El ex fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, destacó la terna para el mismo cargo porque considera que los integrantes son capaces. Además, resaltó el sistema de elección ya que eso da la pauta de que "funcionan" las instituciones.
"Los conozco a todos y son muy capaces. Funciona el Consejo de la Magistratura, se selecciona, se hace lo que se debe hacer", manifestó Candia Amarilla, en comunicación con la 780 AM.
Indicó que ser fiscal general del Estado es una labor ingrata y nunca se le puede dar el gusto a todos. A su criterio, no es un cargo para poder complacer y elevar la popularidad.
Sostuvo que muchas veces las decisiones que se deben tomar deben estar más ajustadas a la legalidad que al sentir popular.
"Creo que el Ministerio Público está evolucionando. Tengo una leve esperanza que necesariamente vamos a ir hacia esa evolución soñada", agregó.
Este jueves el Consejo de la Magistratura dio a conocer la terna para el cargo de fiscal general de Estado. Esta compuesta por Lidia Victoria Acuña Ricardo, Javier Díaz Verón (busca reelección), y Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga.
La terna fue aprobada por unanimidad por el Consejo de la Magistratura. La terna será remitida al Poder Ejecutivo, que tiene 30 días para ponerlo a consideración ante la Cámara de Senadores.
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Ejecutivo reglamenta aporte jubilatorio para contratados que cotizarán a la Caja Fiscal
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.° 5929/2026, mediante el cual se reglamenta el régimen de seguridad social para los empleados públicos contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
La normativa dispone la incorporación obligatoria de estos trabajadores al Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cumplimiento de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
La medida será efectiva a partir del segundo semestre del presente ejercicio fiscal. Como paso previo, los empleados contratados deberán gestionar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la baja o suspensión de su registro en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema Marangatu, ya que dejarán de facturar como prestadores de servicios para pasar a ser cotizantes directos de la Caja Fiscal.
Implementación progresiva y antigüedad
Si bien los contratados dependientes del Poder Ejecutivo inician sus aportes este año, el decreto establece un cronograma para el resto de los Organismos y Entidades del Estado. Estos se incorporarán de manera gradual, teniendo como plazo máximo el 1 de enero de 2028.
Un punto clave de la reglamentación, basada en el artículo 84 de la Ley N.° 7445/2025, es la preservación de la antigüedad. En caso de que un empleado contratado pase a ser funcionario permanente mediante concurso o asuma un cargo electivo, seguirá aportando de forma ininterrumpida, y su antigüedad se computará desde el primer aporte realizado bajo la figura de empleado público.
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Retenciones y excepciones
Los OEE serán los encargados de efectuar las retenciones correspondientes sobre las remuneraciones imponibles. Para viabilizar la liquidación, cada contrato registrado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) deberá incluir obligatoriamente el código de cotizante.
Quedan exceptuados de esta medida, los contratados por productos específicos; las consultorías; y los servicios profesionales independientes que no impliquen una relación de dependencia con el Estado. Estas categorías continuarán rigiéndose por las disposiciones tributarias y administrativas actuales.
Ajustes administrativos
El MEF será la autoridad encargada de reglamentar los procedimientos técnicos y contables. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios en el Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE), para garantizar que la transición operativa y el flujo de los aportes jubilatorios se realicen de manera eficiente y segura.
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Corte estudiará si ratifica designación del síndico de Quiebras, tras dictamen del Consejo de la Magistratura
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia definirá este martes la ratificación de la decisión adoptada sobre la confirmación del síndico de Quiebras, Bernardino Caballero. Este hecho se produce tras recibir el dictamen jurídico del Consejo de la Magistratura, en el cual se respalda la determinación tomada en la sesión pasada por los miembros de la máxima instancia judicial.
Asimismo, el tratamiento del tema se da en el contexto de una nota presentada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien planteó la necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en resguardo de la imagen institucional. Ante esta nota, el órgano seleccionador de ternas remitió un dictamen a la Corte ratificando que Caballero reúne los requisitos para seguir en el cargo.
En su momento, el ministro Ramírez Candia había señalado públicamente que, conforme a la información remitida por el Consejo de la Magistratura, se cumplen las exigencias establecidas en la normativa vigente, indicando que el objetivo de la verificación es ratificar institucionalmente dicha situación.
Sobre este punto, el dictamen de la asesoría jurídica del Consejo de la Magistratura concluye que la norma no exige exclusivamente un título universitario de grado, sino la acreditación de conocimientos en función de la formación y experiencia vinculadas al cargo.
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Dictamen jurídico del Consejo de la Magistratura respalda confirmación de síndico de Quiebras
El Consejo de la Magistratura emitió un dictamen jurídico en el que ratifica que Bernardino Caballero, recientemente confirmado en el cargo de síndico de Quiebras, cumplió con todos los requisitos legales para seguir en el citado puesto. Este documento respalda la decisión adoptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que días atrás resolvió confirmar a Caballero por un nuevo período.
Inicialmente surgieron cuestionamientos que sugerían que el síndico no contaba con la formación necesaria en áreas como contabilidad y administración. Sin embargo, dicha controversia ha quedado desestimada, ya que el órgano encargado de conformar la terna reconoció que Caballero posee los conocimientos técnicos requeridos. Esto se acredita mediante su participación en especializaciones como Gestión Administrativa y Contable, así como en cursos de actualización en Derecho de Quiebras, entre otros.
Asimismo, el dictamen jurídico del Consejo de la Magistratura es tajante al señalar que el cargo de síndico de quiebras no exige exclusivamente un título de grado para validar conocimientos en ciencias contables y administrativas. De acuerdo con la Ley de Educación Superior, dicha competencia puede acreditarse a través de cursos, carreras o programas indistintamente, según refiere el documento remitido a la Corte.
En consecuencia, los ministros de la máxima instancia judicial, en sesión plenaria, decidieron confirmar a Bernardino Caballero en sus funciones, actuando bajo estricto cumplimiento de las normas vigentes. El síndico prestará juramento el próximo lunes 27 de abril.
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Tratamiento de la Caja Parlamentaria se pospone
Senado devuelve a comisión proyecto sobre fondo jubilatorio parlamentario y posterga otros temas para mayor análisis.
En el inicio de su sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Senadores resolvió enviar nuevamente a comisión el proyecto relacionado con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, en una decisión orientada a profundizar el análisis y construir consensos en torno a la propuesta.
La determinación fue adoptada como primer punto del orden del día, reflejando la intención de los legisladores de revisar con mayor detenimiento el contenido del documento, especialmente en lo que respecta a eventuales modificaciones que puedan surgir del debate en comisión.
De manera complementaria, el pleno también dispuso la postergación por ocho días del tratamiento de diversas iniciativas legislativas, con el objetivo de otorgar más tiempo para su estudio y evaluación técnica.
Según se indicó durante la sesión, el retorno del proyecto a comisión permitirá avanzar en un proceso de diálogo entre los distintos sectores, buscando ajustes que garanticen mayor consenso antes de su eventual tratamiento en el pleno.
La medida se enmarca en una dinámica legislativa que prioriza la revisión detallada de propuestas sensibles, como lo es el sistema de jubilaciones y pensiones del ámbito legislativo, atendiendo a su impacto institucional y financiero.