Un proyecto de ley que busca favorecer la reinserción social a través de la práctica del ajedrez en los penales es impulsado por el senador Juan Bartolomé Ramírez. La propuesta legislativa será socializada este miércoles 13 de febrero a las 10 horas en el pabellón Esperanza de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El proyectista argumenta que la iniciativa busca “contribuir a la adaptación del condenado a una vida sin delinquir”.
El proyecto denominado “El ajedrez como herramienta que coadyuva a la reinserción social” tiene por objetivo fortalecer los programas existentes de reinserción social. “Y con ello, contribuir al cumplimiento de uno de los fines de la pena, que como lo establece nuestra Constitución Nacional, es la readaptación de los condenados”, refiere.
Está comprobado que ajedrez y aprendizaje van de la mano; pero es mucho más que eso, porque no solamente contribuye al desarrollo intelectual, sino que también ayuda a la formación del carácter en la medida que contribuye a que el ajedrecista tome decisiones y se haga responsable de ellas, precisa el proyecto de ley.
El legislador proyectista fundamenta además en su escrito que ante “la seguridad de que el desarrollo de esta práctica en nuestros penales contribuirá a la readaptación del condenado a una vida sin delinquir es que se propone el presente proyecto”.
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Ñai’ũpo: Congreso sanciona ley que declara patrimonio cultural la técnica ancestral
Esta semana quedó sancionada de forma automática la ley que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay a la técnica ancestral “Ñai’ũpo”, dado que ya se encontraba en su tercer trámite en Cámara de Diputados, para su análisis sobre las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Senadores y se cumplieron los plazos para su estudio.
El proyecto legislativo quedó sancionado sin que sea analizado en el plenario, luego de que se cumplieran los plazos constituciones. No obstante, el documento se encontraba bajo estudio en las comisiones asesoras de la Cámara Baja, pero con dictámenes que recomendaban aceptar las modificaciones planteadas, por lo que ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su posterior promulgación u objeción.
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El origen de esta normativa se remonta a la propuesta impulsada de manera particular por la diputada colorada Rocío Abed, quien presentó el proyecto con el propósito fundacional de dotar de un marco de protección jurídica, institucional y de fomento a una de las expresiones artesanales precolombinas más emblemáticas del país.
A través de esta iniciativa, la legisladora buscó garantizar el resguardo integral de las prácticas comunitarias, los saberes alfareros y las técnicas tradicionales de recolección y cocción de la arcilla que son ejecutados de manera histórica.
El texto aprobado pone especial énfasis en la preservación de este oficio en localidades con un profundo arraigo histórico como la compañía Caaguazú de la ciudad de Itá, los barrios San Rafael y 21 de Julio de Tobatí, así como también en Areguá y Yaguarón, donde las maestras alfareras mantienen vivo este legado cultural de transmisión predominantemente oral y de mano de mujeres de generación en generación.
Al convalidar las correcciones terminológicas sugeridas por la Cámara Alta, el Congreso Nacional alinea este marco legal de origen parlamentario con los estándares internacionales de salvaguardia cultural, quedando únicamente pendiente la firma del presidente de la República para la entrada en vigencia de la ley.
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Diputados estudiará proyecto que autoriza pago a víctimas de la dictadura
La Cámara de Diputados analizará en sesión de la próxima semana un proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos dura el período 1954-1989. De ser aprobado el proyecto beneficiará a quienes cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados antes de la vigencia de la Ley Nº 4381/2011.
Según el documento, se busca poner fin a la revictimización que padecen ante la burocracia estatal quienes ya fueron reconocidos como víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner. Se aclara que se resolverá exclusivamente las solicitudes de indemnización presentadas durante la plena vigencia de la Ley Nº 838/96. En su artículo 3, esa norma establecía que la Defensoría del Pueblo era el ente encargado de recibir y evaluar los reclamos.
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La ley fijaba además que el proceso no debía superar los 90 días y requería la revisión y el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, dejaba claramente establecido que dicho dictamen no era vinculante para la decisión final de la Defensoría.
El proyecto también aclara que esa disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, que dispone que la Defensoría debe remitir las pruebas a la PGR para que esta emita un dictamen en un plazo de 30 días. Con la reforma, el dictamen pasó a ser un requisito previo para que la Defensoría resuelva sobre la calificación y la indemnización.
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Convocan a audiencia pública para debatir sobre proyecto que regula el uso de drones
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados organiza una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “Que regula la utilización de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en el territorio nacional”.
La convocatoria es para el miércoles 28 de octubre a las 13:00, en la sala de sesiones de la Cámara Baja.
La propuesta legislativa busca establecer un marco legal actualizado para el uso de drones en Paraguay y acompañar el crecimiento de esta tecnología.
Además se quiere garantizar condiciones adecuadas de seguridad, responsabilidad y respeto a los derechos de las personas.
Según los proyectistas, la iniciativa parte de la creciente utilización de estos equipos tecnológicos en actividades agrícolas, comerciales, recreativas, de seguridad, logística, comunicación, investigación y entretenimiento.
Uno de los puntos principales alude al registro obligatorio de los drones, su identificación y la determinación de responsabilidades sobre sus propietarios y operadores.
El proyecto también contempla requisitos de capacitación y certificación para quienes los utilicen, además del cumplimiento de las normas de circulación aérea y la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños ocasionados a terceros.
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Diputados vuelve a analizar proyecto que eleva penas por denuncias falsas
La Cámara de Diputados analizará este martes, en sesión ordinaria, el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”, que busca fortalecer el marco jurídico contra las denuncias falsas. La iniciativa vuelve a la cámara de origen, luego de que el Senado la aprobara con modificaciones.
El proyecto, obtuvo media sanción en Diputados tras ser analizado en las comisiones asesoras, que le dieron dictamen favorable. En esa versión se incorporaba un inciso 4º al artículo 289 (Denuncia falsa) para agravar la sanción cuando la denuncia falsa provocara la aplicación de una medida restrictiva de libertad contra el denunciado dentro de un proceso penal.
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En esos casos, la pena privativa de libertad sería de hasta seis años, y se aplicaría además una pena patrimonial complementaria. Durante el debate, el proyectista Yamil Esgaib sostuvo que estos hechos ocurren con frecuencia en Paraguay, en países vecinos y en el mundo, y que se necesitan “mejores mecanismos de control y condiciones más severas de castigo” para quienes cometen este tipo de delitos.
Cambios del Senado
En tanto, cuando el proyecto fue analizado por la Cámara de Senadores respaldó la iniciativa, pero con modificaciones centradas en la redacción y la estructura del texto. La versión sancionada por la Cámara Alta propone lo siguiente:
Inciso 2º: la pena privativa de libertad podrá aumentarse hasta seis años cuando las conductas previstas en el inciso anterior se refieran a hechos antijurídicos considerados crímenes.
Inciso 3º: en los casos anteriores se aplicará, además, la composición prevista en el artículo 59 del Código Penal, en lugar de la pena patrimonial complementaria que figuraba en el texto original.
En la sesión de mañana, Diputados deberá decidir si acepta las modificaciones del Senado, con lo cual el proyecto quedaría sancionado y pasaría al Poder Ejecutivo, o si se ratifica en su versión original.
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