Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia, indicó el martes una fuente policial a la AFP, mientras en Brasil surgen interrogantes sobre su paradero.

La justicia le había intimado a entregar sus documentos, tras perder contra todo pronóstico el balotaje del domingo ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 45 años, es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

“Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados”, dijo la fuente policial, después de que el excandadito no cumpliera la orden judicial. Añadió que no “hay registro formal” de que el senador haya salido del país.

Las autoridades argentinas desmintieron a su vez versiones difundidas por medios locales según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país hacia a Argentina.

Este martes, el portal argentino Infobae informó de que la aerolínea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos.

“Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del ministerio argentino de Seguridad.

En Brasil, se desconoce el paradero del hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, mientras su entorno guarda silencio al respecto.

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La AFP constató que una comitiva salió este martes de su casa de Brasilia, sin que fuera posible determinar si el senador se encontraba en el interior de alguno de los vehículos.

Flávio Bolsonaro, que no ha reconocido su derrota electoral, dijo el lunes que se le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video.

Tras perder las elecciones, el excandidato conservador dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

El mandatario izquierdista, de 81 años, ganó el balotaje por casi 52 % de los votos, frente a 48 % para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

Había prometido que de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

Paralelamente, un juez del tribunal supremo de Brasil ordenó el martes a la policía investigar una posible financiación extranjera a la campaña del senador.

En concreto Flávio Dino solicitó investigar el “posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros” y otras formas de presunta interferencia electoral como “manipulaciones” en redes sociales, según la decisión consultada por la AFP.

• Fuente: AFP

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• Dr. José Duarte Penayo
• Filósofo
• Presidente de la ANEAES

El pasado 29 de setiembre, durante la presentación de una plataforma digital del gobierno estadounidense, Donald Trump dispuso que la expresión “inteligencia artificial” fuera sustituida por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales. Nueve días después, anunció en su red social Truth Social que consideraría como su “enemigo” a quien utilizara el nombre anterior.

El episodio me hizo recordar algunas prácticas de la cultura “woke”, de la que Trump se ha declarado adversario. Recordemos que “woke” se relaciona con estar “despierto” en inglés y que, originalmente vinculada a la denuncia del racismo, hoy alude a una sensibilidad progresista especialmente atenta a las identidades, las discriminaciones y el lenguaje.

Sus críticos le reprochan decretar qué puede decirse y qué palabras deben desaparecer, pero ahora ellos mismos descubren las ventajas de administrar el vocabulario ajeno.

Tomemos como ejemplo la libertad de expresión. Defenderla como principio supone reconocerla también al adversario. Pero cuando una opinión se juzga por la identidad de quien la pronuncia antes que por sus argumentos, una frase puede ser valiente en boca de los nuestros e intolerable en boca de los otros.

La libertad termina convertida en privilegio de quienes piensan como nosotros, mientras sus administradores se proclaman, naturalmente, sus más fervientes defensores.

No es casual que este modo de razonar encuentre antecedentes en cierta recepción del pensamiento francés que acompañó y sucedió al Mayo del 68. Aquella constelación sometió a crítica al sujeto racional, a las verdades establecidas y a toda pretensión de universalidad.

Décadas después, algunas de esas herramientas fueron reinterpretadas en las universidades estadounidenses, donde la pregunta por las relaciones de poder se volvió gravitante.

Luego llegó la vulgarización de las teorías, el salto de la crítica a la consigna cultural. El resultado fue paradójico: se volvió sentido común sospechar de toda verdad universal, mientras determinadas interpretaciones comenzaban a exigir obediencia casi religiosa.

Esta sensibilidad nacida de la impugnación de las jerarquías encontró promotores en universidades de élite, grandes corporaciones, plataformas digitales y oficinas encargadas de redactar protocolos para cuidar las “diferencias” y las “sensibilidades”, como dicen quienes tienen la horrible obsesión de pluralizar los sustantivos.

Lo que comenzó como un lenguaje de la emancipación terminó sirviendo para clasificar personas, administrar reputaciones, realizar generosas consultorías y producir nuevos expertos. Una tradición dedicada a desenmascarar el poder proporcionó así un vocabulario cómodo para ejercerlo.

La rebeldía había conseguido algo que las barricadas de París del 68 difícilmente imaginaron, convertirse en un sofisticado departamento administrativo.

Quizás el “wokismo” sea menos una ideología progresista que un espíritu prepolítico, una actitud capaz de instalarse en doctrinas opuestas. Su denominador común sería la renuncia a reglas basadas en la argumentación, reemplazadas por la autoridad de identidades y pertenencias. Donde unos invocan la experiencia de grupos históricamente excluidos, otros invocan la supremacía étnica o nuevas jerarquías naturales. Cambian los símbolos, las víctimas y los culpables, pero permanece el procedimiento: comprobar si quien habla está “autorizado” para formular determinada afirmación.

Así prospera un “wokismo antiprogresista”, con sus sensibilidades heridas, sus propias víctimas, su vocabulario obligatorio, sus ceremonias de exclusión y, por supuesto, sus listas de cancelados.

El caso de Trump resulta particularmente irónico, porque después de que el ala dura republicana dedicara años a denunciar la corrección política, su presidente termina practicándola desde la Casa Blanca, hasta convertir una palabra en prueba de lealtad.

Más aún, asistimos a una curiosa transformación de la célebre distinción entre amigos y enemigos de Carl Schmitt. Aquello que el jurista alemán consideraba una distinción específicamente política aparece revestido de criterios morales e identitarios. Ya no basta con refutar al adversario, también hay que demostrar que pertenece a una categoría moralmente sospechosa y merece ser excluido de la conversación. Para eso alcanza con encontrar una palabra fuera de lugar y convertirlo en un condenado moral, sin derecho a réplica.

El motivo de la inteligencia artificial agrega otra ironía. Durante décadas, ciertos ambientes intelectuales cuestionaron al sujeto racional, la originalidad de las obras y las fronteras entre lo real y sus representaciones.

Ahora que las máquinas escriben, producen imágenes e imitan voces humanas, reaparece la preocupación por la autenticidad y la identidad de los autores. Resulta difícil no sonreír ante la urgencia con que algunas esencias, despedidas solemnemente de los seminarios, vuelven a ser convocadas para defender la singularidad humana.

De ese modo, en una inversión típica de las comedias de enredos, los antiguos deconstructores buscan ahora en el Hombre (como concepto) algo imposible de deconstruir, acaso para tranquilizar su buena conciencia ante los riesgos de la inteligencia artificial, mientras que los cultores de la incorrección política comienzan a mirar con creciente simpatía la posibilidad de regimentar el uso del lenguaje.

Los filósofos franceses no son responsables de cada extravagancia contemporánea, ni podemos confundir la denuncia de injusticias reales con el particularismo de sus versiones más dogmáticas. Importa distinguir las obras de sus usos, una crítica del poder de su posterior aprovechamiento por quienes lo ejercen.

Hay una diferencia fundamental entre denunciar la falsa neutralidad de una regla y pretender que ninguna regla tenga validez más allá de la identidad de quien la invoca.

La primera posición somete los principios a la crítica, mientras que la segunda termina por liquidarlos. Precisamente en esa confusión es donde proliferan los comisarios del lenguaje, de todas las tendencias, siempre dispuestos a decidir qué se puede decir, quién tiene derecho a decirlo y, sobre todo, quién merece ser silenciado.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, se reunió con el titular de la cartera de Salud, Isaías Fretes, para analizar las necesidades financieras de la cartera sanitaria. Así como también coordinaron acciones orientadas al cierre del ejercicio fiscal 2026 y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

En ese marco, las autoridades destacaron que el Gobierno proyecta para 2027 el pago de las deudas acumuladas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) con sus proveedores, junto con una estabilización del presupuesto sanitario y la implementación de nuevos mecanismos de compra de medicamentos e insumos.

El análisis económico realizado apunta a cancelar las obligaciones pendientes con proveedores mediante recursos provenientes de una emisión del MEF prevista para el mes de febrero de 2027, medida orientada a liberar capacidad presupuestaria y generar mejores condiciones para las futuras adquisiciones de medicamentos e insumos necesarios en mayor medida.

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“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó Fretes al culminar la reunión.

El ministro de Salud explicó que dejar atrás las obligaciones de años anteriores permitirá iniciar una nueva etapa financiera y establecer mejores condiciones de negociación con los proveedores, particularmente en el área de medicamentos.

Como parte del encuentro de los máximos responsables de ambas instituciones, se analizó las alternativas que puedan servir a la mejora de las condiciones de adquisición de medicamentos, especialmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas y de alto costo.

Tal es así que tanto Lovera como Fretes, coinciden en que es necesario profundizar en el trabajo con los proveedores, ofreciendo nuevas alternativas de reducción de costos y que eso tenga como resultado un mejor acceso a medicamentos e insumos.

Ambos equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias vinculadas al talento humano, medicamentos, vacunas y programas nutricionales, además de compromisos con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la provisión de leche del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) y los requerimientos del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

El Gobierno busca que el objetivo final sea que el presupuesto de Salud permita sostener los servicios, atender las obligaciones pendientes y contar con mayor capacidad para responder a las necesidades de la población, sin la necesidad de entrar en nuevos atrasos.

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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) informó este jueves que las rifas o sorteos realizados por influencers en redes sociales son ilegales y catalogados como hecho punible, ya que no cuentan con permisos para su realización. La advertencia se da luego de que detectar una ola de rifas masivas de motos y autos promocionadas por figuras públicas en internet.

El titular de la Conajzar, Carlos Liseras, indicó que se han detectado sorteos de bienes de alto valor como autos 0 km, camionetas, motos y cuatriciclos, pero que estos son respaldados solamente por los municipios y que en estos casos solo deben ser ofrecidos en sus comunas.

“Respecto a intendentes municipales, ellos también pueden autorizar rifas, sin embargo solo pueden hacerse dentro de su jurisdicción, no es legal hacer difusión en redes sociales ya que esto sobrepasa lo que establece la ley”, confirmó Liseras, en entrevista con “Cuenta Final” programa de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Aseguró que la Ley 7.438 faculta a los municipios a otorgar los permisos para eventos comerciales o sociales, pero que solo tienen un alcance estrictamente local. Por lo que al promocionarse y venderse masivamente a través de las redes sociales, se rompe el límite geográfico, convirtiendo al juego en un evento de alcance nacional.

“La ley 7.438 regula la explotación de juegos de azar en nuestro país y establece que las rifas de tirada nacional, únicamente la Conajzar puede autorizar”, señaló. Al pasar el limite geográfico las actividades de azar se califican como explotación clandestina, hecho punible que genera evasión fiscal y anuncian severas denuncias penales.

Las irregularidades se concentran principalmente en Ciudad del Este, Alto Paraná y Central, la Conajzar ya elevó denuncias penales al Ministerio Público. En paralelo, trabaja junto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para activar intervenciones conjuntas y castigar legalmente tanto a los creadores de estas rifas como a los famosos que les dan difusión.

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