Avanza la investigación en el caso de la desaparición del pequeño Khael. Los investigadores hallan varias líneas telefónicas y detienen a dos personas. “En el marco del proceso investigativo, tenemos ciertas novedades, aunque no concluyentes”, manifestó este miércoles el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

En ese sentido, mencionó que ayer, siendo las 11:20, incautaron ciertos elementos que eran propiedad del capataz de la hacienda que ya estuvo detenido el pasado 6 de octubre. O sea, el señor Walter Correa Pesoa vuelve a estar nuevamente detenido. También se detuvo a un peón identificado como Vicente Martínez, de 33 años.

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“Los objetos incautados son aparatos celulares, distintos al celular que el señor Walter Correa Pesoa ya había entregado para peritaje. También se incautaron chips de diferentes líneas, armas de fuego y una tarjeta de memoria”, precisó el agente policial.

Ellos, de momento, están detenidos, en tanto se realice el peritaje de los aparatos electrónicos, indicó el uniformado. “Todo esto se debe a que en un momento dado, el señor Walter había declarado y había entregado un aparato celular, pero no dijo que poseía otro ni que poseía otros elementos que podían vincularlo”, explicó el investigador.

Por otra parte, mencionó que la mujer estaba siguiendo un proceso judicial de filiación con un ingeniero agrónomo. Sin embargo, su paternidad fue descartada a través de una prueba de ADN, señaló el oficial. No obstante, también fue incluido en la investigación.

“Este señor también detenido en su tiempo, pero es diferente. Walter Correa Pesoa fue otra pareja de ella mientras desempeñaba funciones dentro de la casa”, detalló.

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En cuanto a una posible localización del niño, afirmó que no cuentan con ningún rastro. “Por eso es que se da esta circunstancia sospechosa. Lo más lógico es pensar que Khael fue sustraído de la hacienda”, apuntó.

También se refirió a las sospechas hacia el peón detenido. “Este señor era un posible portonero y según declaraciones de personas que trabajan en la hacienda, las entradas siempre estaban candadeadas y el único posible acceso era el portón principal. Entonces, se puede pensar en una posible complicidad”, argumentó el uniformado.

Asimismo, dijo que hay varias personas que están siendo investigadas, además de los detenidos. Otro detalle que consideran importante es que la estancia está a 12 kilómetros de la frontera. “Está a 3 horas de Bolivia, y la denuncia sobre la desaparición de Khael se hizo 15 horas después”, puntualizó.

Por ese motivo, aunque la madre mantenga su versión, ya fue imputada por falta del deber del cuidado. “Ella va a estar recluida mientras dure la investigación, pero ya hay una imputación sobre ella”, expresó. La búsqueda continúa a nivel internacional con una alerta amarilla de localización internacional y podrían realizarse allanamientos en estancias aledañas.

Las inundaciones provocadas por la crecida de ríos y arroyos continúan causando graves estragos en distintos puntos de Paraguay. En Ciudad del Este, al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, unas 60 familias fueron evacuadas y reubicadas en albergues y refugios temporales ante el avance del río Paraná. El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Cnel. Arsenio Zárate, explicó que la contingencia en Alto Paraná responde al aumento del caudal del río Iguazú y la crecida del Acaray. El masivo volumen de agua del Iguazú genera un represamiento sobre el Paraná, lo que dificulta el vertido de los arroyos internos y agrava los anegamientos en las zonas urbanas.

El impacto del temporal se extenderá progresivamente a otras localidades ribereñas como Cerrito, en Ñeembucú, Yabebyry, en Misiones, y Coronel Martínez, en Guairá. En Ayolas, donde los espacios disponibles ya se encuentran totalmente ocupados, las brigadas construyen viviendas provisorias a la espera de que el nivel del Paraná alcance su pico máximo para comenzar su paulatino descenso.

Fiel a su estrategia procesal, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, en compañía de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, solicitó este miércoles la suspensión de su audiencia preliminar, posponiendo así el avance de su proceso judicial por presunta lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La audiencia preliminar del legislador había sido fijada por el tribunal para esta fecha a las 9:00; sin embargo, tras este nuevo recurso planteado por la defensa, la diligencia quedó reprogramada para mañana jueves, 15 de octubre. El dirigente opositor argumenta que se encuentra pendiente de estudio una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción de su causa y su sobreseimiento definitivo.

El juez Carlos Luis Mendoza Peña otorgó, por un plazo de 90 días, la prisión domiciliaria al exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien se encuentra en etapa de recuperación tras permanecer internado en el Hospital Nacional de Itauguá debido a un cuadro de meningitis bacteriana y un traumatismo craneoencefálico por una caída ocurrida el pasado 6 de septiembre. La resolución del magistrado, emitida este miércoles 14 de octubre, detalla que el periodo de 90 días correrá desde mañana, jueves 15 de octubre, con vencimiento el 11 de enero del 2027. Agrega que la decisión podrá ser revocada ante cualquier violación grave de la misma.

Refiere también que el exanimador de radio y televisión “permanecerá bajo un estricto control de un trabajador social y un médico forense del Poder Judicial, quienes deberán constituirse en el domicilio en que guardará prisión y remitir, antes del vencimiento del plazo, informes actualizados al juzgado sobre su evolución clínica, autonomía funcional, tratamiento, necesidades de asistencia y condiciones socioambientales, a fin de resolver fundadamente la continuidad, modificación o cese de esta modalidad”.

Agentes Especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Senad, liderados por el fiscal Fernando Escobar de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná - Unidad 2, interceptaron un tractocamión a la altura del km 3,5 de la ruta PY02, en Ciudad del Este, a pocos metros del Puente de la Amistad, cuando se dirigía a San Paulo, Brasil. Mediante un trabajo de inteligencia, los agentes de la Senad ya tenían la sospecha de que el rodado transportaba una carga ilícita, por lo que lo retuvieron y lo revisaron. Efectivamente, hallaron un cargamento de cocaína oculto en un doble fondo en el techo de la cabina.

Al mando del camión iba Leonice Esser Pereira, quien presentó un documento en el cual consignaba una carga de arroz. En total encontraron 235 paquetes que contenían 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. Los paquetes estaban envueltos en cinta de embalaje transparente y llevaban la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil.

Un grupo de farmacéuticos y bioquímicos del Instituto de Previsión Social (IPS) lleva adelante una manifestación en la intersección de las calles Constitución y Herrera, en Asunción, frente a la Caja Central de la entidad. Los manifestantes se concentraron en el lugar a la espera de una audiencia con las máximas autoridades de la institución previsional.

El objetivo central de la movilización es entregar un petitorio formal que exige el fin de la precarización laboral y la actualización de sus ingresos. La medida de fuerza congrega a profesionales que, en numerosos casos, superan una década de antigüedad prestando servicios bajo el régimen de contratación temporal sin acceder a la estabilidad. Según la vocera del gremio, la Dra. María Arce, el sector está conformado por más de 1.200 profesionales, entre químicos, farmacéuticos y bioquímicos. De ese total, cerca del 50 % permanece en situación de contrato, lo que refleja la alta vulnerabilidad laboral en la que operan dentro del sistema de salud previsional.

El senador Gustavo Leite señaló que, a su criterio, el informe remitido al Senado por el Banco Central del Paraguay (BCP) es insuficiente, y adelantó que su postura será solicitar el cambio total de los miembros del BCP y del superintendente de bancos. El legislador se refiere a la respuesta remitida por la entidad financiera sobre la supervisión regulatoria, los procesos de absorción o fusión bancaria y los límites crediticios en entidades de plaza.

“Necesitamos la certeza de que el Banco Central está trabajando afanosamente, rápidamente y con equidad para desterrar todos los temores existentes. Yo dije la semana pasada que si la respuesta del Banco Central era cantinflesca (confusa), tendría que pedir la remoción de sus miembros. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria que no responde a nada”, declaró este miércoles a los medios de prensa en el Senado.

El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel advirtió a Miguel Prieto y a otros 10 acusados que deben preparar su defensa ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso Tía Chela sean ampliados a estafa y producción de documentos no auténticos. El aviso se dio durante el juicio que enfrenta Prieto por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal

Prieto está sindicado como responsable de liderar un esquema de corrupción en el año 2020, durante la pandemia del covid-19. En aquel tiempo, con las excepciones de la ley de emergencia y la habilitación para la adjudicación sin procesos licitatorios, Prieto, ordenador de gastos de Ciudad del Este, adjudicó un contrato por 2.949.650.000 para la compra de 25.000 kits de alimentos. El beneficio directo fue para la empresa Tía Chela SRL, una despensa minorista sin capacidad logística para la provisión de una cantidad industrial como la solicitada por la comuna esteña.

Los agentes especiales del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron un tractocamión que transportaba casi 262 kilos de cocaína sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 3,5 de Ciudad del Este. El procedimiento, guiado por tareas previas de inteligencia, se concretó a escasa distancia del Puente de la Amistad.

El operativo se desarrolló bajo la dirección del fiscal Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná. Durante la inspección del vehículo, los intervinientes hallaron la sustancia ilícita oculta minuciosamente en un doble fondo acondicionado en el techo de la cabina.

El camión era conducido por Leonice Esser Pereira, quien presentó documentación que declaraba un supuesto cargamento de arroz con destino final a la ciudad de São Paulo, Brasil. Sin embargo, la revisión reveló la presencia de 235 paquetes que sumaron un total de 261,9 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Los envoltorios de la droga estaban recubiertos con cinta de embalaje transparente y llevaban impresa la insignia de la marca de cigarrillos Marlboro. Según estimaciones del personal interviniente, la carga incautada alcanzaría un valor de cotización cercano a los USD 3,9 millones en el mercado brasileño. Como parte de las diligencias complementarias, las autoridades dispondrán el escaneo exhaustivo del tractocamión para verificar o descartar la existencia de otros compartimentos ocultos con sustancias prohibidas.

Este martes, la Policía Nacional informó que detuvo a dos personas que estarían implicadas en la desaparición del niño Khael Valdez Ávalos, de 3 años, hace tres semanas en el Chaco paraguayo. La investigación se centra en el peritaje a teléfonos celulares y los múltiples números que tenían registrados en distintas compañías.

El oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de personas desaparecidas, expresó que en los últimos días se pudo constatar que el peón y capataz de la estancia “6 de Octubre” en zona Fortín General Díaz, departamento de Boquerón, tenían registrados a sus nombres varios números de teléfonos.

“Se procedió nuevamente a la detención de Walter Correa Pesoa, de 34 años, quien se desempeña como capataz y a un peón, Vicente Martínez Bogado, de 26 años, ambos trabajan en la misma estancia”, indicó que Vera, en “Cuenta Final” de canal Gen yy Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que si bien estas personas facilitaron sus números de celulares, no detallaron que tenían más chips registrados a sus nombres. “Estos serán sometidos a peritaje, porque en sus declaraciones dicen que es imposible que un extraño haya entregado a la hacienda siendo que hay porteros y portones candadeadas”, indicó.

Aseguró que hasta el momento la hipótesis más fuerte es que el menor no se perdió solo y que lo más probable es que lo llevaron, y que están reuniendo las pruebas para confirmar esta teoría, para dar con la ubicación de niño que está desaparecido desde hace tres semanas.

“Probablemente, el peón y el capataz tengan algo que ver. ¿Cómo es posible que una persona ajena a la hacienda haya ingresado para sustraer a Khael, si el lugar estaba bajo custodia? Esta situación nos lleva a considerar la hipótesis de que los trabajadores podrían estar involucrados. Sus teléfonos y números serán sometidos a peritaje”, puntualizó.

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