Estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) rescataron el legado edilicio de la ciudad mediante la elaboración de maquetas a escala. El trabajo académico permitió reconstruir la memoria visual de cinco edificaciones emblemáticas que desaparecieron durante las transformaciones urbanas vinculadas a las obras de la represa de Yacyretá.

La exposición “Construyendo Memorias: Rescate edilicio de la antigua Encarnación”, presentada el pasado jueves 15 de octubre en el campus universitario, expuso los resultados de un proyecto desarrollado por estudiantes del Taller de Arquitectura VII de la Facultad de Ciencias, Arte y Tecnología. La muestra reunió réplicas a escala 1:25 del Antiguo Correo, la Antigua Aduana, la Casa Ramírez, la Casa Bertoni y la Estación de Trenes, complementadas con detalladas fichas técnicas.

El acto de apertura estuvo presidio por la rectora de la UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk, con la participación del decano de la facultad y director de la carrera, Arq. César Aquino, junto a la presidenta de la Asociación Civil Memoria Viva, Arq. Graciela Kasprzyk Jasinski. Las autoridades destacaron el impacto del proyecto para la divulgación y salvaguarda de la historia urbana itapuaense.

Durante la jornada, los universitarios explicaron sus investigaciones a docentes, familias y miembros de la comunidad local. Los trabajos expuestos integraron el estudio riguroso de la historia edilicia con técnicas avanzadas de representación arquitectónica, consolidando un proceso de formación profesional con fuerte compromiso social y cultural.

La iniciativa no solo permitió recuperar de forma tangible una porción significativa del patrimonio perdido de Encarnación, sino que también constituye un valioso legado didáctico. El material documental y las estructuras a escala quedarán como acervo cultural para que las futuras generaciones puedan conocer el valor arquitectónico de la antigua ciudad.

El analista y consultor de Finanzas y Estrategia, Amílcar Ferreira, advirtió sobre los riesgos que pueden generar las filtraciones de documentos y las declaraciones públicas en torno a investigaciones del sistema bancario, al señalar que este tipo de situaciones puede afectar la confianza de los ahorristas y extender la incertidumbre a otras entidades financieras.

En comunicación con La Nación/Nación Media, sostuvo que las investigaciones y los pedidos de transparencia deben avanzar, pero mediante los canales institucionales y con la prudencia que requiere el sector. “El sistema financiero paraguayo está sólido”, afirmó, al mencionar que el país cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos superior a USD 1.200 millones, acumulado durante más de una década.

Ferreira consideró que la exposición mediática de procesos que todavía están en curso puede generar preocupación entre los clientes, incluso cuando no cuentan con información suficiente para evaluar la situación. Según indicó, ya existen ahorristas que están retirando sus depósitos ante las dudas generadas por las publicaciones y declaraciones.

“Cualquier rumor o desinformación o ataque” puede tener consecuencias en un sistema sensible a los cambios de confianza, explicó. En ese sentido, alertó que el efecto no necesariamente se limita a una entidad, sino que puede extenderse a otras instituciones y afectar la percepción de los inversionistas extranjeros sobre el mercado paraguayo.

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El consultor también señaló que en la controversia se mezclan cuestiones comerciales y procesos judiciales, lo que, a su criterio, contribuye a intensificar el ruido mediático. Por ello, insistió en que las autoridades competentes deben esclarecer los hechos y comunicar los resultados cuando corresponda, sin anticipar conclusiones sobre investigaciones abiertas.

“Esto no significa que no haya transparencia, claro que haya los sumarios, todo lo que haya que aclarar, pero con la debida responsabilidad y madurez”, expresó.

Sus declaraciones se dan en el contexto del comunicado de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que pidió transparencia y la aplicación de criterios iguales para todas las entidades, además de respuestas claras del Banco Central del Paraguay sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.

Ferreira coincidió en la necesidad de que las instituciones cumplan su función y los procesos se desarrollen adecuadamente, pero reclamó recuperar la racionalidad y evitar que las diferencias se conviertan en una confrontación pública que termine perjudicando al sistema en su conjunto.

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Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), consideran que las respuestas brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), a los pedidos de informes del Senado, si bien representan el cumplimiento de un requerimiento institucional, no lograron despejar las principales inquietudes planteadas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.

En este contexto, a fin de reafirmar su compromiso con la solidez, la estabilidad y la confianza en el sistema financiero paraguayo, mediante un comunicado manifestaron que consideran necesario expresar su posición sobre los siguientes aspectos:

1. Una preocupación genuina, no comercial: rechazamos cualquier interpretación que atribuya nuestra posición a intereses comerciales. Los bancos de esta Asociación trabajan en el sistema financiero paraguayo compitiendo desde hace varias décadas y han atravesado tiempos difíciles. Planteamos nuestras preocupaciones por escrito al Banco Central en junio de 2025 y en setiembre de 2026, por la vía institucional y sin difusión pública. Nuestro interés es preservar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto.

2. Una respuesta valorable, pero incompleta: es positivo que el Banco Central haya respondido en plazo. Sin embargo, sus respuestas son incompletas y dejan dudas, cuando lo que corresponde es transmitir confianza. Una respuesta de esta trascendencia debería contar, además, con la aprobación expresa de su Directorio, máxima autoridad de la institución.

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3. La cuestión de fondo sigue abierta: la principal preocupación es la exposición crediticia de una entidad financiera frente a empresas vinculadas a su propio grupo y la razonabilidad de las operaciones, que deberían ajustarse a lo establecido en la Ley de Bancos y sus reglamentaciones. En todos los casos debe primar, como recomienda el Comité de Basilea, la sustancia sobre la forma. Esta información no tiene carácter reservado y solo el Banco Central puede aclararla con autoridad. Una respuesta clara da certeza; la falta de respuesta genera dudas.

4. La corrección no debe esperar al sumario: la Ley N.º 2334/03 dispone que la regularización procede «sin perjuicio de las sanciones». Esto permite adoptar medidas correctivas de manera inmediata, mientras que un sumario puede demorar años. Cuando una situación contraria a la normativa no se corrige a tiempo, puede generar efectos negativos para todos.

5. Un mismo criterio para todos: la solvencia de una entidad no puede depender de un trato distinto al que reciben las demás. Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión, aplicando los mismos criterios respecto al reconocimiento de las pérdidas diferidas, el cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Bancos (cálculo del patrimonio efectivo) y el tratamiento de las participaciones en empresas de un mismo grupo. Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo. El secreto bancario, que defendemos, protege a los clientes, pero no alcanza a los actos y criterios del organismo supervisor.

6. El interés de todo el sistema: si alguna entidad no cumple con el marco legal, este permite corregir la situación protegiendo a los depositantes. El antídoto es actuar a tiempo.

“El sistema financiero paraguayo es sólido y cuenta con un Fondo de Garantía que protege a los ahorristas dentro de los límites establecidos por la ley. Por eso, este es el momento en que el Banco Central, a través de su presidente, su directorio y la Superintendencia de Bancos, informe con claridad sobre la situación y las medidas que adopta. Cada día que se dilatan las correcciones se agrava el problema y se envía una señal negativa al mercado. La credibilidad del supervisor se ha construido durante décadas; instamos a las autoridades a preservarla”, señalan desde el ente.

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