La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a través de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito, realizó un procedimiento de verificación en un depósito ubicado en la ciudad de Capiatá, que derivó en la incautación de un total de 12.760 kilogramos de cebollas y papas presumiblemente ingresadas al país de manera irregular.
El operativo se llevó a cabo anoche, con participación de funcionarios de la DNIT, en coordinación con el Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional y técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), en el marco de la Ley N.º 123/91 de protección fitosanitaria.
Durante la intervención, la comitiva fue recibida por el encargado del local, quien permitió el acceso para la verificación.
En el lugar se constató la existencia de bolsas de cebolla y papa sin el etiquetado codificado correspondiente del Senave ni documentación que respalde su ingreso legal y libre comercialización en el país.
Como resultado del procedimiento, se incautaron de 588 bolsas de cebolla de aproximadamente 20 kilogramos cada una, totalizando 11.760 kilogramos, y 50 bolsas de papa de 20 kilogramos, que suman 1.000 kilogramos, alcanzando un total de 12.760 kilogramos de mercaderías.
Las verificaciones se realizaron sin incidentes. Todos los productos incautados, presumiblemente de origen extranjero, fueron trasladados al depósito de la DNIT – GICAL, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde permanecerán bajo guarda y custodia.
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Plan de Cebolla avanza con perspectivas favorables para una zafra de alta calidad
Con buenos resultados obtenidos en Yasy Cañy, el Plan Nacional de Cebolla avanza con perspectivas favorables y apunta a una zafra de alta calidad, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La cartera agrícola reportó el desarrollo óptimo de las parcelas de cebolla de bulbo de la variedad tardía Salto Grande, que actualmente se encuentran en plena etapa de desarrollo vegetativo.
Este avance estratégico es resultado del trabajo coordinado entre los productores locales y el acompañamiento técnico institucional. La asistencia en campo estuvo a cargo del Ing. Agr. Tomás Ríos, técnico extensionista del MAG-DEAG, quien lideró las tareas de monitoreo sanitario, nutrición de cultivos y manejo de suelo y agua para asegurar el buen desarrollo de las plantaciones.
De acuerdo con el informe oficial, el control constante de plagas y enfermedades, la aplicación de planes de fertilización adecuados y la optimización del uso de los recursos hídricos permiten que las plantas presenten un follaje fuerte y saludable, una condición considerada indispensable para obtener bulbos de gran calibre y excelente calidad comercial en la próxima cosecha.
Con estas intervenciones, el MAG reafirma su compromiso con la soberanía alimentaria, promoviendo la sustitución de importaciones mediante producción nacional de alta calidad, además de contribuir a la dinamización de la economía de las familias rurales y garantizar el abastecimiento del mercado paraguayo con cebolla producida en el país.
Actualmente Paraguay cuenta con un consumo diario de 150 toneladas de cebolla, mientras que a nivel nacional la demanda es de 54.000 toneladas al año, según había indicado a La Nación/Nación Media la Asociación de Productores Frutihortícola y Agropecuaria Colmenense (Apfac).
De acuerdo al gremio, las perspectivas para esta campaña 2026/27 son favorables y sumando el apoyo estatal y la inversión de productores privados, la superficie total sembrada podría acercarse a las 1.000 hectáreas a nivel nacional.
El acceso a semillas y la asistencia técnica son factores importantes para fortalecer la producción local, además del apoyo recibido por parte del MAG, que viene acompañando a los agricultores mediante programas de apoyo productivo, mencionaron.
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El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.
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DNIT y bancos avanzan hacia un sistema de intercambio de información con autorización del cliente
La administración tributaria y el sector bancario conformarán un equipo técnico y tecnológico para desarrollar una plataforma que permita intercambiar información tributaria y bancaria de manera específica y bajo autorización de los contribuyentes.
Fortalecimiento conjunto. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el sistema bancario avanzan en el desarrollo de un mecanismo de intercambio de información que permitirá facilitar el acceso a determinados datos tributarios y bancarios, con autorización previa de los clientes.
El anuncio fue realizado por el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, durante la segunda Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)
Orué explicó que ambas partes conformarán un equipo técnico y tecnológico encargado de trabajar en el desarrollo del sistema, con la expectativa de que pueda estar disponible a mediados del próximo año. La herramienta permitirá que las entidades financieras puedan acceder a información tributaria de sus clientes y que, a su vez, la DNIT pueda consultar determinados datos bancarios para fortalecer sus procesos de control.
El director de la DNIT aclaró que el mecanismo no implicará un acceso irrestricto a la información de los contribuyentes. El alcance estará limitado a determinadas declaraciones y registros, entre ellos las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), estados financieros, facturación de empresas, impuesto a la renta empresarial (IRE) e impuesto a la renta personal (IRP).
Autorización con firma electrónica. Para acceder a estos datos será indispensable la autorización expresa del cliente. Según explicó Orué, cada banco deberá gestionar este consentimiento con sus clientes y posteriormente presentar la autorización ante la DNIT mediante la firma electrónica correspondiente. De esta manera, las entidades podrán consultar y descargar las declaraciones juradas habilitadas.
El sistema apunta principalmente a facilitar los procesos de evaluación de clientes que requieran acceder a productos financieros, como créditos. Sobre el punto, Orué señaló que todavía no se cuenta con una estimación de cuántos contribuyentes podrían otorgar esta autorización, pero remarcó que el acceso estará condicionado al consentimiento de cada cliente.
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Agricultor chaqueño demuestra el potencial de la producción de cebolla nacional
Con una producción que alcanza las 90 hectáreas de cebolla en el Chaco, Herbert Hiebert Falk se consolida como uno de los productores que apuestan por el crecimiento de la horticultura nacional. El buen rendimiento obtenido en esta campaña y la demanda del mercado reflejan el potencial que tiene el cultivo cuando se combina inversión, tecnología y un manejo adecuado de la producción, señala el boletín de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Actualmente, el productor inició la cosecha de las primeras cinco hectáreas, aunque en los próximos días prevé intensificar los trabajos para avanzar sobre el resto de la superficie cultivada. “En total tengo 90 hectáreas de cultivo de cebolla. En esta primera cosecha sacamos cinco hectáreas, pero este fin de semana vamos a aumentar la cosecha”, explicó.
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Los rendimientos obtenidos evidencian la magnitud del emprendimiento. “Cada hectárea llena una carreta de 33.000 kilos de cebolla y, por lo general, cosechamos entre dos y tres carretas por hectárea”, señaló Hiebert Falk, quien destacó que la campaña presenta resultados muy positivos tanto en productividad como en calidad.
La producción tiene como principal destino el Mercado de Abasto, además de otros comercios del país. “Comercializo mi producción principalmente en el Mercado de Abasto y también en otros comercios locales. Me va muy bien y este año la producción es bastante rentable; estamos contentos y tenemos el apoyo del Senave y del Ministerio de Agricultura”, afirmó.
El caso de Herbert Hiebert Falk refleja la capacidad de los productores nacionales para abastecer el mercado con cebolla cultivada en Paraguay. La escala de producción alcanzada, sumada al acompañamiento técnico de las instituciones públicas, demuestra el crecimiento que viene experimentando el sector hortícola y el aporte que realiza a la seguridad alimentaria, la generación de empleo y el desarrollo económico del país.