trabajando en el sistematizado de denuncias. En ese aspecto, ya estamos con un diseño de lo que será el sistema, el cual básicamente pretende empezar a gestionar las respuestas en función al tipo de denuncia ciudadana recibida, determinando cuál es la entidad encargada para resolver el problema; si son varias las instituciones que deberían accionar, elaboraremos un listado de acciones de manera automatizada”, señaló.
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Programa informático del Mitic alertará irregularidades en declaraciones juradas
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en conjunto con la Contraloría General de la República (CGR), cuentan con un proyecto para desarrollar un sistema que permita identificar de manera automática indicios de irregularidades en las declaraciones de bienes e ingresos de los funcionarios públicos. La intención es que el software esté operativo este 2024.
“Todo lo que esté disponible vamos a integrar en un sistema automático para que ese reporte sea en línea, que pueda saltar una alerta a partir de ciertas consideraciones o umbrales que debemos definir con la Contraloría. Debemos definir los mecanismos que van a permitir determinar que existe una posible irregularidad para que que ahí intervengan los controles manuales”, explicó Gustavo Villate, ministro del Mitic, en conversación con La Nación/Nación Media.
Actualmente, los análisis de la Contraloría se realizan de manera manual, de manera aleatoria o a partir de denuncias, llegando a apenas unos 300 exámenes por año, lo que resulta insuficiente para todo el universo de funcionarios públicos. Con este sistema, todo el universo estará sometido al mismo y emitirá alertas para que posteriormente el ente contralor estudie de forma particular dichos casos.
“Podemos armar una estructura que nos permita tener un control eficiente, lo que vamos a hacer es a partir de información que está disponible, porque hay mucha que es de fuente abierta y eso actualmente no se maneja de forma consolidada e integral, es decir, ese intercambio que se da entre las instituciones y con la Contraloría en este caso en particular”, detalló el ministro.
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Mesa técnica
A partir de los datos abiertos, en primer término, se puede consolidar un sistema de monitoreo en línea, señaló Villate. El proyecto está aún en fase inicial, se estableció una mesa donde se van a analizar aspectos técnicos y jurídicos, sobre todo este último de modo a tener precauciones con datos confidenciales, ya que existen ciertas limitaciones para acceder a ciertas informaciones.
“La ventaja que tiene esto es que no importa si es un funcionario, director, ministro, diputado, no hay discriminación en ese sentido, los criterios se van a manejar de igual manera”, aseguró el ministro, quien mencionó que se elaborará un cronograma del proyecto donde se establecerán los plazos, no obstante, el objetivo es que el sistema ya esté operativo este 2024.
“Forma parte de los proyectos que tenemos priorizados por la línea que tenemos en la lucha contra la corrupción y la transparencia, espero que esto esté operativo este año”, manifestó. Esta prevista una reunión entre ambas instituciones en la próxima semana, donde se irán estableciendo los puntos claves de este plan en conjunto.
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Hambre cero: cuestiones políticas no incidieron en el diseño del plan
La jefa de Gabinete, Lea Giménez, explicó que la decisión de que los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de Asunción reciban la alimentación escolar dentro del plan “Hambre cero” a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), lo cual responde netamente a cuestiones técnicas emanadas del informe de la Contraloría.
“Escuché que algunas personas hablaban de que era una cuestión política, y esto no es real, cuando nos damos cuenta que los recursos se retiran de todos los municipios, el 65% son colorados, la capital tiene un intendente colorado, el gobernador de Presidente Hayes también. No tiene nada que ver una cuestión política, sino con procurar recoger lo que han sido los informes de la Contraloría que hablan de la necesidad de mejorar el control”, explicó.
De acuerdo a lo detallado por la ministra en estas tres zonas del país se concentra el 40% de la población y a su vez el 35% del grupo objetivo del programa, por lo que esta diferenciación se realiza apuntando a que el servicio sea prestado de la mejor manera posible dado que son regiones con características particulares.
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“Central, Asunción y Presidente Hayes se juntan para prestar servicios en esa área geográfica a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La diferencia es porque se ajusta al crecimiento demográfico y una dinámica económica que dio lugar al crecimiento orgánico”, manifestó a la 1080 AM.
De esta forma, se facilitará el control, una de las mayores necesidades en cuanto a la alimentación escolar, refirió Giménez. Asimismo, destacó el acuerdo con los intendentes, lo cual permitirá una coordinación entre los tres niveles de gobierno tanto para la distribución como para la infraestructura necesaria para las escuelas y colegios.
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Claques que “sacan el jugo” al almuerzo escolar
El programa de la merienda y almuerzo escolar se convirtió en uno de los negocios más rentables de los últimos años, siendo así un verdadero atractivo para cualquier empresario del rubro de la provisión de alimentos, sin embargo, desde hace una década sólo unos pocos acaparan las millonarias licitaciones a nivel país. Así lo divulgó el periodista Jorge Torres, en su programa La Caja Negra, emitido por Unicanal en agosto del año pasado.
Según el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), el total de las contrataciones de alimentación escolar adjudicadas a nivel nacional fue de G. 6.016.246.324.027, que en dólares americanos asciende a la suma de US$ 1.044.292.695. En el 2022, la suma total entre gobernaciones, municipalidades y MEC fue de G. 885.298.763.498 (US$ 120.514.397).
Se constató además que existe un inquietante patrón con las mismas empresas que van ganando las licitaciones de las municipalidades, las gobernaciones, y del Ministerio de Educación.
Esto confirma que el almuerzo escolar es un negocio que mueve millones y llamativamente está beneficiando siempre a las mismas claques ¿Quiénes son los barones de la merienda escolar en Paraguay? ¿Cuánto facturan y cuál es el nivel de incidencia que tienen en el mercado de las licitaciones?
Observando el informe de la Contraloría, en los últimos 10 años (periodo 2012-2022), la empresa proveedora Ladero Paraguayo S.A. se posicionó como la favorita con 176 adjudicaciones por valor total de G. 578.027.082.995. Esta firma consiguió contrataciones en 15 departamentos más la capital.
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En el segundo lugar figura la empresa Comepar con cuatro contrataciones por G. 567.578.055.351. En tercer puesto aparece esta misma proveedora pero consorciada bajo el nombre de Consorcio Comepar y Asociados con 10 adjudicaciones por G. 509.945.666.181. Llamativamente esta misma empresa Comepar aparece nuevamente en el puesto 56 con otros dos contratos por G. 13.765.699.860.
En el cuarto lugar aparece Rosa Mabel Capli con 108 adjudicaciones por G. 435.653.118.703. En el quinto figura Patricia Esther Fernández Valiente con 15 contrataciones por un total de G. 283.499.530.379. En el sexto puesto aparece Blanca Nieves Rodríguez Braun con 148 contrataciones por G. 281.920.049.145.
Le sigue el Consorcio Santa Rosa con 7 adjudicaciones por G. 219.912.963.366. Después aparecen la firma Granos y Aceites S.A.C.I.A. con 18 contratos por un monto total de G. 198.436.963.980, el Consorcio El Colono con 7 contrataciones por G. 157.154.886.290 y la firma Vega S.A. con 14 adjudicaciones por valor de G. 145.201.893.750, según lo divulgado por La Caja Negra.
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Empresas vinculadas
De los 10 mayores proveedores señalados, se constató que algunos se encuentran vinculados entre sí a través de socios. Al agruparlas, la Contraloría detectó dos grandes grupos, a los cuales denominó grupo Comepar y grupo Capli.
Las firmas que componen el grupo Comepar se encuentran vinculadas a través de Antolín Javier Genez Miranda, quien es socio y representante legal de las sociedades, y son las siguientes firmas: Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Consorcio de Alimentos, Consorcio Comepar y Alimentos, Consorcio Comepar y Plasma S.A.
De acuerdo con el informe, las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Comepar representan el 21% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación Escolar durante los 10 años en el área capital y departamento Central.
Mientras que el segundo grupo, denominado Capli, está conformado y representado por Rosa Mabel Capli (firma unipersonal Distribuidora Paraguay), Hugo Atilio Carlson Núñez (firma unipersonal CAR &CAP Servicios), María Alejandra Mabel Carlson Capli (firma unipersonal Roma Emprendimientos), y Carlos Atilio Carlson Capli (firma unipersonal Fortaleza Emprendimientos).
Las adjudicaciones correspondientes a los proveedores del grupo Capli representan el 15% del importe de G. 6.016.246.324.027 correspondiente al total de las Contrataciones de Alimentación durante los 10 años en 12 departamentos: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.
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Según el informe, en los procesos de Almuerzo Escolar de las Gobernaciones en los años 2021 y 2022 en los que tuvo participación el grupo Capli, se pudo observar un patrón recurrente con el grupo de empresas que se presentaban como oferentes en los mismos procesos en los que participaba Rosa Mabel Capli, ya que coincidentemente en varios de ellos se presentaron en forma reiterada las mismas firmas participantes, como ser: Engadi Alimentaria SRL y Fitra SRL, resultando beneficiada la proveedora Capli. Si bien los auditores aclaran que no existe transgresión legal, resulta muy inquietante esta llamativa recurrencia.
En cuanto a la provisión alimentaria que realiza el MEC, la Contraloría detalla que nuevamente existen proveedores frecuentes que son adjudicados en estas contrataciones. Tan es así que la firma Comepar S.A. fue beneficiada con 4 contratos, lo cual representa el mayor porcentaje de adjudicaciones, siendo el 34,54%; seguido por el Consorcio Comepar y Asociados con 7 contrataciones adjudicadas, que representa el 25,18% del total; luego se encuentra Patricia Fernández de Alcaraz con 8 contrataciones, abarcando el 14,04% del total.
En varios procesos de contrataciones de diferentes años, las adjudicaciones recayeron sobre los mismos proveedores. En los 8 llamados realizados entre los años 2013 y 2022, presentaron ofertas en lotes diferentes las empresas Comepar S.A., Consorcio Comepar y Asociados, Patricia E. Fernández de Alcaraz y Aida Aquino de Farías.
La institución contralora reveló en ese sentido el esquema de cómo estas 4 firmas presentaban ofertas en cada llamado. En cada proceso la firma Comepar S.A. cotizó la mayor cantidad de lotes y en ellos fue adjudicada; la siguiente firma de mayor cotización era el Consorcio Comepar y Asociados que cotizó uno o dos lotes sin coincidir con el número de lote ofertado por Comepar S.A., luego está Patricia Fernández de Alcaraz, quien cotizó un lote sin coincidir con los ofertados por las anteriores firmas; y finalmente Aida Aquino de Farías, quien cotizó un lote, también sin coincidir con ninguno de otros lotes ofertados por las demás firmas.
En el caso del Consorcio Comepar, las firmas Plasma S.A. y Comepar S.A. conforman el mismo. El modus operandi consiste en que en los mismos llamados, Comepar S.A. y el Consorcio Comepar y Asociados ofertaban en lotes diferentes y así eran adjudicados. Si bien esta práctica no está taxativamente prohibida por la ley, según esgrimió la Contraloría en su informe final, se configura en una conducta poco competitiva, lo cual da la pauta de la forma en que las grandes claques se adueñaron del jugoso negocio que representa llevar la comida a los alumnos en las instituciones educativas.