La diputada Kattya González manifestó este viernes que se reunirá con varios de sus colegas para buscar los votos necesarios a fin de impulsar la pérdida de investidura del legislador José María Ibáñez por el caso de los “caseros de oro”.
“El tema del diputado Ibáñez coloca nuevamente en agenda ciudadana y mediática la figura de la pérdida de investidura, una figura constitucional que habilita a un procesamiento y juzgamiento político por parte de sus pares”, dijo la legisladora, a los medios de prensa.
Sostuvo que la arista judicial que hoy plantea un debate es la suspensión condicional del procedimiento, donde el implicado, Ibáñez, acepta los hechos por los cuales el acusado por el Ministerio Público, en el caso de los caseros de oro.
La diputada indicó que el pedido de nombramiento se da por parte del diputado Ibáñez pero que los beneficiarios no prestaron servicios en la Cámara Baja, sino en la propiedad del legislador colorado.
“Yo creo que se da posibilidad de abrir el debate pero tenemos la vigencia de la ley de autoblindaje que nos impide las iniciativas. En esta semana vamos a estar analizando, hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa, de manera a congeniar la mejor estrategia”, agregó.
El diputado José María Ibáñez fue procesado por el Ministerio Público años anteriores por el caso de los “caseros de oro”. En los últimos días se dio a conocer que el proceso quedaría suspendido y quedaría libre de la investigación y con el legajo limpio.
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“El transporte público no puede ser rehén de quienes lucran con el caos”, cuestiona diputado
El diputado Rodrigo Gamarra cuestionó al sector empresarial del transporte público y afirmó que urge el cambio del sistema del transporte público en el país. Argumentó que el Estado destina un millonario monto a este sector, sin embargo, solo se recibe a cambio un pésimo servicio que termina afectando a toda la ciudadanía.
“Cada mes, el Estado paraguayo destina entre 3,3 y 3,9 millones de dólares en subsidios al transporte público del área metropolitana. A lo largo de una década, esto representa más de 432 millones de dólares pagados a empresas que en muchos casos ofrecen un servicio deficiente y, peor aún, amenazan con paralizar el país cada vez que el pago se retrasa”, criticó en conversación para La Nación/Nación Media.
En este sentido, expresó que, con el monto destinado a los transportistas, el Estado podría invertir en reemplazar la flota con mayor operatividad. “Hoy, Paraguay podría utilizar ese mismo dinero para comprar más de 1.700 buses nuevos, preferentemente eléctricos, y reemplazar el 100 % de la flota actual, estimada en unas 1.500 unidades. Hablamos de vehículos sin humo, silenciosos, con menor costo operativo, mejor confort y sostenibilidad ambiental”, apuntó.
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Para el diputado, no se trata solo de cambiar la flota de buses, sino también de cambiar el modelo de transporte público. “Los ómnibus adquiridos con recursos públicos podrían ser concesionados a empresas serias, transparentes y competitivas, que operen bajo reglas claras y estándares de calidad exigentes. Con una inversión ya cubierta por el Estado y un costo operativo mucho más bajo gracias a la tecnología eléctrica, el precio del pasaje al usuario podría incluso reducirse”, refirió.
Este nuevo esquema permitiría “cortar de raíz el chantaje de quienes lucran con el subsidio, establecer contratos con cláusulas de rendimiento y penalidades, garantizar a los ciudadanos un transporte público digno, limpio y confiable, y fortalecer la trazabilidad y el control digital del sistema”, de acuerdo a su sugerencia.
El parlamentario propone que sea el Estado paraguayo el que lidere este proceso de modernización del sistema de transporte. “En ningún momento proponemos abandonar el rol del Estado, por el contrario, proponemos que el Estado lidere el proceso de modernización, posea los activos, y ponga las reglas de juego claras para concesionar su uso a operadores responsables”, sentenció.
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Plantean cárcel o multa para mitigar los perfiles falsos y la estafa digital
El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.
La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.
También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.
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El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.
Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.
Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.
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Diputado plantea horario escalonado como alternativa al cambio de hora
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la solución al problema de los horarios durante el invierno no es cambiar y volver al horario pasado; sino que deben plantearse propuestas que ayuden a mejorar en verdad la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador propone abrir un debate sincero respecto a un horario escalonado inteligente. Lamentó la propuesta de su colega de volver a establecer el horario diferenciado entre verano e invierno.
Señaló que esas ideas provienen de gente “anticuada” y que muestran a las claras que no se busca mejorar las condiciones de vida.
“No tenemos que mantenernos en un status quo, por comodidad. Al final de cuentas, con el horario antiguo y el actual, si no están dadas las condiciones, la gente sigue teniendo mala calidad de vida”, explicó a La Nación.
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El legislador explicó que para lograr que tanto los alumnos como sus padres puedan tener una mejor calidad de vida es necesario establecer un horario escalonado.
“Ingresarán al aula con la luz del día, dormirán una hora más. Al final de la tarde, tendrán vida social, tanto padres como hijos. Eso se logra con horario escalonado, como lo hicieron en otros países”, mencionó.
Jornal mínimo diurno y nocturno
El legislador señaló que el Ministerio de Educación ya aclaró que las instituciones educativas tienen la potestad de establecer sus horarios como mejor les convenga. El problema es que los padres tienen marcados sus horarios de entrada a las 7 o las 7:30 de la mañana.
“La solución saldrá cuando se estudie y se establezca el horario jornal mínimo, estableciendo que corra a partir de las 8:00 en adelante. Si esto no se establece por ley, las empresas no podrán modificar sus horarios. Al hacer correr los horarios también hay que tener en cuenta el horario nocturno”, explicó.
Insistió que debe apuntarse al debate antes que a volver “a las cavernas, cuando surge un problema” y reiteró que el problema pasa por el horario de los padres, que debe ser posterior al ingreso en las escuelas y los colegios.
“Las empresas privadas, ni públicas, no podrán hacer el cambio si no se adopta el jornal mínimo diurno, distinto al jornal mínimo nocturno, que es el doble. Si cambiamos el inicio del pago del jornal mínimo diurno podremos mejorar. Ahí comenzará a descomprimirse el resto”, explicó.
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Proponen crear una cuenta única para canalizar fondos de salidas alternativas al proceso penal
El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.
Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.
El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.
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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.
Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.
Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.
Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.