En la Junta Municipal de Asunción comenzó la danza de nombres de aspirantes para reemplazar a Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien presentó este viernes su renuncia al cargo luego de una intervención a su administración por pedido de la Contraloría General de la República (CGR), tras detectarse irregularidades en su administración.

Intensas son las negociaciones en la institución capitalina. Desde el movimiento Honor Colorado se maneja los nombres del actual titular de la Junta Municipal, Luis Bello, y del presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Fernando Bernal, quien cuenta con permiso en su cargo de edil.

Mientras que en la disidencia colorada suena el nombre de la concejal Rosanna Rolón, militante del equipo político de los hermanos senadores Lilian y Arnaldo Samaniego. En el sector de la oposición, se menciona al concejal Álvaro Grau del Partido Patria Querida (PPQ).

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Con la renuncia de Óscar Rodríguez se evita que los asuncenos acudan a sufragar en una nueva elección municipal para elegir al intendente que completará el período 2021-2026, situación que sí acontecerá en Ciudad del Este tras la destitución de Miguel Prieto, por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados.

El informe final de la intervención, elaborado por el contador Carlos Pereira, abarcó tres puntos centrales. El primer aspecto guarda relación con las seis observaciones que fueron detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) y que motivaron al ente extrapoder a solicitar a la Cámara Baja la fiscalización a la gestión de Rodríguez.

El segundo punto guarda relación con un análisis de la gestión administrativa, aspectos de control interno, hallazgos de inconsistencia contable, operativa, administrativa y observación de gastos. Mientras que el tercer punto radica en cinco denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, entre ellas, sobre falsificación de planos y alteración de software.

Otros puntos que fueron considerados por Pereira para su informe señalan la existencia de debilidades de control interno, ámbito en que realiza una serie de sugerencias y recomendaciones para zanjar la problemática. A la vez, propondrá una iniciativa para hacer frente a la crisis financiera que sacude a la municipalidad y rehabilitar sus finanzas.

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, habló sobre el aumento en el pago de los intereses de la deuda pública y aclaró que este incremento no puede explicarse únicamente por un mayor nivel de endeudamiento.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, expuso que tres factores incidieron de manera directa en que hoy el Gobierno destine más recursos al servicio de su deuda.

El primero fue el comportamiento del tipo de cambio. Con un dólar que llegó a superar los G. 8.000, el costo de los compromisos externos se elevó considerablemente. Actualmente, con el guaraní recuperando terreno y ubicándose en torno a los G. 7.100–7.200, el peso de esos intereses, en guaraníes, comienza a moderarse.

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El segundo factor que mencionó, está ligado al uso del endeudamiento para cubrir obligaciones heredadas. Fernández Valdovinos recordó que alrededor de USD 600 millones se destinaron a pagar deudas contraídas en la administración anterior. Es decir, una parte de la deuda que figura como nueva en realidad sirvió para saldar compromisos del pasado.

En tercer lugar, mencionó el efecto de las tasas de interés internacionales, que subieron de manera drástica como consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) para combatir la inflación. Este movimiento encareció las deudas con tasa variable, incrementando automáticamente el servicio de la deuda sin que haya mediado un mayor capital.

Sin embargo, el ministro sostuvo que el nivel actual de pago de intereses sigue siendo “razonable” y aseguró que las perspectivas son más alentadoras hacia adelante. Con la expectativa de que la FED inicie un ciclo de reducción de tasas y con un guaraní fortalecido frente al dólar, el peso de los intereses debería disminuir gradualmente en los próximos años.

“La suma de estos factores hizo que temporalmente aumente la carga de los intereses, pero con las correcciones que se están dando en el mercado internacional y con el fortalecimiento de nuestra moneda, vamos a ver un alivio”, expresó.

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El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, detalló que se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que la auditoría integral de sus inversiones y obras abarque desde el 2013. El inicio del proceso de fiscalización se encuentra previsto para este 2025.

González incluso recordó que la petición ya había sido realizada por el titular de la previsional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la auditoría guarda relación con el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millones.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dila­pidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejemplo, el pago de salarios. "Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. En la Contraloría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría“, dijo a la 1080 AM.

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Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hospitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso. Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe financiero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos respuestas”.

Asimismo, González comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contralor, Camilo Benítez, la fiscalización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

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El dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Iván Airaldi, requiere que los concejales de Ciudad del Este sean investigados por supuestamente avalar los hechos de corrupción en la administración de intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

“Por medio de la intervención se dio apertura a una caja de Pandora. Los concejales aprobaron todas las barbaridades administrativas de Miguel Prieto, han sido aval de los robos y hoy son sus principales defensores y obstructores del proceso de intervención. Los concejales oficialistas fueron cómplices de todo“, manifestó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El requerimiento de Airaldi surge tras detectarse una malversación por G. 29.000 millones en la administración de Prieto, de acuerdo a los datos proveídos por el interventor Ramón Ramírez en una reciente conferencia de prensa. El presunto desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas.

“La intervención viene a demostrar todo lo que siempre denunciamos como los hechos de planillerismo, el pago de favores o apoyo político por medios de los jugosos salarios utilizando la figura de asesores. Igual este proceso expone el esquema montado para favorecer a los amigos del entorno mediante desvió del dinero municipal por medio de obras sobrefacturadas”, sostuvo Airaldi.

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Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

Combustible con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

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