Propietarios de una vivienda ubicada a unos 150 metros aproximadamente de una estación de servicios denunciaron que ya no pueden consumir el agua del pozo porque aparentemente está contaminada. El hecho sucedió en el barrio Lomas Valentinas de Villarrica y los afectados piden la intervención de las autoridades, porque filtra combustible en el líquido que se extrae del pozo.
Juan Flores exteriorizó su preocupación por la situación que afronta su familia. “Gasoil puro es lo que sale y es impresionante el olor. En el pozo del vecino también filtra, pero ese no se usa. Acá nosotros lo que estamos pasando esto hace tres meses y ahora ya no se puede usar el agua”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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El denunciante contó que ya habló con los responsables del surtidor, pero la irregularidad persiste. “Me fui a hablar con ellos, dejaron mi número de teléfono y mi nombre, pero hasta ahora no me llamaron”, expresó.
El líquido que mostró ante cámaras es “pura grasa”. “Y lo peor es que mi mamá es enfermiza también y tenemos miedo porque ya tiene problemas en los pulmones. Y siempre a la mañana uno al levantarse ya viene el olor impresionante”, sostuvo.
Aparentemente las viviendas aledañas también están afectadas por la filtración de combustible en sus pozos de agua. Se confirmó que debido a este problema dos pozos ya fueron desechados por la contaminación. Los vecinos piden la intervención de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
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Jueces realizan jornada de trabajo en la Penitenciaría Regional de Villarrica
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.
Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.
“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.
Participantes
Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:
- Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
- Marcela Mallorquín (2.º Turno)
- Dionicia Alfonso (3.er Turno)
- Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
- Marcelo Ramírez (5.º Turno)
- Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
- Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).
También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:
- Rosa Bernal
- Abel Téllez
- Cristian Fernández
- Edgar Vázquez
Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.
La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.
La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.
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JEM investigará a magistrados y fiscal que absolvieron a docente de Villarrica
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió abrir una investigación preliminar previa contra los integrantes del tribunal de sentencia que absolvieron a un docente acusado de enviar 600 mensajes de contenido sexual a una niña de 11 años en Villarrica. El fiscal del caso también será investigado por el órgano extrapoder encargado de juzgar el desempeño de magistrados, fiscales y defensores públicos.
Es así que serán investigados los magistrados: Julio César Alfonzo Vera, Víctor Ortigoza Aguirre y Juan Ruiz Díaz Gamba, integrantes del tribunal, así como el agente fiscal Rodrigo Vázquez Díaz.
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Los miembros del JEM analizaron en plenaria este jueves los antecedentes del caso que generó reacciones de indignación, tras haber tenido amplia difusión en los medios de comunicación.
La actuación de los jueces y del fiscal interviniente fue cuestionada por la madre de la víctima, quien aseguró que la menor recibió al menos 600 mensajes de contenido sexual de parte del acusado. La denuncia fue realizada en 2022 por la madre, y en abril de este año se dictó el polémico veredicto.
Según los magistrados, para condenar al maestro debían existir fotos de carácter sexual o alguna constancia de que se concretaron las citas que tenía prevista el docente con la niña, ignorando por completo las más de 300 capturas de pantalla con los mensajes del docente de 53 acosando a la alumna.
En conversación con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la madre de la víctima aseguró que se encontraba indignada por la decisión de las autoridades y la actuación de la Fiscalía ante la grave denuncia.
“La verdad es que no esperaba que el caso termine así, desde todo punto de vista no veo bien el trabajo de ellos. Mi hija continúa en el colegio donde se dio el hecho, pero emocionalmente tuvo muchos cambios”, remarcó la madre de la niña.
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México demandará a SpaceX por contaminación de cohetes
- México. AFP.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer miércoles que su gobierno demandará a SpaceX, el proyecto espacial del multimillonario Elon Musk, debido a la contaminación que sus lanzamientos de cohetes provocan en territorio mexicano. Starbase, el principal centro de operaciones de SpaceX, se encuentra en el sur de Texas, en Estados Unidos, muy cerca del fronterizo estado mexicano de Tamaulipas (noreste), donde ambientalistas locales denuncian contaminación de fuentes de agua, así como restos de cohetes que ensucian la zona.
Grupos conservacionistas, tanto mexicanos como estadounidenses, aseguran además que la actividad del proyecto espacial pone en peligro a las tortugas marinas y a las aves playeras que habitan en esa área. “Estamos revisando (...) todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes que está muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene la zona y dentro del marco de las leyes internacionales hacer las demandas necesarias que tengan que hacerse”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matinal.
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El anuncio tiene lugar una semana después de que un cohete Starship de SpaceX explotó durante una prueba terrestre de rutina, en lo que representa un nuevo revés para el sueño de Musk de enviar humanos a Marte. La explosión provocó una imponente bola de fuego e incendios en el sitio de pruebas, según reportes de la propia empresa.
Sheinbaum aseguró que la decisión de demandar no tiene que ver particularmente con esa explosión, sino con “los impactos en seguridad y ambientales” que representa el lanzamiento de los cohetes para Tamaulipas. “Iniciaremos un proceso porque en efecto sí hay contaminación”, subrayó la jefa de estado. Medios mexicanos han publicado imágenes de playas de Tamaulipas con lo que serían desechos del cohete que explotó la semana pasada.
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Fiscal imputa a dueño de estación de servicios por contaminación de pozos de agua
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, de Alto Paraná, imputó al empresario Ramón Zárate Galeano, presidente de la firma Grupo Zagal S.A., por transgresión de la Ley 716/96, ante la contaminación de pozos de agua del barrio San Isidro, de Ciudad del Este.
El caso tiene que ver con una denuncia por ensuciar y alterar el agua, a consecuencia de pérdidas de hidrocarburos de tanques subterráneos, de una estación de servicios, que es operada por la empresa citada, según el escrito de imputación de la Fiscalía.
La investigación es por el hecho que habría producido el 13 de febrero de 2025, en el local ubicado sobre la avenida San José, de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros de la expendedora de combustible.
“El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor”, refiere el escrito de imputación del empresario propietario de la estación de servicio.
En las diligencias investigativas, durante una inspección en el surtidor, la Fiscalía identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la empresa ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
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Proyecto contempla dos tanques, pero tiene cinco
Una de esas irregularidades es que el proyecto contempla solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno. No obstante, en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros, todos en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados del lugar, según el fiscal de la unidad ambiental.
Tampoco se implementaron pozos de monitoreo, ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, en base a lo que dice el acta de imputación.
Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana procesó al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Para tal efecto, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.
Como medida cautelar, la Fiscalía requirió la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.