La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), inició una serie de operativos de control dirigidos a empresas de transporte de cargas de alcance local, interdepartamental e internacional.

Estas acciones, ejecutadas por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, tienen como propósito verificar la transparencia y asegurar la formalización de los contribuyentes del sector. Durante las intervenciones se supervisa el estado y actualización del RUC, la exhibición de constancias y la validez de los comprobantes de venta, con especial énfasis en el correcto llenado de las notas de remisión, documento obligatorio para el traslado de mercaderías en territorio nacional.

Esta primera etapa de verificaciones presenciales se extenderá por todo el país durante las próximas semanas y será complementada por una segunda fase a cargo de la Dirección General de Fiscalización Tributaria. En dicha instancia, se solicitará documentación detallada a las empresas, lo cual podría derivar en la apertura de procesos de fiscalización puntual en caso de detectarse irregularidades. La iniciativa busca que los actores del rubro se adecuen estrictamente a las normas vigentes, evitando sanciones derivadas de inconsistencias documentales.

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La ampliación de los controles al sector transporte se suma a las acciones que la DNIT viene realizando en centros comerciales y a los operativos anticontrabando, los cuales permitieron la incautación de productos como hortalizas durante el mes pasado. Estas medidas forman parte de una estrategia integral de vigilancia que busca combatir la informalidad en distintos eslabones de la cadena económica y logística del país.

Asimismo, cabe recordar que la institución puso en marcha el primer Plan de Mejora de Cumplimiento bajo un enfoque de gestión de riesgos, centrado específicamente en la identificación de facturas duplicadas. Esta modalidad permite una comunicación simultánea con un gran número de usuarios para informar sobre inconsistencias detectadas por la Gerencia General de Impuestos Internos. El sistema facilita que los contribuyentes sean notificados sobre sus fallos y procedan a las rectificaciones correspondientes de manera directa.

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Afirman que es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Paraguay está frente a una ventana de opor­tunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolari­zada en los hechos y un comer­cio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que fal­taba era un marco legal.

La Resolución 4726 de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tri­butarios (DNIT), vigente desde el 1 de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema. Así lo analizó Cecilia De Maio, ana­lista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Audi­tra, en una entrevista a la 1020 AM.

“Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy pro­penso a la globalización por el tipo de producto y por la canti­dad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condi­ciones estructurales que lo dife­rencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, esta­blece un régimen de infor­mación obligatoria –no un impuesto nuevo– sobre ope­raciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y platafor­mas que superen los 5.000 dóla­res anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendi­miento. La declaración se rea­liza vía sistema Marangatu de la DNIT, y quienes no cuen­ten con RUC están obligados a inscribirse para poder cum­plir con la exigencia.

Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidum­bre jurídica que frenaba el cre­cimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios.

“Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista. Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores loca­les que ya usan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja com­petitiva natural –Paraguay es uno de los mayores producto­res hidroeléctricos per cápita del mundo–, el país tiene con­diciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.

El presidente de la República, Santiago Peña, destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Policía Nacional, jueces y fiscales para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en el país, durante el acto de entrega de chalecos antibalas a efectivos policiales y homenaje a magistrados y agentes del Ministerio Público.

En su discurso, el mandatario sostuvo que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo del Paraguay y remarcó que ninguna institución puede enfrentar sola la lucha contra la delincuencia. “Nunca va a haber progreso ni desarrollo si primero no hay seguridad”, expresó Peña, al tiempo de señalar que la seguridad física y jurídica son pilares esenciales para garantizar la paz social y el crecimiento del país.

Asimismo, insistió en la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las instituciones del Estado para combatir al crimen organizado y fortalecer la respuesta de la justicia. “Nadie puede solo”, afirmó el jefe de Estado, al valorar la labor articulada entre el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional, jueces y fiscales. “Es imposible hacerlo sin la colaboración de ustedes”, añadió al dirigirse a representantes del sistema judicial presentes en el acto.

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Peña también resaltó los avances logrados por el Gobierno en materia de seguridad desde agosto de 2023, mencionando la incorporación de nuevos agentes, el fortalecimiento del Grupo Lince y las intervenciones realizadas en centros penitenciarios. Según indicó, actualmente ya fueron incorporados 10.000 nuevos efectivos policiales y otros 5.000 se encuentran en proceso de formación, además de la inversión en equipamientos y mejoras institucionales.

El mandatario aseguró igualmente que uno de los principales desafíos es recuperar y fortalecer la moral dentro de la Policía Nacional. En ese sentido, celebró el creciente interés de jóvenes paraguayos en ingresar a la institución policial. Durante el acto, Peña también reivindicó el rol de jueces y fiscales en la lucha contra el crimen organizado y reconoció que el Estado aún tiene “muchas deudas” con el sistema de justicia.

El presidente afirmó que el Gobierno seguirá impulsando acciones conjuntas para responder a las demandas ciudadanas en materia de seguridad. “Estamos enviando un mensaje de unidad y de cuidar a quienes nos cuidan todos los días”, concluyó.

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Paraguay está frente a una ventana de oportunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolarizada en los hechos y un comercio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que faltaba era un marco legal. La Resolución 4726 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), vigente desde el 1.° de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Así lo analizó Cecilia De Maio, analista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Auditra, en una entrevista a la 1020 AM. “Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy propenso a la globalización por el tipo de producto y por la cantidad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condiciones estructurales que lo diferencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, establece un régimen de información obligatoria —no un impuesto nuevo— sobre operaciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y plataformas que superen los 5.000 dólares anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendimiento. La declaración se realiza a través del sistema Marangatú de la DNIT, y quienes no cuenten con RUC están obligados a inscribirse para poder cumplir con la exigencia.

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Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidumbre jurídica que frenaba el crecimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios. “Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista.

Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores locales que ya utilizan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja competitiva natural —Paraguay es uno de los mayores productores hidroeléctricos per cápita del mundo—, el país tiene condiciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.

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Sin embargo, De Maio advirtió que la norma llega con vacíos de implementación que deben resolverse con urgencia. Aún no está definido el formulario oficial para la declaración, ni cómo se cruzarán los datos con el impuesto a la renta. También persiste la duda sobre qué ocurrirá cuando una de las partes de una operación declare y la otra no. A esto se suma un desafío técnico propio de la tecnología blockchain: el hash de cada transacción —el código único de 64 dígitos que funciona como comprobante— debe registrarse en el momento exacto de la operación, porque si no se captura entonces, no hay forma de recuperarlo. Esto implica que operaciones realizadas a comienzos de 2025, antes de que la normativa fuera de conocimiento público, podrían ser imposibles de documentar correctamente.

“Lo peor de todo esto es no saber. Al menos ahora sabemos cuáles son las consecuencias”, resumió De Maio, quien llamó a ver el vaso medio lleno: la resolución de la DNIT no es el destino, sino el punto de partida de una regulación que Paraguay necesita construir con solidez si quiere capitalizar su ventaja competitiva en el sector.