El ministro del Interior, Enrique Riera, sostuvo que el plan de seguridad está dando resultados, aunque mencionó que existen aciertos y errores, desde que asumió la cartera de Estado y con este Gobierno se están dando pasos importantes. Indicó además que se están realizando mediciones verificables que pueden confirmar los datos.

“En líneas generales, creo que hemos dado pasos importantes en materia del plan que nos habíamos fijado con el presidente, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y de lecciones aprendidas, y obviamente, de errores cometidos, pero yo creo que el saldo es positivo”, expresó durante una entrevista en el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.

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El secretario de Estado indicó que actualmente existe un debate sobre los parámetros y los resultados de las mediciones, pese a los riesgos de utilizar estadísticas. “No hay otra forma más que medir el resultado, y hay varios elementos, unas cosas son objetivas, medibles y verificables, como por ejemplo una nueva ley después de 30 años, eso está fuera de discusión, la ley de modernización de la Policía Nacional, cuya última versión es de 1923”, apuntó.

Riera explicó que el crecimiento y el desarrollo del país tuvo un importante aumento, sin embargo, la Policía Nacional quedó disminuida ante la gran demanda. “Es como si la Policía quedó raquítica y la riqueza del Paraguay explotó, dentro de ese marco lo que hizo el presidente (Santiago Peña) fue ver, que para proteger esta riqueza necesitamos esta Policía (aumentar la capacidad)”, mencionó.

En este contexto, sostuvo que fueron varios los pasos que se tuvieron que dar para mejorar el plan de seguridad, el primero la ley de modernización de la Policía Nacional, triplicar el número de agentes del grupo Lince, y el aumento de egresados en las filas de la Policía Nacional, complementado con una importante inversión en equipamientos, patrulleras, motocicletas y otros elementos.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Las autoridades del Ministerio del Interior buscan ampliar el uso de las tobilleras electrónicas hacia otras ciudades del departamento Central. El director del Sistema 911 de la Policía Nacional, Hernán Escobar explicó que por ley el Ministerio del Interior es el encargado del proceso de licitación y adquisición de los dispositivos.

“El Estado va a pagar por cada tobillera utilizada. Hasta hoy al Estado paraguayo no le ha costado nada, las modificaciones, las mejoras corren por cuenta de la empresa que ganó la licitación y que en el pliego está que debe encargarse de esas mejoras”, indicó.

Para la colocación de las tobilleras se espera la orden judicial y a su vez este procedimiento se concreta a solicitud de parte. “O sea, los abogados defensores son los que tienen que solicitar al tribunal porque no es que de oficio se va a colocar. Entonces, ahí estamos en un primer impasse. El segundo impasse es que la Corte limitó en un plan piloto a un solo hecho punible y solamente en capital”, subrayó a la 1080 AM.

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El director del sistema 911 comentó que se reunió con representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Defensa Pública. En conjunto, se decidió elevar una nota solicitando a la máxima instancia judicial que amplíe su resolución para incluir todos los delitos tipificados en la Ley 7270, en todos los fueros y que abarque Capital y Central.

“Estamos esperando; la Corte tiene su tiempo. Ayer, el ministro César Diesel nos dijo que ya están trabajando en ampliar la acordada de la Corte. Y el presidente de la Corte también recalcó que ellos están trabajando para ampliarla”, remarcó.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles acerca de la inversión realizada por el gobierno de Santiago Peña en materia de seguridad, e indicó que se destinaron recursos para la compra de equipamientos, dotación de motos y patrulleras, mejora de la infraestructura de las comisarías, incorporación de tecnología, entre otros puntos.

“Estamos hablando en total de unos USD 40 millones, algo histórico porque nunca se había hecho tanto en tan poco tiempo. La Policía Nacional está de parabienes, está muy contenta. También algo no tan visible es la mejora en el pago de horas cátedras de los docentes del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol)”, detalló.

Riera informó que para las 18:30 de esta tarde está previsto un evento importante frente a la Comandancia de la Policía Nacional, oportunidad en la que mostrarán al presidente todo el avance que tiene esta institución, de modo a poder brindar una mejor seguridad a la ciudadanía, que forma parte de un reclamo permanente.

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“Se potenció el Sistema 911 con tecnología de punta, ya está activado el tema de las tobilleras, vamos a recibir otras 300 motocicletas y 60 patrulleras más que quedaron pendientes de las entregas anteriores. En el centro de comando del 911 que está en Luque, se está terminando un laboratorio forense y una infraestructura más grande porque se triplicaron las motos y los efectivos y por ende se necesitaba ampliar las instalaciones para tener disponible esa tropa particularmente en Asunción y Central”, explicó.

El secretario de Estado mencionó ante la 650 AM que estas nuevas incorporaciones forma parte de la última etapa de inversión planificada por el Gobierno y que esta fase contempla las refacciones de comisarías y construcción de puestos policiales en la zona del Corredor Bioceánico.

“Habrá puestos policiales para controlar ese flujo de personas y mercaderías que van a venir del nordeste brasileño. Con lo bueno también vendrá lo malo, tráfico de personas, de armas, de drogas, por eso se está preparando un dispositivo integrado con la Dirección Nacional de Migraciones. Los gastos que nos quedan son de infraestructura”, señaló.

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Asimismo, todavía está prevista la llegada de 35 perros entrenados en la detección de drogas, explosivos y cuerpos humanos. “Hay que recordar que el ministro anterior (Arnaldo Giuzzio) levantó el control de canes”, recordó y manifestó que también se renovarán los caballos de la montada. Por último, se aguarda la dotación de chalecos destinados a agentes encargados de operativos de riesgo.