El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que se pone al servicio de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para trabajar por la lista 1 en esta campaña electoral, de cara a las elecciones municipales de octubre. Ratificó su pleno apoyo a los 263 candidatos a intendentes y a los 2.832 postulantes a concejales.

El mandatario acompañó el acto partidario realizado en la sede de la Conmebol, donde se llevó a cabo la oficialización de las candidaturas de la lista 1. Aseguró que brinda estas declaraciones con una profunda convicción política, una convicción republicana.

“Vengo a ponerme al servicio del Partido Colorado, porque yo no voy a hablar con medias tintas; voy a hablar claro y que esto se entienda bien. Yo no voy a mirar la elección del próximo 4 de octubre desde una gradería, me voy a bajar a la cancha para asegurarme de que cada uno de los 263 candidatos del Partido Colorado y todos los candidatos a concejales lleguen a la administración municipal", expresó.

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El presidente Peña señaló que reconoce el valor de la participación y la competencia política, la cual le permitió a él y a su compañero Pedro Alliana, llegar de la mano de la dirigencia de la ANR, representar al Partido Colorado en las elecciones presidenciales de abril 2023.

Indicó que a lo largo de estos casi tres años de gobierno ha honrado al Partido Colorado y en esta elección del 4 de octubre no quedará indiferente, si no que va a trabajar incansablemente para que cada uno de los gobiernos municipales en cada uno de los distritos haya un intendente y una intendenta colorada que defiendan los mismos principios y los mismos valores que vienen defendiendo desde el Gobierno.

“Nuestro gobierno con el compañero Alliana, defiende las causas del partido, buscando el bienestar de la ciudadanía, para que pueda mejorar. Queremos que el Partido Colorado sea una herramienta para el bienestar de nuestro pueblo sin ninguna distinción de banderías políticas. Porque esa es la gran virtud de nuestro partido y que la fomenta nuestro presidente Horacio Cartes, brindando respuestas a todos los paraguayos sin preguntar su afiliación”, remarcó.

El mandatario resaltó que este 25 de julio se escribe hoy en las páginas grandes de la historia del Partido Colorado, un momento donde los colorados eligen unirse por una causa común; luego de participar en unas internas donde más de 40 movimientos internos y más de 1.400.000 afiliados eligieron a sus representantes.

Al respecto resaltó que dichas elecciones internas fueron amplias y participativas. Aprovechó para agradecer al Tribunal Electoral Partidario (TEP) el gran trabajo que realizaron en esas elecciones; así como a los apoderados y a los correligionarios que aseguran de que el partido siga creciendo y se siga fortaleciendo a través del sufragio, permitiendo hacer crecer el músculo de la democracia.

“Hoy el Partido Colorado vive un momento de enorme felicidad, al saber que hemos competido, de que hemos participado en unas elecciones que han sido limpias y transparentes, y hoy el único partido que defiende la democracia en la república del Paraguay se llama Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado”, enfatizó.

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• Víctor Pavón (*)

¿Quién gobierna? La democracia es la respuesta. Y ¿cómo se gobierna? la respuesta está en la República. Recuerdo a los lectores que muchos países se dicen llamar democracia y República, pero no son ni lo uno ni lo otro. Así, el nombre oficial de Corea del Norte es República Popular Democrática de Corea (por cierto, tampoco es popular).

En la democracia, los electores eligen a sus candidatos. Habiendo logrado acceder al Estado, este provee a los “representantes del pueblo” de fuertes incentivos para seguir siendo parte del poder. Si el candidato solicitaba hasta con respeto el voto de sus electores durante la campaña electoral, llegado al poder prefiere imponer sus deseos para favorecer a los sectores que le dieron su voto; desde luego, el primer favorecido será él mismo.

En la democracia, el poder otorga privilegios y canonjías con el dinero de otros, situación de ventaja que no se tiene en el libre mercado donde se tiene que ganar todos los días la confianza de la gente. El electo democráticamente pronto aprende que no basta con haber accedido al poder, demuestra un creciente interés en conseguir lo que sabe no logrará si es exigido con los rigores de la preparación y la honestidad.

El nuevo “servidor público” está dispuesto a hacer lo que sea para seguir en el cargo. Y si por esas contingencias de la política no lo logra, ya de antemano habrá obtenido vertiginoso aumento en su patrimonio.

Para lograr este objetivo, el “representante del pueblo” sabe que sus deseos pueden ser logrados mediante el voto popular, el procedimiento “sagrado” de la democracia, aunque ello signifique sacar dinero y afectar las libertades de los votantes. Fue así que la democracia se convirtió en una forma de tiranía, la misma que elimina el disenso actuando por propia conveniencia.

En su comienzo, la República fue diferente. Esta forma de gobierno se fundamentó en una ley fundamental, la Constitución, cuyo supremo objetivo fue limitar el poder del Estado, de hacer del gobernante un empleado fiel de la ciudadanía garantizando la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley, desechando monopolios, aborreciendo y castigando la riqueza mal habida conseguida con el dinero de los contribuyentes.

Considero preferible la República a la democracia. Fue un notable intento de garantizar nuestra vida, libertad y propiedad; sin embargo, tiene un problema: se degenera en democracia.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.

En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.