Agentes del departamento de Crimen Organizado encabezaron un operativo esta mañana en la colonia Piray, departamento de Amambay, en un intento por capturar a Jorge Luis Martínez Caballero, acusado de haber asesinado a un policía argentino en las afueras de Buenos Aires en el año 2008.
La víctima era sobrino del extinto Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. Martínez Caballero posee orden de captura con fines de extradición.
Durante el operativo, se hallaron campamentos precarios y también varios objetos, que evidencian que en el sitio se dedicaban al cultivo de marihuana. Todas las evidencias serán trasladadas hasta la Comisaría de Santa Rosa para el resguardo pertinente.
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Según los antecedentes del caso, Martínez Caballero habría asesinado con una puñalada al policía argentino Walter José Molfesse, en la localidad de Lomas del Mirador, el 7 de septiembre de 2008. Tras materializar el crimen, habría huido al Paraguay, hacia la zona Norte.
El Ministerio de Seguridad de Argentina a través de varios anuncios en periódicos digitales e impresos inclusive había ofrecido una recompensa de 250.000 pesos a quien brinde datos que posibilite su captura.
Familiares del agente fallecido habían declarado que el policía se encontraba en compañía de su esposa y su hijo recién nacido cuando en el primer piso del departamento donde vivía se produjo una discusión por parte de Martínez con su pareja. Fue ahí que el uniformado intentó mediar, pero recibió la mortal puñalada.
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Juez ordena captura y decreta prisión de intendenta liberal de Valenzuela
El juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta liberal de Valenzuela, Mirtha Fernández, y dispuso su inmediata captura. La jefa comunal está procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones.
El proceso judicial viene arrastrándose desde marzo de 2023, sobrepasando múltiples chicanas procesales, lo que ha llevado a dilatar la audiencia preliminar más de 29 meses.
Ayer por la mañana, el Tribunal de Apelación confirmó al juez penal de garantías Estigarribia, quien había sido recusado por la defensa, para que el mismo entienda en la causa que pesa sobre la intendenta Fernández, junto a otros doce acusados por supuesta lesión de confianza.
El magistrado ni bien recibió la resolución que lo confirmaba en la causa, procedió a revocar la medida alternativa que gozaba la intendenta y ordenó su inmediata captura y remisión a prisión.
La procesada incumplió por dos meses la medida impuesta de firmar el libro de comparecencia del Juzgado, además de tomar en consideración su conducta de obstruir el proceso, así como el riesgo de fuga.
Antecedentes
La intendenta liberal Mirtha Fernández, junto a otras 12 personas, fueron imputadas en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por varios delitos, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fueron procesados ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
En tanto, que la audiencia preliminar, esencial para determinar si el caso avanza o no a un juicio oral, ha sido postergada en múltiples ocasiones debido a las constantes chicanas que puso la defensa de Fernández, desde la acusación en marzo de 2023, la audiencia aún no se ha realizado a la fecha.
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Criminales de frontera amenazan a quienes colaboren con la policía
- Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
El grupo criminal autodenominado “Justicieros de la Frontera” amenaza con matar a toda aquella persona que entregue a la Policía grabaciones de cámaras de circuito cerrado de sus negocios que, se presume, logren captar imágenes que puedan ayudar a esclarecer sangrientos homicidios que últimamente vienen registrándose en la terraza del país.
La grave advertencia fue realizada mediante panfletos que aparecieron por la mañana de este jueves en diferentes casas comerciales de la ciudad. “A la ciudadanía de Pedro Juan Caballero. No dar cámaras a agente policiales. Aquellos que dan pagarán ‘con su vida’. Vamos a brindar paz a la ciudad de PJC. Att. Justiciero de la Frontera (sic)”, dice el escrito.
Los panfletos aparecieron en varias casas comerciales ubicadas en el barrio Obrero de la capital departamental, situación que causó preocupación a la ciudadanía. Esos escritos ya fueron entregados a la Policía Nacional, que abrió una investigación del caso.
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Ejecuciones
Estos “Justicieros de Frontera” se atribuyeron la ejecución de varios presuntos delincuentes en la capital de Amambay. Su última aparición se registró el pasado miércoles 6 de agosto, cuando Rafael González Bermejo, de 31 años de edad, fue asesinado en el barrio San Gerardo por hombres armados con fusiles de guerra.
La víctima recibió 62 impactos de bala de parte de sus verdugos que, para cometer el asesinato, utilizaron fusiles calibre 5,56 milímetros de uso militar. Durante el atentado, Lucas Irala Salinas, de 20 años, recibió impactos de bala, pero, milagrosamente, logró sobrevivir.
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El hombre conducía una motocicleta que llevaba a Rafael González Bermejo como acompañante. “Al caer malherido, los desconocidos se acercaron a Rafael y lo acribillaron. Prácticamente lo destrozaron el rostro”, refirieron agentes policiales.
Minutos después de haberse registrado ese crimen, en redes sociales circuló un mensaje atribuido al grupo criminal, que decía: “Estamos cansados de ladrones en la frontera estamos finalizando un par de ellos hoy ya estamos iniciando los trabajos no podemos más permitir a estos gusanos robando a trabajadores en la frontera avisamos muchas veces, pero ahora parar hasta agarrar a todos que figuran en la lista queden tranquilos población de la frontera hoy es solo el comienzo de todo buenas noches (sic)”.
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Sicarios acribillan a presunto delincuente y dejan advertencia
- Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.
Con fusiles de guerra y más de 60 tiros, ejecutan a un hombre con frondosos antecedentes penales, identificado como Rafael González Bermejo, de 31 años y de nacionalidad brasileña, quien en vida residía en la vecina ciudad brasileña de Ponta Porá, frontera con la terraza del país.
El joven fue asesinado el pasado miércoles, en horas de la noche, en el barrio San Gerardo de Pedro Juan Caballero (Amambay) por hombres armados con fusiles de guerra. Según datos preliminares, la víctima recibió más de 60 impactos de bala de parte de sus verdugos.
Informes de la Policía Nacional revelan que el brasileño circulaba por la zona a bordo de una motocicleta, que estaba al mando de Lucas Irala Salinas, de 20 años de edad. En un determinado momento, fueron cercados por hombres portando fusiles calibre 5,56 milímetros quienes, sin mediar palabras, dispararon contra sus potenciales víctimas.
Durante el atentado, Irala Salinas recibió impactos de bala, pero milagrosamente, logró sobrevivir. “Al caer malherido, los desconocidos se acercaron a Rafael y lo acribillaron. Prácticamente lo destrozaron el rostro”, refirieron los agentes intervinientes.
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Advertencia
La víctima tenía en su poder una pistola automática calibre 9 milímetros con tres cargadores, según se dio a conocer. Antes de darse a la fuga, los matones arrojaron al suelo un panfleto, escrito con letras rojas, haciendo alusión al presunto móvil del crimen. Los investigadores están tratando de descifrar el mensaje porque está escrito con palabras desordenadas y con letras invertidas que dificultan su lectura directa.
Informes de la Policía revelan que Rafael González Bermejo posee antecedentes penales en el vecino país por tráfico de armas y drogas, robo de vehículo, reducción, hurto y porte ilegal de arma de fuego. Según los investigadores, el mismo sería responsable de varios hechos de robo de motocicletas y asaltos en la zona de frontera.
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“Justicieros da Frontera”
Minutos después, circularon por las redes sociales un mensaje atribuido al grupo armado denominado “Justicieros da Frontera”. Cabe recordar que días atrás, esta banda criminal lanzó una advertencia de que empezarían a “cazar” y eliminar a los presuntos delincuentes que realizan asaltos a mano armada a trabajadores de la zona.
“Estamos cansados de ladrones en la frontera estamos finalizando un par de ellos hoy ya estamos iniciando los trabajos no podemos más permitir a estos gusanos robando a trabajadores en la frontera avisamos muchas veces, pero ahora parar hasta agarrar a todos que figuran en la lista queden tranquilos población de la frontera hoy es solo el comienzo de todo, buenas noches (sic)”, expresa el escrito.
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Detienen a supuesto microtraficante y se incautan de armas en Amambay
Los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron un allanamiento a una vivienda ubicada en la Colonia Santa Clara, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, propiedad de Nicolás Fernández, de 42 años, que se desempeñaba como comerciante.
Durante el procedimiento se encontraron siete dosis de clorhidrato de cocaína, 18,2 gramos de crack distribuida en una sola porción, 995 gramos de marihuana prensada, y 34 gramos de marihuana picada.
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Además, se incautaron de tres armas de fuego, una pistola calibre 9mm de procedencia norteamericana, otra pistola calibre 9mm de procedencia austriaca, con dos cargadores y 14 cartuchos sin percutir, y un fusil de procedencia estadounidense multi calibre con un cargador y cartuchos sin percutir.
También se incautaron de otros 10 cartuchos sin percutir, así como varios aparatos celulares de varias marcas y dinero en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.
Por disposición del fiscal Celso Morales, el comerciante quedó aprehendido y las evidencias fueron trasladadas hasta la oficina regional del Departamento Antinarcóticos de Pedro Juan Caballero.
En caso de que el Ministerio Público presente la imputación contra el detenido, el mismo deberá comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se tendrá que estudiar si corresponde decretar la prisión preventiva u otra medida.