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Cuadrillas de la Administra­ción Nacional de Electricidad (Ande) identificaron y retira­ron 551 conexiones clandes­tinas en el departamento de Cordillera, durante un ope­rativo desplegado por la ins­titución.

En el marco del operativo de reducción de pérdidas eléctri­cas, la Ande realizó un trabajo coordinado con el despliegue de ocho cuadrillas, logrando el retiro de 551 conexiones clandestinas.

Además de la intervención de ocho suministros en baja tensión y dos en media ten­sión en el departamento de Cordillera.

Cabe recordar que conforme a la Ley n.º 7300/24, la sus­tracción de energía eléctrica en media tensión, así como la actividad de criptomine­ría en cualquier nivel de ten­sión, están tipificadas como crimen, con penas de hasta 10 años de prisión.

Las denuncias pueden reali­zarse de forma confidencial a través los siguientes canales: WhatsApp al (0962) 160-160, la página web institucional www.ande.gov.py o la aplica­ción «MI ANDE».

La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.

En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.

La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.

El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.

Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.

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El consumo energético creció 18 % en el 2024, una cifra inédita para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y entre los mayores crecimientos a nivel mundial. Este aumento en el consumo es superior a la tasa del 9 % promedio a la que venía creciendo la demanda de los últimos cuatro años.

Con las condiciones actuales, en el país se utiliza alrededor del 50 % de la capacidad de producción disponible. El nuevo pico de consumo de energía en simultáneo se registró en marzo de este año y requirió un 58 % de la potencia instalada en el país. La capacidad de producción, sumando a las hidroeléctricas de Itaipú, Yacyretá y Acaray es de 8.760 MW.

Para el año 2043 se estima que se necesitará la contratación de 11.000 megavatios para hacer frente a la demanda estimada, que incluirá producción de hidrógeno verde y un aumento en las instalaciones de criptominería, que representan una ventana de oportunidad para Paraguay, según declaró el presidente de la ANDE, Félix Sosa.

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Un técnico electricista que trabaja con la Administración Nacional de Electricidad (Ande) denunció haber sido agredido por una mujer al intentar retirar el medidor eléctrico de una vivienda por falta de pago del servicio. El trabajador incluso dijo que fue amenazado con un arma de fuego, en un hecho que se produjo en el barrio Jara de Asunción.

Cuando el hombre explicó que contaba con una orden de trabajo, la dueña de casa cuestionó el procedimiento y exigió la entrega del documento. Ante este hecho, el electricista aclaró que solo podía mostrar el papel, con lo que la señora se abalanzó y lo golpeó, según quedó registrado en un video socializado por la víctima.

“No podes ser así señora. ¿Por qué sos violenta?”, recriminó el electricista tras la agresión, identificado como Andrés Báez.

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Una vecina, que se presentó como la abogada “doctora Marcela Espínola”, se solidarizó con los propietarios de la casa y también amenazó que “le iba a fundir” al técnico, alegando ser allegada de una autoridad.

En total, la casa intervenida tenía 19 facturas impagas, por lo que se autorizó el retiro del medidor, según la orden exhibida por el electricista. “Aikéta ndéve plomo hína! Mba’e pio imbécil, claro que tengo arma. Te voy a cagar a trompadas”, amenazó otro hombre, conforme se observa en la grabación acreditada como prueba por el denunciante.

El denunciante contó la complicada situación que afrontó cuando intentó cumplir con su labor. “Teníamos una orden de trabajo, estábamos verificando el medidor que tenía las 19 facturas vencidas. Al percatarnos que el medidor estaba en esa casa, llegamos y, justamente, se acercó un señor diciendo que es de la casa y en contados segundos ya le increpó a mi compañero. Se acerca, me amenaza y me empuja, y me muestra un arma de fuego”, relató al canal NPY.

Comentó que tuvo que filmar con el celular todo lo acontecido como resguardo. El joven pudo identificar al hombre que le amenazó con la pistola como Daniel Correa. “Gracias a Dios pude seguir filmando, porque lo que él quería seguramente era que yo siguiera su juego y que le agrediera también. Y hasta el último momento pude filmar, gracias a Dios”, manifestó.

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