El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, se reunió este miércoles con el embajador de la República de China (Taiwán), Iván Yueh-Jung Lee.

Tras el encuentro, destacó que Che Róga Porã sigue creciendo y es valorado como programa de éxito.

“Me reuní con el embajador de la República de China (Taiwán) Iván Yueh-Jung Lee, y la presidenta de la AFD, Stella Guillén, para conversar sobre las perspectivas de expansión de este programa emblemático de nuestra política habitacional”, comentó el ingeniero Baruja a través de su cuenta oficial en X”.

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El titular del MUVH resaltó que un socio estratégico como Taiwán valore las iniciativas que Paraguay ya tiene en marcha, impulsa al gobierno a proyectar nuevas oportunidades para que Che Róga Porã llegue a más familias trabajadoras y de clase media.

“Bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, avanzamos con una política habitacional que busca abrir cada vez más caminos hacia la vivienda propia”, aseveró.

Por otro lado, Baruja oficializó la firma de un convenio con directivos del Banco Nacional de Fomento (BNF) para el financiamiento de viviendas económicas para la población paraguaya.

“Seguimos abriendo caminos para que más familias paraguayas puedan llegar a la casa propia. Firmamos un convenio con el Banco Nacional de Fomento (BNF), junto a su presidente, Manuel Ochipintti, y su gerente general, César Augusto Vargas, para facilitar el acceso al financiamiento de viviendas en el marco del Programa de Viviendas Económicas”, expresó.

Explicó que este nuevo mecanismo permitirá conectar la postulación a una vivienda con el proceso de evaluación crediticia del BNF, simplificando gestiones y haciendo más ágil el camino para las familias.

“Cada herramienta que incorporamos tiene un propósito: generar más oportunidades para acceder a una vivienda y construir un patrimonio para el futuro. Ese es el rumbo que impulsamos desde el Gobierno del Paraguay, bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana”, significó.

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“Tenemos que empezar a terminar con la proscripción civil que sufren los expresidentes de la República del Paraguay”, dijo el ministro Juan Carlos Baruja, respaldando el planteamiento de que el exmandatario Horacio Cartes compita por la senaduría activa en las elecciones generales del 2028. Agregó que el jefe de Estado, Santiago Peña, también debe acceder a dicha posibilidad al culminar su mandato, así como a pugnar por ser miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), bajo la presidencia renovada de Cartes.

“Tienen todavía muchísimo que aportar. El presidente (Peña), aparte de su juventud, tiene la experiencia como mandatario, eso es muy valioso, único. Nadie estudia para ser presidente de la República y la teoría jamás reemplazará a la práctica”, expresó el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Yo celebro, apoyo y acompaño la posibilidad de que el presidente Peña sea miembro de la Junta de Gobierno en el próximo periodo y que el 16 de agosto, una vez concluida su gestión como presidente, se integre plenamente para ejercer su labor como miembro de la Junta de Gobierno, y más adelante, sea senador activo”, comentó Baruja, quien es propuesto por los senadores del oficialismo colorado para acompañar al segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario Pedro Alliana, como dupla en el 2028.

“Peña ya lo dijo en público y también me comentó en privado que vino para quedarse en la política, entonces, celebro que pueda ser miembro de la junta bajo la presidencia de Horacio Cartes y desde, ahí contribuir políticamente con el Paraguay y con la próxima administración nacional y que en el 2033 sea senador activo y no vitalicio”, manifestó.

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Por otra parte, Baruja calificó como enriquecedor el encuentro que mantuvo el pasado 14 de agosto Peña con los miembros de la Conferencia Episcopal del Paraguay (CEP) donde abordaron varias situaciones que deben ser atendidas de forma urgente para el beneficio de los sectores más vulnerables.

“Quiero resaltar que tuvimos una acogida muy favorable, fuimos muy bien recibidos y tratados. Los obispos expresaron sus opiniones e inquietudes que van recogiendo de los diferentes departamentos, fue un momento de escucha para nosotros. Ellos valoraron mucho las acciones que esta haciendo el gobierno en materia social como el programa Hambre Cero, la construcción de viviendas y el otorgamiento de tierras para las familias campesinas y los indígenas”, comentó.

Agregó que los religiosos solicitaron a Peña potenciar los esfuerzos en las “áreas sensibles” como la seguridad, educación y la salud. “Se instaló un muy buen diálogo y quedó la intención de seguir generando este tipo de encuentros a los efectos de ir interactuando, intercambiando experiencias e informaciones para generar un mejor bienestar en nuestra población”, dijo.

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Un informe de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencias concluyó que el registro y la posterior legalización del título de grado del exsenador Hernán David Rivas se ajustaron a los requisitos establecidos por las normas vigentes. El documento forma parte de las pruebas incorporadas al juicio oral y público que enfrenta el exparlamentario.

En el marco del juicio que enfrenta el exsenador Rivas, acusado por el Ministerio Público en una causa relacionada con la presunta falsedad de su título de abogado, una de las pruebas documentales incorporadas al proceso corresponde a un informe de auditoría interna del MEC.

Se trata del Informe de Auditoría Interna N.° 026/2020, elaborado por la entonces Dirección de Universidades, Institutos Superiores y de Registro de Títulos del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias.

Según el documento, al que se hizo referencia durante el desarrollo del juicio, el registro del título de abogado de Rivas cumplió con las exigencias jurídicas establecidas para su validación, al igual que el procedimiento de visación realizado ante la institución estatal.

El informe señala que el título se adecuó a las normas jurídicas vigentes y que el trámite para su registro y posterior legalización se realizó conforme a los requisitos establecidos.

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La auditoría también hace referencia al certificado de estudios expedido por la Universidad Sudamericana, mediante el cual se acredita que Rivas cursó la carrera de Derecho y obtuvo el título de abogado en marzo de 2020.

A partir de la documentación analizada, el equipo auditor concluyó que fueron cumplidos los requisitos establecidos para el registro y la posterior legalización del documento de grado. Este elemento documental forma parte de las pruebas que son valoradas por el Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juicio.

Por otra parte, durante las jornadas de juicio también declararon algunos testigos propuestos por el Ministerio Público, entre ellos exalumnos y una exfuncionaria de la Universidad Sudamericana. Entre quienes ya prestaron declaración figuran Guillermo Guido Gauto, Livio Díaz Flores, Elías González Silvero y Lourdes Giménez.

Los exestudiantes Gauto y Díaz señalaron que cursaron sus estudios en las sedes de Luque y Salto del Guairá, respectivamente, y que rindieron sus exámenes finales en Luque. En consecuencia, manifestaron que no tuvieron contacto con Rivas durante su etapa universitaria, debido a que el exsenador asistía a la sede de Ciudad del Este.

Los testigos tampoco manifestaron haber tenido conocimiento directo sobre los hechos que son objeto de acusación en la causa. Asimismo, los exalumnos explicaron que habían iniciado previamente la carrera de Derecho en otras universidades y posteriormente convalidaron materias para continuar sus estudios en la Universidad Sudamericana, donde cursaron el último tramo de la carrera.

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Durante su declaración, Gauto también relató que realizó personalmente los trámites para registrar su título ante el MEC y que el procedimiento culminó aproximadamente en una hora. Los exestudiantes, además, señalaron que no contaban con información sobre las habilitaciones correspondientes a la carrera o a la facultad.

El proceso judicial continuará con la producción de las demás pruebas ofrecidas por las partes, mientras el Tribunal de Sentencia deberá determinar el valor de cada elemento incorporado durante el juicio para resolver la acusación contra el exsenador.

Resaltó que se triplicaron los linces y la operatividad de la fuerza pública en 3 años de gestión.

• Por Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com

En el balance de los tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enri­que Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la “institucionalidad” a la Policía Nacional, con mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y menor injerencia externa. Este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

En entrevista con La Nación/Nación Media, destacó que, en materia de seguridad, el Gobierno encabezado por Santiago Peña tuvo más aciertos que errores, y ase­guró que están poniendo todo el empeño para ir mejo­rando en la lucha diaria con­tra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos 3 años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en LATAM en rela­ción con la cantidad de homi­cidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al Departamento de Estado de los Estados Unidos somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciuda­danos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Esto se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo que devolvió a la Policía Nacional su institu­cionalidad, al darle autono­mía y autarquía en la toma de decisiones operativas y manejo de su presupuesto con menor grado de injeren­cia externa.

“Le devolvimos la opera­tividad que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en propor­ción a la cantidad de efecti­vos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

Entre los principales avan­ces, el ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organiza­ción y modernización de la Policía Nacional, que incor­pora reivindicaciones histó­ricas de los agentes y esta­blece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el forta­lecimiento de Asuntos Inter­nos para combatir la corrup­ción dentro de la institución.