El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció este miércoles que vetará la modificación de la ley de declaración jurada si “realmente despenaliza” el falseamiento. Destacó que su equipo jurídico analizará el documento.
“Si la ley despenaliza el falseamiento de la declaración jurada de bienes, como estoy leyendo en los medios de comunicación, tenemos la obligación de vetarla”, manifestó el mandatario sobre la normativa aprobada el martes en la Cámara de Diputados.
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Sostuvo que su equipo jurídico analizará lo aprobado en Diputados y si realmente despenaliza la declaración jurada falsa, por su “compromiso moral” vetará la modificación de la normativa. El documento llegó al Poder Ejecutivo durante la noche del martes.
Indicó que hasta el momento no tuvo la posibilidad de leer el proyecto, pero lo hará en su momento y de acuerdo a la recomendación de su equipo jurídico tendrá un panorama más claro sobre el tema.
“No quiero adelantar una opinión formal, pero sí una conceptual. Si la ley promulgada por el Congreso despenaliza el falseamiento de las declaraciones juradas, vamos a vetar”, agregó el presidente de la República.
La Cámara de Diputados modificó la ley de declaración jurada, estipulando que solo podrán ser públicas con orden judicial. El contenido de las mismas no derivará en ningún proceso penal, al no ser considerado como un testimonio.
Con las modificaciones introducidas, la declaración jurada queda como un acto unilateral del que “no deriva decisión sobre proceso alguno”.
El proyecto señala que la responsabilidad que emerge de las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, presidida actualmente por Camilo Benítez, será netamente de carácter administrativo.
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Negociación de Anexo C se realizará antes de fin de año
Representantes del Poder Ejecutivo habían mantenido el lunes un encuentro con diputados, a fin de dar a conocer a la Cámara detalles minuciosos del histórico acuerdo entre Paraguay y Brasil, sobre la nueva tarifa de la Itaipú Binacional. En el encuentro, también se fijaron informaciones referentes al Anexo C.
“En agosto pasado se cumplieron 50 años de la celebración del Tratado de Itaipú y, en ese contexto, nos encontramos con el inicio de la revisión del Anexo C. Nos hemos comprometido a iniciar inmediatamente las negociaciones, antes de finales de este año”, expresó el canciller Rubén Ramírez Lezcano.
Con respecto a la nueva tarifa definida, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) manifestó que la complejidad representó un desafío, representando así la negociación de la tarifa energética un gran logro para ambos países, donde el balance y el equilibrio del acuerdo son importantes.
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Por su parte, la jefa del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Lea Giménez, comentó que desde el Gobierno nacional se encuentran trabajando en un mecanismo de planificación con miras a la utilización de los recursos provenientes de la venta de energía eléctrica.
“Nos encontramos en el proceso de diseñar el mecanismo que permita la transparencia y la trazabilidad respecto al destino de los recursos de la Binacional; en qué se gasta el dinero; de manera a que la ciudadanía sepa a dónde van a parar los recursos”, manifestó la jefa del Gabinete.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, refirió que la oportunidad encontrada con un acuerdo histórico como el desarrollado debe ser aprovechada de manera a obtener herramientas que posibiliten dar el salto que anhelan todos los paraguayos.
“El resultado que ustedes trajeron de esa negociación que acompañaron y que fue encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, no solo demostró un alto patriotismo y un compromiso con nuestro país, sino también la gran capacidad técnica que tenemos los paraguayos”, afirmó.
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Oficializan inicio de concurso de méritos para 50 puestos laborales
Los cargos están distribuidos para diferentes áreas misionales y con diferentes perfiles profesionales.
“Un concurso que busca que 50 jóvenes, de diferentes lugares de la República, con base en su formación, con base en su capacidad, puedan integrar los cuadros de funcionarios de este cuerpo legislativo”, expresó el presidente de la Cámara Baja en esta conferencia.
Los cargos, los perfiles y los requisitos estarán expuestos en la página digital y las redes sociales de la Cámara de Diputados, así como el reglamento y cuál va a ser la modalidad del examen para las personas que quieran participar del concurso.
El periodo de postulación se dará entre el lunes 24 a las 8:00 hasta las 16:00 del sábado 29 de junio. Las inscripciones serán de manera presencial y personal, en el hall principal del Congreso Nacional. Para los exámenes de evaluación la Presidencia de la Cámara de Diputados firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el Centro Nacional de Cómputos, que estarán a cargo de elaborar los exámenes con base en los perfiles.
También harán la corrección de los mismos, con base en una tecnología de lector óptico, automatizado, “amplificando la transparencia e igualdad de oportunidades que nosotros buscamos con este concurso de méritos y aptitudes”.
El titular legislativo indicó que son diferentes perfiles, lugares de trabajo, con una absoluta mayoría en los espacios misionales, donde los que accedan al cargo estarán colaborando con la construcción de un marco legislativo que permita tener mejores leyes y mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país.
“Las asignaturas y los temarios varían de acuerdo al perfil, existen áreas misionales que se requieren para guiar las decisiones parlamentarias, por ejemplo, ingenieros; existen otras áreas que requieren médicos o enfermeras; otras áreas misionales que necesitan abogados o licenciados en ciencias contables o economistas”, explicó Latorre.
Calificó este proceso como un hecho histórico que busca dar un salto a la cultura de la meritocracia. “Este proceso busca dar una oportunidad a la juventud, esta oportunidad busca romper un modelo tradicional y volcarse hacia la cultura del mérito, hacia la igualdad de oportunidades. Es por eso que hemos eliminado las entrevistas, porque entendemos que puede haber subjetividad en ellas”, apuntó.
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El PDP fue cómplice de las atrocidades cometidas por Mario Abdo Benítez
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas. De lo contrario, el Partido Democrático Progresista (PDP), propiedad del matrimonio conformado por la exsenadora Desirée Masi (2018-2023) y el actual senador Rafael Filizzola (2023-2028), sería inimputable ante cualquier hecho que agravia la integridad, la rectitud y la ética pública. Incurrir en sus antónimos como deformaciones del comportamiento humano no puede quedar socialmente impune por la intrascendencia de una organización, tanto numéricamente como para formar opinión ciudadana. Parecería que es un contrasentido, por tanto, ocuparnos de su escuálida existencia institucional.
Pero, por lo dicho en las primeras líneas, no es así. No puede escurrirse tan fácilmente del grado de participación que tuvo con el gobierno de Mario Abdo Benítez, signado por la corrupción más alevosa y la improvisación más grosera en cargos que demandan competencia, autonomía moral y responsabilidad por los resultados. Durante esos cinco años que duró la administración del hijo de quien fuera secretario privado de la dictadura más sangrienta que padeció nuestro país, la del general Alfredo Stroessner, los dos nombrados más arriba mantuvieron un conveniente y pusilánime silencio. Pero hoy reaparecieron como los más furibundos denostadores en contra de la administración de Santiago Peña. Todo cuanto digan carece de credibilidad. Han perdido los escasos créditos que tenían ante la ciudadanía. Fueron parte del engranaje de la corrupción montado durante el periodo de Abdo Benítez, en que hubo saqueos en varios ministerios y en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Se convirtió al Estado en el trapo de repasar de sus cocinas.
Con razón solemos decir que la doctora Desirée Masi fue la verdadera dama consorte del poder. Nuestra calificación se ajusta estrictamente a ese ámbito, para evitar interpretaciones erradas. Antes que gobernar con la asociación política que le llevó al poder, la Asociación Nacional Republicana (ANR), Marito prefirió un espurio concubinato con el Partido Democrático Progresista. Decimos espurio porque personas ligadas al PDP ocuparon lugares estratégicos en el gobierno de Abdo Benítez y, desde adentro, cual caballo de Troya, buscaban minar cualquier chance electoral que tuviera a futuro el Partido Colorado.
Y aun así seguían en sus puestos, lo que evidencia la traición contumaz del exmandatario. La antigua luchadora –en su época de universitaria– contra la dictadura decidió aliarse con uno de los herederos natos de esa época de crueldad y de terror. Se podría alegar que él (Marito) no tuvo responsabilidad a razón de su edad, pero no podemos hacerlo porque en cada acto oficial reivindicó la figura y las “obras” de su “único líder”, el déspota que aplastó la libertad y la dignidad de los paraguayos y paraguayas que tenían una actitud contestataria a su régimen. Torturas, exilios, asesinatos y desapariciones forzosas fue el saldo trágico de aquella nefasta época. Pero a la entonces senadora no le importó ese pasado de infortunio, sino su bienestar del presente.
Desirée Masi logró ubicar a Arnaldo Giuzzio en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, luego, pasó a ocupar el cargo de ministro del Interior, hasta que fue destituido en febrero de 2022 a raíz de su demostrada relación con uno de los pesos pesados del crimen organizado internacional: el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Carlos Adolfo Arregui fue nombrado, en el 2018, asesor del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en las áreas de Transparencia e Integridad. Posteriormente saltó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y, finalmente, pasó a integrar el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 7 de setiembre de 2022. Ese mismo día, René Fernández ocupó dicho cargo, dejando vacante el de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Estos tres personajes formaron parte de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, a raíz de las denuncias de corrupción de nuestro diario y de algunos parlamentarios de la oposición, pero llegaron a la conclusión de que no “hubo daño patrimonial”.
Y como corolario “feliz” de este deshonroso amancebamiento político, Rafael Filizzola fue contratado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en enero de 2020, como asesor jurídico externo para el Programa de la Transformación del Sistema Educativo, cuando que, como apuntó acertadamente un diario colega, el MEC tenía 1.500 abogados en la institución, por lo que uno o dos, al menos, podrían haber realizado dicho trabajo. Pero no. Había que premiar a los aliados leales, como el PDP y sus dueños exclusivos. Lo más simpático es que la exsenadora ahora cuestiona hasta la frecuencia de respiración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), llegando a la conclusión de que la política de ahora es “vean por su cuenta” y “sálvense quienes puedan”.
Y, de paso, siguió demostrando amor y cariño hacia el gobierno más corrupto de la transición democrática, pues, en aquella época, según ella, se “emitían alertas, hacían conferencias de prensa, se reforzaron los servicios, insumos básicos…”. ¡Pero hay que ser caradura! Se tragaron 1.600 millones de dólares, hicieron negociados con los alimentos que eran proveídos por Yacyretá a los centros de aislamiento, no había insumos, ni camas para terapia, ni oxígeno. Hubo, en cambio, 20.000 muertos por la angurria y la miserabilidad de unos cuantos. Pero todos tienen derecho a reivindicarse. Tal vez su marido, desde la Cámara de Senadores, pueda ahora exigir una profunda investigación sobre cuánto se ha robado entonces a nombre de la pandemia provocada por el covid. O, incluso, puede hacerlo la misma exparlamentaria, utilizando sus redes sociales, donde sigue demostrando su activa fidelidad a Mario Abdo Benítez. Pero nadie escapa al largo brazo de la justicia.
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¿Quién es Giuzzio?: hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico
El levantamiento de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño (hecho que le costó el cargo en el Ministerio del Interior), la utilización de equipos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de manera irregular son apenas algunos de los hechos que hablan de Arnaldo Giuzzio. Repasamos uno por uno los detalles de cada caso.
De agente fiscal de casos inconclusos, pasó a ser senador del Partido Democrático Progresista (PDP), posteriormente fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto del 2018 por el entonces mandatario Mario Abdo Benítez y luego designado ministro del Interior el 22 de enero del 2021, cargo del que fue destituido el 22 de febrero del 2022 por sus vínculos narcos.
Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial de hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico, situaciones que permitieron el auge del flagelo en el país, según publicó el portal hoy.com.py.
En mayo del 2020 por Resolución n.º 142 el entonces ministro antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puertos privados y del control del tránsito fluvial.
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Las drogas salían de Paraguay en cantidades cada vez mayores: 3.400 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica: 2.065 kilos el 18 de enero del 2021 en España, también en paquetes de carbón vegetal, 16.174 kilos fueron incautados en Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021, 10.964 kilos se decomisaron en Bélgica el 2 de abril del 202, 697 kilos en Lisboa en una carga de maíz el 19 de octubre del 2021, 4.178 kilos cayeron en Holanda en una carga de soja el 31 de octubre del 2021, 540 kilos en España el 28 de abril del 2022, 5.170 kilos el 12 de junio del 2022, por citar algunos casos.
Equipos de inteligencia
Giuzzio tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad de manera irregular. Los entregó a un agente especial de la Senad, según lo confirmó el funcionario en su informe entregado a la entonces ministra Zully Rollón. Este hombre, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba información al narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad, de los cuales lograba zafar gracias a estas informaciones de primera mano.
La evidencia se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Camioneta prestada por narco
Ya como ministro del Interior, Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club, localizado en la ciudad de Hernandarias.
En un inicio Giuzzio sostuvo que alquiló la camioneta y argumentó que en Paraguay “no había información sobre Vinicius y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombu, desmintió al ministro del Interior sobre el arrendamiento del rodado y señaló que fue prestado sin costo alguno.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado.
Incluso en la acusación presentada por el Ministerio Público contra Giuzzio, se sostiene que el exalto funcionario de Estado mantenía “una llamativa cercanía” con Vinicius. Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior el 22 de febrero del 2022.
Sede regional costeada por fantasmas
La Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, inaugurada el 15 de diciembre del 2022 por Zully Rolón, tuvo un costo de G. 500 millones, pero no hubo licitación registrada en Contrataciones Públicas ni información sobre el origen de los fondos económicos.
Una sola imputación
A pesar de esta cadena de hechos, una sola carpeta fiscal está abierta. El pasado 16 de agosto, los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio solicitaron juicio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.
Informe internacional
Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Mario Abdo y con Giuzzio al frente, el Paraguay se ha convertido en apenas 2 años en el cuarto país con la mayor presencia del crimen organizado, según un informe internacional emitido a finales del pasado año. La lista de las naciones que poseen una fuerte presencia del flagelo es encabezada por Birmania, seguida por Colombia y México.
El informe internacional proviene de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, consistente en un conjunto de profesionales que trabajan en primera línea de la lucha en contra de la economía criminal y los actores que la alimentan. A través de una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal.
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