El plazo para ingresar a los registros de Informconf sería modificado a través de un proyecto de ley que presentó el diputado de Honor Colorado Hugo Ramírez. La propuesta, que tendrá como duración 1 año, extendería a 150 días para que sean incluidos al sistema. También se mantendría la calificación de aquellas personas que se vieron afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19.
En el caso de que la mora no sea superior a los 150 días, se prohibiría a aquellas entidades que suministran información sobre la situación patrimonial, la solvencia económica o el cumplimiento de obligaciones comerciales, que trasmitan o divulguen datos sobre esas deudas vencidas.
Además, establece que los deudores que hayan incurrido en mora a partir del 10 de marzo pasado, conserven de forma temporal hasta el mes de diciembre próximo la categoría de riesgo que mantenían hasta el 29 de febrero último.
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“Es esta situación la que queremos corregir con este proyecto de ley; queremos que la calificación de riesgo de muchos deudores no se vea afectada por un caso fortuito”, comentó el parlamentario.
El Banco Central del Paraguay (BCP) sería la autoridad de aplicación para los bancos, financieras y entidades de crédito, y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) para el caso de las cooperativas.
Desempleo y suspensión
Unos 300 mil trabajadores, entre formales e informales, habrían perdido sus fuentes de ingresos luego de la cuarentena sanitaria impuesta por el Poder Ejecutivo como medida para enfrentar el coronavirus. Esta situación agudiza el cese de pagos de algunas de sus obligaciones contraídas y, por ende, sus antecedentes serán remitidos a los burós de información crediticia.
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Oposición plantea que deudores no figuren en Informconf por monto menor a G. 5.500.000
Senadores de las diferentes bancadas de la oposición impulsan la modificación del artículo 17 de la Ley n.° 6534/20 de protección de datos personales crediticios con el fin de establecer un monto mínimo de deuda de una persona que justifique la publicación, difusión o transmisión por parte de los burós de información crediticia de dicha operación.
El documento propuesto por Ignacio Iramain, José Oviedo, Esperanza Martínez, Líder Amarilla, Ever Villalba, Rafael Filizzola y Rubén Velázquez tuvo entrada oficial el pasado 20 de noviembre. Indica que en el marco legal vigente cualquier monto de deuda, por insignificante que sea, puede ser objeto de divulgación en los burós de información crediticia.
“Esta práctica genera una evidente injusticia, ya que equipara el impacto negativo en la reputación y el historial crediticio de una persona que adeuda una pequeña suma con el de otra que mantiene una deuda mucho mayor”, sostienen.
Indican además que la publicación indiscriminada de deudas mínimas puede tener consecuencias muy negativas para las personas, afectando sus oportunidades laborales, relaciones comerciales e incluso su bienestar emocional.
“Principalmente en el ámbito laboral, sigue existiendo la practica por parte de muchos empleadores que no contratan a quienes figuran en estos burós crediticios, lo cual convierte el problema en un eterno ciclo, porque no hay forma que un trabajador salga de esa lista sin pagar y para ello, necesita un trabajo que se le niega por estar incluido en dichas carteras. Por eso se hace necesario ocuparnos de este problema y buscar una solución”, sostienen.
De esta forma afirman que la iniciativa busca establecer un monto mínimo de deuda por encima del cual se permita la inclusión en la base de datos de los burós de información crediticia. “Con esto, se busca proteger a los deudores de montos menores de los efectos desproporcionados de la publicación de sus datos financieros. Al exigir un monto mínimo significativo, se garantiza que la divulgación se limite a casos en los que la deuda representa un riesgo real para el acreedor y se evita el daño reputacional injustificado de la persona”, mencionan.
La propuesta expresa que no se tramitarán ni divulgarán los datos crediticios de deudas vencidas no reclamadas judicialmente que hayan superado 3 años de inscripción, las deudas canceladas de manera inmediata, una vez recibida la notificación de la fuente de información, los juicios de convocatoria de acreedores después de 5 años de la resolución judicial que la admita y los datos crediticios de deudas de personas físicas que en su totalidad no superen 2 salarios mínimos legales vigentes en una misma entidad.
Actualmente el proyecto fue girado a las diferentes comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes ya sea por la aprobación o rechazo para su posterior tratamiento en el pleno. En caso de lograr su sanción en el Congreso Nacional y su posterior promulgación en el Ejecutivo se publicará y divulgará las deudas de personas físicas a partir de G. 5.596.618.
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ANR: Daniel Centurión a favor de la concordia para Asunción, Ciudad del Este y Encarnación
El diputado Daniel Centurión expresó su respaldo a la intención de reflotar la figura de la concordia en la Asociación Nacional Republicana (ANR), rumbo a los comicios municipales del 2026. Agregó que la meta principal deberá ser consensuar candidaturas únicas para las intendencias de Ciudad del Este, Encarnación y Asunción, teniendo en cuenta el caudal electoral.
“Se va a requerir una gran madurez interna por parte de los líderes dentro de la ANR para tratar de conjugar teniendo en cuenta nuestras viscerales diferencias entre la disidencia y el oficialismo. Sería importante pensar en proponer a los mejores hombres y mujeres en los distritos importantes como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este”, sostuvo a la 1020 AM.
Asimismo el congresista acotó: “Porque no pensar en una unidad en los distritos muy complicados, complejos, pero de sustancial importancia para las pretensiones para las elecciones generales del 2028. Acá estará el gran desafío”.
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Centurión detalló que las diferencias entre los principales movimientos internos de la agrupación tradicional, Honor Colorado y Fuerza Republicana radica desde el año 2015 cuando se desató la puja por la presidencia de la ANR.
“Esto arrastró a todo el Partido Colorado, sin embargo, se ha sobrepuesto en cada elección. Es nuestra responsabilidad como demócratas aceptar las derrotas y acompañar al ganador, de esto se trata la democracia, quienes somos nosotros para discutir lo que el pueblo ha elegido. Es natural (los conflictos), siempre ha ocurrido dentro del partido y más todavía al inicio del mandato”, dijo.
El legislador siguió afirmando que “Yo abono sobre aquella receta que se dio en las elecciones municipales anteriores, la concordia colorada que permitió que se aumente la cantidad de administraciones municipales en manos del Partido Colorado, veremos si es posible o no”.
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Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
- Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.
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Ejecutivo reglamentó ley contra incendios
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de optimizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.
De esta forma se busca asegurar una respuesta integral, eficiente y oportuna hacia la prevención de los incendios forestales. A la vez refiere que el Instituto Forestal Nacional (Infona) será responsable de aprobar y publicar anualmente un calendario de quemas, que incluirá los distritos y requisitos necesarios para otorgar permisos. En caso de condiciones climáticas adversas, podrá suspender temporalmente las actividades de quema.
Asimismo, se establece la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramientas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.