El Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), encabezado por Tadeo Rojas, emitió este sábado un comunicado sosteniendo que Sistema Integrado de Alimentación (SIAE) está en condiciones de uso y que su aplicación por las empresas proveedoras es de carácter obligatorio.

La aclaratoria por parte del organismo encargado de controlar y supervisar el programa Hambre Cero en las Escuelas surge tras las afirmaciones esgrimidas por el Gremio de Alimentación Escolar del Paraguay (Gaepy), cuyos miembros advirtieron sobre un posible e inminente peligro de interrupción de la iniciativa.

El gremio alega la existencia de múltiples fallas técnicas y operativas en la implementación del SIAE. “En reiteradas ocasiones se han organizado capacitaciones y asesoramientos presenciales y telemáticas a los usuarios del SIAE, ya sean estos funcionarios de gobernaciones, del Ministerio de Educación y Ciencias o de empresas proveedoras. Si hace falta reforzar esta capacitación, técnicos del Ministerio de Desarrollo Social están disponibles".

El comunicado agrega que “las dificultades técnicas a la conectividad son menores en relación al global de las instituciones y, respecto a esta situación el gobierno del Paraguay se esfuerza para mejorar la cobertura. Asimismo, es clave reforzar el compromiso de todos los actores involucrados en el proceso, para la correcta utilización de la plataforma informática“.

La nota refiere además que “debido al aumento de la oferta educativa por parte del MEC se registran diferencias entre los registros informáticos y el número real de estudiantes matriculados en las instituciones, estás son mínimas, y en el SIAE se pueden ajustar esos datos”.

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En el comunicado emitido por el CONAE, se recuerda que el SIAE fue establecido en la Ley 7264/2024 y en el decreto reglamentario 1.584/2024 “por lo que todos los involucrados en este programa, debemos poner el mayor esfuerzo para cumplir la norma en forma irrestricta”.

Señala que “las autorizaciones para el uso del formato físico fenecieron en marzo, hasta tanto se subsanaran los inconvenientes con la SIAE, a partir de abril es obligatorio el uso de la SIAE, sin excepciones, tal como lo deja claro la resolución Conae 051/24″.

Esta aclaratoria surge teniendo en cuenta que desde GAEPY solicitaron a la CONAE una prórroga en la implementación obligatoria del sistema digital, exigiendo que se habilite el procedimiento en formato físico durante el presente periodo escolar.

“Se insta a las empresas que forman parte de este gremio, a aunar esfuerzos para lograr los objetivos del programa, y a comprometerse con el cambio de paradigma al asegurar la transparencia que se logrará mediante la sustitución del uso de documentos físicos y procesos manuales, por un sistema informático que garantice la viabilidad del proceso administrativo y la total transparencia en el uso de los recursos públicos“.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se refirió este viernes sobre los alcances del decreto n.° 3.899, que estipula la adquisición obligatoria de productos y servicios de la agricultura familiar y mipymes por proveedores del programa Hambre Cero en las escuelas, en porcentajes del 10 % y 5 %, respectivamente.

“Quiero aclarar que la compra de productos e insumos de la agricultura familiar campesina, como también de los productos de bienes y servicios de las mipymes, está establecida hoy en los líneamientos del programa, como así también en los contratos, pero le faltaba un toque más formal, con un respaldo legal de mucho más peso“, sostuvo Rojas, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Por su volumen, dimensión, cobertura, Hambre Cero es un programa de revisión y de ajustes permanentes a los efectos de que pueda ser cada vez más efectivo”, refirió. Con el decreto, las empresas adjudicadas deberán adquirir insumos frutihortícolas, directamente del productor, por el valor del 10 % de sus contratos, y productos y servicios de las mipymes por el 5 %.

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“Entre los aspectos más importante de este decreto es que se establece que mensualmente se debe presentar las facturas de compras para la elaboración del proceso administrativo para el pago del servicio que hacen las empresas en la provisión de la alimentación escolar“, refirió.

Las facturas de compra en concepto de productos frutihortícolas e insumos de la agricultura familiar o bienes y/o servicios deberán ser cargadas en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), mediante los usuarios registrados por los proveedores ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Con esto estamos asegurando que las compras de los productos sean fijos, permanentes, es decir cada mes. Esta obligación de compra obligatoria es establecida para ambas modalidades del programa, ya sea para la modalidad de cocinando en las escuelas como el sistema de catering”, comentó el alto funcionario de Estado.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Social advierten a las empresas que la inobservancia de esta medida será considerada como incumplimiento contractual y se aplicarán sanciones administrativas, conforme a lo establecido en las normativas.

Rojas dijo que otro de los puntos resaltantes de la resolución presidencial guarda relación con evitar a los intermediarios. “De acuerdo a las evaluaciones realizadas, encontramos que la presencia de estos termina perjudicando al sector productivo de alguna u otra forma en cuanto a los precios y pagos”, indicó.

El Poder Ejecutivo firmó este jueves un decreto que establece la adquisición obligatoria de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes en los porcentajes establecidos para el programa Hambre Cero. Este documento brindará mayor seguridad en los negocios, exigiendo la presentación de facturas de manera mensual.

El anuncio fue brindado por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, junto con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, tras la reunión que mantuvieron con el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien rubricó el decreto n.° 3.899, a partir de una evaluación que se realizó con el presidente Santiago Peña, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

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El ministro Rojas explicó que, mediante el decreto presidencial, se establece que las empresas contratadas para proveer alimentos a las escuelas, en el marco del programa Hambre Cero, deberán comprar de la agricultura familiar un 10 % de sus productos. Igualmente, señaló que la normativa establece que se deberá comprar un 5 % de las mipymes sobre el monto total, pero facturando de manera mensual.

“Esto estaba contemplado en los lineamientos del contrato, pero no así dentro de la Ley de Alimentación Escolar Hambre Cero, ni tampoco en el decreto reglamentario. Por eso, se vio necesario oficializar por decreto. Hoy se establece con este decreto la adquisición obligatoria dentro de los porcentajes establecidos", explicó Rojas.

No obstante, el secretario de Estado resaltó que lo principal de este decreto es que se determina que, para el pago por el servicio hecho por las empresas, se debe exigir en el proceso la presentación de las facturas de compras directas de la agricultura familiar campesina y de las mipymes en forma mensual.

“Esto generaba algunas dudas y, en algunos casos, se ha encontrado que no se estaba exigiendo la presentación de las facturas en forma mensual de las compras directas de la agricultura familiar campesina y mipymes. Ahora con este decreto se establece la obligatoriedad de la presentación, para iniciar el proceso de pagos”, acotó.

Asimismo, informó que con el presente decreto se establece igualmente sanciones en caso de incumplimiento de este trámite. Además, se le obliga a las empresas proveedoras a la carga de las facturas de forma mensual al Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), a través de sus respectivos usuarios otorgados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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La Cámara de Diputados aprobó en su última sesión ordinaria, un proyecto de ley que incorpora modificaciones a la ley de financiamiento político. Según explicaron los proyectistas, esto buscaría agilizar y digitalizar los procesos. De acuerdo a lo expresado por el senador Natalicio Chase, esto tendría el acompañamiento de los legisladores colorados en su conjunto.

“Yo creo que todos los colorados van a acompañar la decisión del partido, vamos a esperar que llegue a las comisiones para su estudio y ahí vamos a tener un panorama más claro”, expresó en contacto con La Nación/Nación Media, no obstante, señaló que desde Honor Colorado, ya han decidido acompañar la línea partidaria.

Se trata del proyecto “Que modifica los artículos 64 inciso A, 66 y 278 inciso B de la ley nº 834/1996, del Código Electoral, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018” y en la iniciativa alegan que estas modificaciones son necesarias ya que si bien la norma actual establece controles, estos resultan en muchas ocasiones, muy complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

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Uno de los aspectos que incorpora esta propuesta es la posibilidad del reconocimiento anticipado de los movimientos internos, algo que no está integrado en la ley actual. Además, propone formalizar esta etapa de modo a que los movimientos puedan gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Chase descartó que el proyecto busque acortar los tiempos de campaña. “Es justamente al revés, permite una mayor participación y no limita a un periodo de tiempo la participación de los inscriptos. Lo que pasa es que cierto sector de la oposición, según escuché, dicen que el Partido Colorado busca inclinar la balanza hacia su cancha y es al revés, es siempre el Partido Colorado el que posibilita la mayor participación y eso se hace atendiendo a nuestra capacidad de organización”, refirió.

A esto añadió, “estamos seguros de que vamos a tener un resultado mejor en las próximas elecciones, no importa cuáles sean las condiciones”. Otro de los alcances de la ley es la digitalización de la presentación de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña y la declaración de intereses económicos vinculados.

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También obliga al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a publicar en un plazo de diez días hábiles, todas las declaraciones e informes recibidos en su portal y contempla la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Otra de las modificaciones, es la actualización de uno de los organismos de control. “Atendiendo a que hay una unificación de funciones de una institución que dejó de existir que era la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ahora tres instituciones están unificadas en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), entonces se cambia para ajustar a la ley vigente”, explicó.

El legislador y líder de la bancada de Honor Colorado, indicó que es muy probable que este proyecto aún no sea tratado en la próxima sesión del Senado, puesto que aún estaba pendiente el ingreso del documento a la Cámara, no obstante, señaló lo siguiente, “apenas llegue vamos a pedir que se incluya en el orden del día”