El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados un informe sobre la situación de la Caja Fiscal, sistema que sostiene las jubilaciones y pensiones del sector público.

La exposición estuvo a cargo del viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con su equipo técnico. Según detallaron, la caja atraviesa una situación cada vez más complicada, con un déficit creciente y un sistema desordenado que incorpora regímenes distintos, muchos de ellos con beneficios otorgados sin fuentes claras de financiamiento. Esta fragmentación normativa genera desigualdades y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema.

Durante la reunión, tanto autoridades del MEF como los legisladores coincidieron en que urge una reforma previsional integral, pero que debe ser construida con amplio consenso político y social. “Las decisiones que se tomen hoy van a tener impacto por décadas”, advirtieron.

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Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de igualar las condiciones de jubilación entre los distintos sectores del Estado, fijar edades de retiro acordes a la realidad demográfica y garantizar que los beneficios sean proporcionales a los aportes realizados por cada trabajador.

Desde el MEF aseguraron que están dispuestos a aportar todos los insumos técnicos necesarios para encarar este proceso, incluyendo proyecciones actuariales, comparaciones con modelos regionales y análisis fiscales. Adelantaron que en una próxima sesión presentarán otro informe sobre cómo otros países enfrentaron reformas similares.

Legisladores de distintos sectores reconocieron que la Caja Fiscal ya no resiste más parches. Señalaron que se necesita voluntad política para tomar decisiones impopulares pero necesarias, antes de que el sistema colapse y se vuelvan inviables los pagos a jubilados del Estado.

La Caja Fiscal cubre hoy a miles de jubilados docentes, policías, militares, judiciales y funcionarios públicos en general. El déficit se agrava año tras año, y si no se encara una solución de fondo, podría convertirse en uno de los problemas financieros más serios del país, acordaron las autoridades.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, y el subcontralor Augusto Paiva entregaron este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la memoria de gestión 2024 de la Contraloría General de la República (CGR), una rendición de cuentas que el organismo de control entrega al Congreso de manera anual.

“La reunión de hoy es respecto a presentar nuestra memoria anual, en virtud a nuestra propia normativa, es una suerte de rendición de cuentas que hace la Contraloría al Congreso Nacional, lo hicimos ante la Cámara de Senadores y hoy estamos haciendo ante la Cámara de Diputados”, indicó el contralor tras la presentación.

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El titular de la Cámara Baja resaltó la importancia del rol de control de la CGR en las instituciones del Estado. “La lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestro sistema republicano. Recibí al contralor general de la República con su informe anual de gestión”, expresó.

La Contraloría detalla sobre las actividades de control realizados durante el ejercicio fiscal del 2024, las cuales el titular del organismo calificó como números récord, teniendo una productividad diez veces superior al promedio. “Hace cinco años venimos batiendo todos los récord en cuanto a la cantidad de auditorías e informes de indicios. Este año no ha sido la excepción”, resaltó.

De acuerdo con el informe se realizó un total de 1.349 actividades de control, entre ellos, auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño, fiscalizaciones especiales inmediatas, controles de destrucción de documentos y verificaciones de programas sociales como Hambre Cero.

Se realizó la remisión de 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público, por un monto total de G. 1.293.271.642.237, para la apertura de las investigaciones correspondientes y acciones legales, dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

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El evento Paraguay Business Week fue recientemente declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados, en reconocimiento a su rol dinamizador del desarrollo económico del país.

El presidente de la cámara, Raúl Latorre, hizo entrega oficial de la resolución al viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Javier Viveros, destacando el valor estratégico que representa esta plataforma para atraer inversiones, fortalecer la exportación y fomentar vínculos empresariales de alto impacto.

Este evento se perfila como uno de los encuentros empresariales más importantes del año, reuniendo en un solo espacio a referentes del sector privado, representantes de Gobiernos, organismos internacionales, gremios, emprendedores e inversionistas.

Con más de USD 600 millones en oportunidades comerciales proyectadas, buscan posicionar a Paraguay como un hub atractivo para negocios e inversiones en Sudamérica.

Se celebrará del 8 al 10 de septiembre en Ciudad del Este y se estructura en torno a tres espacios principales: Paraguay Invest, enfocado en la atracción de inversiones; Paraguay Export, que impulsa la promoción de productos y servicios paraguayos en el exterior y Paraguay Emprende, que visibiliza el talento y la innovación local.

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Durante la semana, más de 100 expositores nacionales e internacionales presentarán soluciones, productos y proyectos de alto valor agregado, con la expectativa de generar acuerdos, alianzas y negocios concretos.

Además, se prevé la participación de cámaras binacionales, embajadas y organismos multilaterales que facilitarán rondas de negocios y encuentros bilaterales, reforzando los lazos comerciales de Paraguay con mercados clave.

Desde Rediex y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) subrayan que esta iniciativa contribuirá a mejorar la competitividad del país, promover la diversificación productiva y proyectar una imagen moderna de Paraguay como destino confiable para la inversión extranjera directa.

El evento también contempla paneles de análisis económico, presentaciones de casos de éxito y espacios para networking estratégico entre actores claves del ecosistema.

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Tras el rechazo en Cámara de Diputados del proyecto de “establecer mecanismos y procedimientos para la fase III del derribo de aviones”, el ministro de Defensa hizo énfasis en que la normativa actual permite a la Fuerza Aérea derribar aeronaves irregulares y que por esta razón, consideraron como innecesaria la propuesta legislativa que pasó al archivo.

“La ley dice que en caso de que ponga en peligro a la aeronave del Estado paraguayo, así como a terceros, en esos dos casos, el piloto de la Fuerza Aérea tendrá la habilitación para derribar a la aeronave de vuelo irregular. Los aviones Tucano y Súper Tucano están artillados con suficiente armamento como para derribar una aeronave de vuelo irregular“, aseveró el ministro de Defensa, Óscar González.

En contacto con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el secretario de Estado recalcó que la posición del Gobierno fue oponerse a la iniciativa presentada en el Congreso, puesto que la normativa actual es suficiente y además, existen convenios y tratados internacionales a los que está suscrito nuestro país, que no pueden ser ignorados.

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“Estamos seguros de que con la ley así como está vamos a poder cumplir cabalmente la misión. La ley actual habilita a que la aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya abra fuego en caso de que la aeronave de vuelo irregular tenga actitudes hostiles, no necesariamente vamos a tener que esperar que disparen, sino que cualquier maniobra peligrosa que haga la aeronave será suficiente para que sea derribada”, sentenció.

El titular de la cartera de Defensa también explicó que el derribo de aviones no es una tarea simple como algunos suponen y que la Fuerza Aérea no actúa de forma aislada. Los vuelos irregulares son uno de los temas de defensa nacional que es encarado desde varias instituciones.

“Con control del Ministerio Público y con la participación del poder jurisdiccional; y ni hablar de las instituciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y Policía Nacional, la persecución es mucho más compleja de lo que se piensa y obviamente, un avión que sea avistado por los radares que vamos a tener en breve, hará que sea imposible que ese avión se escape de las fuerzas de seguridad del Estado”, afirmó.

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