La Policía Nacional reforzó la seguridad en la zona del Parque Guasu Metropolitano con el apoyo de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas-Grupo Lince, para dar cobertura a los visitantes entre las 5:00 y 21:00. Según el comisario José Velázquez se hará una redistribución del personal para un patrullaje continuo por el lugar. También se suman efectivos de la policía montada para proteger el circuito de aproximadamente 4 kilómetros del parque.
“Este servicio la Policía Nacional a través de la Dirección de Policía de Asunción ya lo estaba realizando. Solamente ahora estamos reforzando la seguridad que teníamos ya en principio en este lugar”, dijo al canal NPY.
El comisario Juan Agüero, director de Policía de Asunción manifestó que la medida responde a las quejas recibidas de los usuarios sobre hechos de inseguridad en el parque. “Es raíz de lo que aconteció cuando hubo una denuncia, lo que estamos haciendo es una redistribución, estamos recargando la zona por el tema de la cantidad de personas que vienen para la actividad física o deportiva”, fundamentó.
Explicó que el objetivo es trabajar en equipo con el personal Lince, la montada y los agentes del área de prevención que resguardarán la zona.
A su vez el arquitecto Mario Rodas, jefe del Parque por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones destacó la cobertura desplegada por la Policía Nacional.
“Realmente lo que ahora se está haciendo es una redistribución para utilizar los recursos que los policías tienen acá. Acá en el Parque Guasu y en el Parque Ñu Guasu tenemos buena seguridad”, resaltó.
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Policía Nacional reorganiza 10 direcciones departamentales para reforzar la seguridad y la prevención
En medio de la creciente preocupación ciudadana por los hechos de inseguridad, la Policía Nacional dispuso una amplia reestructuración en su esquema operativo con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y optimizar la respuesta policial en distintos puntos del país.
A través de la Resolución N.° 727, el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, ordenó cambios en las Direcciones de Policía de Prevención y Seguridad de diez departamentos, tanto de la Región Oriental como del Chaco, en una medida que apunta a reforzar el control operativo y mejorar la presencia policial en zonas consideradas estratégicas.
Los nuevos responsables designados son Asunción: Francisco Rubén Ávalos Barrios; Guairá: Roque Armando Cañete; Alto Paraná: Jorge Ramón Aquino Aguayo; Caaguazú: José Osvaldo Aguiar Vega; Paraguarí: Ricardo Orué Salinas.
También en San Pedro: Eladio Rubén Martínez Reyes; Canindeyú: Ramón Escobar Rolón; Ñeembucú: Christian Javier Ramírez Aguilera; Presidente Hayes: José Félix Vega; Alto Paraguay: Reinaldo Delgado Arce.
Buscan fortalecer la prevención
La reorganización también alcanza a la Dirección General de Prevención y Seguridad, encabezada por el comisario general Ángel Franco Muñoz, quien ratificó a varios jefes de los Departamentos de Seguridad Ciudadana y dispuso nuevos traslados considerados estratégicos dentro de la estructura policial.
Desde la institución señalaron que el objetivo de esta reingeniería es oxigenar la gestión, fortalecer el despliegue territorial e intensificar las tareas preventivas en los departamentos donde se requiere una mayor presencia policial.
La expectativa es que los cambios permitan mejorar la coordinación operativa y ofrecer una respuesta más eficiente ante los desafíos en materia de seguridad ciudadana.
La reestructuración se produce en un contexto en el que la ciudadanía reclama mayores resultados frente a los hechos delictivos, por lo que las nuevas autoridades departamentales tendrán el desafío de traducir estos cambios administrativos en una mayor capacidad de prevención y en una recuperación de la percepción de seguridad en sus respectivas jurisdicciones.
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La Policía frustró intento de secuestro tras asalto a transportadora en Saltos del Guairá
Este martes, un grupo de hombres fuertemente armados interceptaron un vehículo que transportaba productos electrónicos y lo asaltaron en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. Los maleantes intentaron secuestrar a los trabajadores, pero la Policía Nacional pudo evitar que se lleven a las víctimas.
Según el reporte policial, el hecho se registró en el kilómetro 390 de la ruta PY03 en la localidad de Saltos del Guairá, cuando un automóvil de la marca Toyota de color plateado interceptó al camión que llevaba productos electrónicos. De este descendieron cuatro sujetos fuertemente armados.
El conductor identificado como Ángel Rolando Parra, de 24 años, y su acompañante un menor de 16 años, manifestaron que fueron interceptados por estos hombres vestidos con uniforme camuflado, quienes le roban el camión, luego los maniataron y subieron al automóvil. El trabajador intentó resistirse, pero fue golpeado a la altura de la cabeza.
Mientras circulaban sobre la ruta PY03 fueron interceptaron por agentes de la Subcomisaría 5° Guadalupe, que se dieron cuenta de lo que ocurría, e iniciaron una persecución. Al verse acorralados, los maleantes abandonaron el automóvil, liberaron a los trabajadores y huyeron hacia una zona boscosa.
Kilómetros más adelante los delincuentes abandonaron el camión y se logró recuperar toda la mercadería que trasladaban. Ambos trabajadores fueron trasladado al hospital de la zona. Se dio participación al personal del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles como a Criminalística y fue comunicado al Ministerio Público.
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Chase plantea fortalecer presupuesto de organismos de seguridad ante el crimen organizado
El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.
Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.
En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.
En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.
Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.
“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.
Reactivación del EPP
El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.
“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.
Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.
“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.
Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.
“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.
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Tras masacre en Naranjito, la ARP exige mayor seguridad para proteger la actividad productiva
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.
Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.
Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.
El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.
En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.
La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.
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